La situación legal de un territorio indígena en el extremo norte de Brasil y los combustibles de origen vegetal son los temas más polémicos de la III Conferencia Nacional de Medio Ambiente, que se desarrolla en la capital del país y centra su atención en el cambio climático.
La Terra Indígena Raposa Serra do Sol es un "dilema civilizatorio" y sería un "paso atrás" si la Suprema Corte de Justicia no confirma la demarcación decididas "corajudamente" por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, dijo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ante unos 3.000 asistentes a la inauguración del foro.
Esa reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas del estado de Roraima se ubica en la frontera con Guyana y Venezuela. Una parte es ocupada por hacendados productores de arroz que se resisten a dejar el área, como determina la legislación.
Está en cuestión el mantenimiento de la reserva en un área continua o dejarla quebrada y reducida para permitir la permanencia de los arroceros y una pequeña ciudad.
Ante la posibilidad de enfrentamientos violentos, el Supremo Tribunal Federal suspendió en abril una operación policial para desalojar a los hacendados. Pero el domingo pasado fueron heridos 10 indígenas por disparos realizados por empleados de un hacendado, lo cual agravó la situación.
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En ese marco, el comandante militar de la Amazonia, general Augusto Heleno, echó más leña al fuego al señalar que la demarcación de tierras indígenas en la frontera es una amenaza a la soberanía nacional. El comentario desató manifestaciones coincidentes de otros militares.
La ministra Silva espera "una visión civilizatoria" de parte de los jueces del Supremo Tribunal Federal que deberán dirimir pronto el conflicto. Arroz se puede producir en cualquier tierra fértil, pero para los indígenas el área en que vivieron sus ancestros les asegura la supervivencia física y cultural, es "un punto de referencia", arguyó.
Además, la demarcación de tierras indígenas constituye "la mayor contribución a la preservación ambiental" y no representa riesgos para la soberanía, sino "aliados" en el control de las fronteras, acotó.
Antes del discurso de Silva, en la noche del miércoles, el representante de los movimientos sociales y ambientalistas, Temístocles Marcelos, acusó el Poder Judicial de "atrasado y elitista" por trabar el proceso de demarcación efectiva de tierras indígenas, refiriéndose especialmente a Raposa Serra do Sol. También defendió la acción policial para sacar a los arroceros del lugar.
Respecto de los biocombustibles, la ministra sostuvo que son una oportunidad de "mitigación y adaptación" al cambio climático, además de permitir la "solidaridad con los países en desarrollo", que pueden contar así con "energía limpia" y a la vez reducir su pobreza.
Esa postura es la de todo el gobierno brasileño del izquierdista Lula, que defiende especialmente el etanol de caña de azúcar como forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de promover el desarrollo rural en países tropicales pobres.
La ministra Silva destacó que el etanol brasileño ya evitó en los últimos 30 años la emisión de 600 millones de toneladas de carbono. Para la expansión de esta producción de combustibles, Brasil cuenta con 50 millones de hectáreas de tierras cultivables "en reposo" (sin trabajar), por lo tanto no sería necesario "talar ningún árbol en parte alguna del país", aseguró.
Esa área disponible equivale a casi la totalidad de la dedicada hasta ahora a la producción de granos en Brasil y a por lo menos 14 veces la extensión destinada a la caña de azúcar para la fabricación de etanol.
Pero este es un tema que divide a los delegados de la Conferencia de Brasilia provenientes de los 27 estados en que se divide el país. Muchos ambientalistas temen que la expansión de los agro-combustibles, como prefieren llamarlos, agraven la deforestación, incluso de la Amazonia, y provoque carestía en el mercado doméstico de alimentos.
Más que la bioenergía, directamente relacionada con el cambio climático, los que puede "echar a perder" la Conferencia es la cuestión indígena, desviando el tema central y catapultando discrepancias insolubles, advirtió Ulisses Crepaldi, delegado de São Paulo, empresario de pequeña escala en gestión ambiental y presidente del Consejo Comunitario de Seguridad de un barrio de su metrópoli.
Algunos delegados de la Amazonia rechazan tajantemente que la Conferencia se constituya en un apoyo a la demarcación continua de Raposa Serra do Sol, defendiendo su recorte para preservar derechos de los agricultores que viven en el área hace muchas décadas. Con ellos coincide Crepaldi.
En relación al cambio climático, Marina Silva dijo que "Brasil no puede eludir sus responsabilidades", aunque por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas no esté obligado a reducir sus emisiones de gases invernadero. Un camino sería diversificar las fuentes de energía limpia, con la eólica, solar y otras, apuntó.
Con las utilidades que da el petróleo se creará un fondo para financiar acciones de adaptación, mitigación y reducción de vulnerabilidades al cambio climático, según lo establece un proyecto de ley que el Ministerio de Medio Ambiente enviará próximamente al parlamento, anunció.
"Deforestación ilegal cero" y metas de reducción de emisiones de gases invernadero para el sector productivo fueron las propuestas defendidas por el presidente del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sustentable, Fernando Almeida, representando el sector privado en la Conferencia.
En el proceso preparatorio de esta III Conferencia Nacional de Medio Ambiente fueron presentadas 5.132 propuestas, las cuales tendrán que ser armonizadas y reducidas en los tres días de debates. Cerca de 2.000 delegados e invitados participan en esas discusiones.
Con este encuentro, que es bianual y está en su tercera edición, ya son 49 las conferencias nacionales promovidas por el gobierno actual desde que asumió en enero de 2003, destacó el secretario general de la Presidencia, Luis Dulci, al hablar en la inauguración en nombre de Lula.
"Más de tres millones de brasileños ya participaron" en estos procesos, que permiten "avanzar políticas públicas" de protección ambiental, precisó.
