El gobierno de Cuba exigió al de Estados Unidos explicaciones sobre lo que denunció como «oscura conexión» entre personal diplomático de Washington acreditado en La Habana, grupos «terroristas» y miembros de la disidencia interna, en un caso que pone al rojo vivo las tensiones bilaterales.
Los "emplazamos a dar la cara", dijo el canciller cubano Felipe Pérez Roque, en conferencia de prensa convocada este jueves, luego de que la televisión de este país dedicó tres programas, entre el lunes y el miércoles, a exhibir el resultado de una investigación involucrando a diplomáticos estadounidenses en un trasiego de dinero destinado a opositores.
Pese a que calificó los hechos de "muy graves", el jefe de la diplomacia cubana definió la denuncia como "conteo de protección" y evitó aclarar si conduciría al cierre de las Secciones de Intereses establecidas en ambas capitales en 1972, en ausencia de relaciones diplomáticas desde los años 60.
Esas oficinas sirven de canal de comunicación entre los dos gobiernos y prestan servicios consulares a ciudadanos de ambos países, envueltos en un conflicto político-ideológico cuya arista más espinosa es el embargo estadounidense que, según Cuba, ha costado a su economía unos 89.000 millones de dólares en algo más de cuatro décadas.
No es la primera vez que Cuba acusa a la Oficina de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana de servir de "cuartel general" de la subversión, por su acogida a los opositores, aunque ahora las acusaciones son de mayor calibre y traspasan la frontera ideológica para entrar en el terreno de la seguridad nacional.
A juicio del canciller, lo más grave es la procedencia del dinero trasladado en cartas, en distintas ocasiones, por el jefe de la SINA, Michael Parmly, y el funcionario de esa oficina Robert Blau, por encargo de Martha Beatriz Roque, una opositora de posturas radicales que encabeza la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil.
La información oficial se refirió a investigaciones de la inteligencia cubana que interceptaron correos electrónicos, llamadas telefónicas y recibos de pago firmados por Roque y otros disidentes en La Habana, y detectaron aportes financieros enviados por la Fundación Rescate Jurídico de Florida, Estados Unidos, encabezada por Santiago Álvarez, un ciudadano cubano-estadounidense.
Álvarez guarda actualmente prisión en Estados Unidos por tenencia de armas y pertrechos militares y otros delitos, tiene un conocido expediente de acciones violentas contra Cuba y es protector de Luis Posada Carriles, cuya extradición pide Venezuela a Washington para juzgarlo por la voladura de un avión comercial en 1976.
"Es un dinero manchado de sangre, de terroristas", apuntó Pérez Roque. El canciller no fue concluyente ante una pregunta sobre si se iniciará o no procedimiento penal contra los receptores. "Esta es una investigación sobre el terrorismo y su conexión con la subversión en Cuba. Está en curso Hay que esperar que avance y concluya", afirmó.
Laura Pollán, integrante de las Damas de Blanco, aparece como firmante de una boleta por 2.400 dólares para distribuir entre 18 mujeres familiares de disidentes presos.
"En ningún momento" las Damas de Blanco supieron que ese envío "tenía que ver con Santiago Álvarez", dijo Pollán a IPS. "Nos lo trajo Martha Beatriz y era una ayuda humanitaria de la Fundación Rescate Jurídico", añadió.
"No conocíamos que ese señor estuviera como benefactor principal", aseguro Pollán, quien defendió a las Damas de Blanco, llamadas así por el color de su vestimenta, como "mujeres pacíficas" que piden la libertad de sus familiares. Pollán es esposa de uno de los 75 opositores encarcelados en 2003, bajo cargo de conspirar con Washington.
En respuesta a una consulta telefónica, Manuel Cuesta Morúa, opositor moderado y crítico de la política estadounidense hacia Cuba, comentó no tener dudas de que Álvarez es partidario de posturas violentas, lo cual "ha liquidado su capacidad de acción en este país y de ahí su fracaso".
Para el politólogo e investigador Rafael Hernández, el proceso investigativo revela que "los grupos disidentes no son simples cubanos que expresan un punto de vista discrepante y que se limitan a ejercer su libertad de conciencia y de expresión, luchadores pacíficos por la democracia y la libertad, sino aliados de una potencia extranjera".
En su opinión, ése es el "mensaje esencial" que está enviando el gobierno de Raúl Castro, con destinatarios múltiples: Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la clase política de Miami, donde reside una influyente comunidad cubana hostil a La Habana, y que también se confunde con la apertura de espacios en Cuba, y la disidencia interna.
El primer receptor sería el gobierno de Estados Unidos, por si está "creyendo que con la ampliación del debate público y la marcha de los cambios promovidos por Raúl (sic), se abre una nueva atmósfera que pueden aprovechar para sus propios fines, incluyendo el uso de estos grupos".
Hernández comentó que el despliegue informativo también va dirigido a la UE y a otros gobiernos preocupados por los derechos humanos en Cuba, que consideran a los disidentes como ciudadanos "reprimidos por delitos de conciencia", a pesar de que sus propias embajadas en La Habana "saben muy bien quiénes son y cuál es su juego".
Editor de la revista teórica Temas, Hernández aseveró que los partidos políticos, legales o ilegales, no caben dentro de una definición de sociedad civil en ninguna parte del mundo, y que los grupos opositores que funcionan en Cuba "no representan orgánicamente a un sector social, ni cuentan con un consenso".
En su opinión, no son más que "micropartidos que se alinean con organizaciones políticas internacionales de corte liberal, demócrata cristiano o socialdemócrata".
"Su apoyo les viene de fuera, y sobre todo de Estados Unidos, de otros gobiernos y de la derecha cubano-americana (estadounidense). Ahora bien, si de posiciones diversas y de cambio político se trata, está claro que éstos radican hoy en las propias organizaciones cubanas y en las instituciones (legales) de la sociedad civil", aseguró.
