La imagen de muchas empresas multinacionales se volvió verde, pero eso no se traduce en hechos. Eso quedó claro en la cuarta reunión de las partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, realizado en esta ciudad alemana entre el lunes y este viernes.
Grandes empresas, desde cerveceras hasta aerolíneas y fabricantes de automóviles, le aseguran al público que aportan su granito de arena contra el recalentamiento planetario y la pérdida de biodiversidad. Pero lo hacen, en realidad, es otro asunto.
Las principales compañías bioquímicas, por ejemplo, intentan impedir la aprobación de normas estrictas sobre transgénicos e ignoran las ya vigentes sobre propiedad intelectual, con el fin de beneficiarse económicamente de conocimientos tradicionales de los países pobres.
El gobierno de Sudáfrica, el Centro Africano para la Biodiversidad y la organización no gubernamental suiza Declaración de Berna advirtieron que el umckaloabo o geranio sudafricano (Pelargonium sidoides) ha sido empleado durante siglos contra las enfermedades respiratorias.
Pero un extracto de la planta es comercializado por el laboratorio alemán Spitzner, el cual lo justifica porque la aplicación médica del umckaloabo se conoce en Europa al menos desde 1935.
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Spitzner también vende derivados del umckaloabo como fármacos para el tratamiento del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Pero Sudáfrica alertó que las patentes alemanas son ilegítimas porque se basan sobre un recurso conocido tradicionalmente en África austral.
Los métodos usados por Spitzner para extraer el umckaloabo "no son nuevos ni innovadores" frente a las técnicas tradicionales de los sanadores locales, dijo el abogado Fritz Doeldner, representante de Sudáfrica y las dos organizaciones en la impugnación ante la Oficina Europea de Patentes.
Según la demanda, Spitzner también viola el párrafo 5 del artículo 15 del Convenio de la ONU sobre Biodiversidad, bajo el cual el gobierno y los sanadores que han empleado el umckaloabo durante siglos deben dar "consentimiento previo informado" para el uso comercial internacional de sus recursos genéticos.
La compañía niega que tal consentimiento sea necesario para la comercialización europea de esa planta y sus derivados.
Dada la comercialización intensiva del umckaloabo, Lesotho lo declaró en 2004 como "en peligro de extinción".
Mientras, seis gigantes bioquímicos se opusieron al establecimiento de normas internacionales sobre salud y ambiente en relación con los organismos genéticamente modificados que ellos desarrollaron.
Las firmas (BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta) quieren, en cambio, una propuesta "compacta" para resolver demandas a través de acuerdos de compensación con países individuales, más que a través de normas generales de carácter obligatorio.
"La propuesta es totalmente inadecuada, pues no habría confiabilidad en la mayoría de los escenarios de contaminación con organismos genéticamente modificados", dijo a IPS Juan López, coordinador de la campaña de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra Internacional contra los transgénicos.
"La mayoría de los países en desarrollo que participan en las conversaciones requieren sólidas reglas internacionales que los protejan contra posibles daños de cultivos genéticamente modificados. El contaminador debe pagar, y no se le debería permitir dictar los términos de la compensación", agregó.
Christine von Weizsäcker, presidenta del instituto ambiental Ecoropa, dijo que las empresas quieren "privatizar la elaboración de leyes ambientales internacionales".
Más de 3.000 delegados de 147 países, todos ellos partes del Protocolo de Cartagena, participaron en la conferencia de la ONU en Bonn, en procura de garantizar el uso seguro de la biotecnología moderna, incluido un acuerdo sobre normas internacionales a propósito de la confiabilidad.
El Protocolo de Cartagena, adoptado en enero de 2000, complementa el Convenio sobre la Diversidad Biológica y procura proteger a la biodiversidad de los potenciales riesgos planeados por los organismos modificados.
Entre otros procedimientos, el acuerdo prevé un intercambio internacional de datos que provea a los países de datos necesarios para tomar decisiones informadas antes de acceder a la importación de organismos genéticamente modificados.
La conferencia de Bonn precedió a una reunión del organismo que implementa el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que comenzará el día 19 en la misma ciudad.
Unos 5.000 representantes de 190 países participarán en esa conferencia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participarán allí de deliberaciones sobre la destrucción de bosques originarios, el saqueo de los mares y la pérdida de biodiversidad.
