Turquía está paralizada en medio de un duelo a muerte entre el «fundamentalismo» secular y el Islam «moderado». El resultado podría producir profundos cambios a nivel nacional y afectar las aspiraciones del país a ingresar en la Unión Europea (UE).
El conflicto llegó a su punto de hervor. La Corte Constitucional decidió tratar la demanda presentada por el fiscal general, Abdurrahman Talcinkaya, de proscribir al gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) por considerar que pretende sustituir el régimen secular por uno islamista.
La iniciativa fiscal incluye la inhabilitación para realizar actividades políticas por cinco años del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, del presidente Abdulá Gul y de otros 69 altos dirigentes del AKP.
A pesar de sus raíces islamistas, el partido de gobierno niega la acusación, pues se define como "demócrata conservador", leal a los principios seculares de la república y expresión del Islam "moderado".
Las proscripciones de partidos e inhabilitaciones no son inusuales en Turquía. En las últimas cuatro décadas, el Poder Judicial disolvió a muchos, entre ellos dos de ideología islamista entre cuyos dirigentes figuraban Erdogan y otros cuadros del actual AKP.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano judicial del Consejo de Europa del que Turquía es miembro, respaldó en su momento la legalidad de esas proscripciones.
Otro partido que podría ser inhabilitados por la Corte Constitucional son el prokurdo Partido Sociedad Democrática (DTP), acusado de vínculos con el separatista e insurgente Partido de los Trabajadores de Pakistán (PKK).
El duelo principal enfrenta al AKP, que controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la presidencia, contra poderes de gran autoridad aunque sus integrantes no hayan sido elegidos en las urnas, como el Judicial y las fuerzas armadas.
Jueces y militares se perciben a sí mismos como custodias del secularismo impuesto en 1923 por el fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Ataturk.
El partido gobernante prepara ahora su defensa escrita y oral. También prevé, como alternativas, reformas constitucionales y un referendo.
La posible, y muy factible, proscripción del AKP, que obtuvo 47 por ciento de los votos en las elecciones del año pasado, causa conmoción dentro del país y en el exterior.
"Desde el punto de vista jurídico, la acusación tiene argumentos fuertes", dijo a IPS la abogada Sanem Yunusoglu. "Creo que el partido será proscripto."
Ocho de los 11 miembros de la Corte Constitucional fueron designados por el secular ex presidente Ahmet Necdet Sezer. Son siete los votos necesarios para dar un veredicto.
"El partido tiene una abrumadora mayoría parlamentaria (320 escaños en 550). Pero muestra más interés en jugar a la política que en respetar las leyes vigentes. Y el poder político no está por encima del derecho", sostuvo Yunusoglu.
El analista francés Jerome Bastion, radicado en Estambul, dijo a IPS que él también considera factible la proscripción, y advirtió que Turquía entró en un periodo de inestabilidad.
Según Bastion, el AKP, previendo lo inevitable, podría resolver su propia disolución y la formación de otro partido, aunque manteniendo su mayoría parlamentaria, o llamar a elecciones anticipadas que ganaría con facilidad.
Pero si la acusación triunfa, el carismático Erdogan podría quedar fuera de la escena política por cinco años.
El analista Hasan Cemal, del diario Milliyet, indicó que el "golpe judicial" comenzó cuando la Corte Constitucional acordó, por consenso, considerar la demanda. El diario oficialista Zaman calificó la acusación de "secularismo totalitario".
La UE, que aceptó en 1999 a Turquía como aspirante a integrarse y abrió negociaciones con ese fin hace tres años, vigila de cerca los acontecimientos.
El presidente de turno de la Comisión Europea, José Manoel Durao Barroso, realizó la semana pasada una visita oficial a Turquía, y afirmó que la proscripción de un partido pacífico transgrede las normas de la UE.
El comisario de la UE a cargo de la ampliación del bloque, Olli Rehn, sostuvo que la eventual disolución forzada de un partido gobernante elegido democráticamente iría en contra de las pretensiones europeas de Turquía.
"Los jueces quieren darle una lección al pueblo de Turquía y decirle que eligió mal su gobierno. Eso es inaceptable", dijo el copresidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta Turco-Europea, el holandés Joost Lagenijik, al diario Turkish News.
La acusación, que reproduce declaraciones de dirigentes del AKP sobre el predominio de los valores religiosos, se procesa en momentos en que el partido promueve reformas constitucionales para levantar la prohibición del uso del velo islámico en las universidades.
El velo, prenda obligatoria para las mujeres musulmanas religiosas, es percibido por los secularistas como símbolo del islamismo y no de libertad de expresión y de credo, como proclama el AKP.
La enmienda fue aprobada, pero el opositor Partido Republicano Popular (CHP) pidió a la Corte Suprema de Justicia que la invalidara porque, según sus dirigentes, contradice la cláusula constitucional que establece la naturaleza inmutable del carácter secular de la república.
La gran pregunta, aún sin respuesta, es: ¿qué sucedería si una abrumadora cantidad de ciudadanos votan por un partido islamista? ¿Acaso es obligatorio para todo ciudadano abrazar el secularismo?
Si la lucha entre los secularistas y los acusados de oponérseles se sale de madre, el árbitro final será, otra vez, la fuerza militar, que acabó con cuatro gobiernos democráticamente elegidos desde 1960.
Hasta ahora, los comandantes de han abstenido de involucrarse en la controversia. Pero la siguen con lupa.
