La nueva Constitución de Tailandia, aprobada hace apenas ocho meses, se encuentra en el epicentro de una creciente tormenta política, que aumenta las posibilidades de protestas callejeras en los próximos meses.
A la vanguardia de la campaña para modificar la carta fundamental se encuentra el Partido del Poder Popular (PPP), que encabeza la coalición de gobierno surgida de las elecciones parlamentarias de diciembre.
Los miembros del PPP aprobaron por unanimidad la decisión de modificar el carácter de la Constitución, la decimoctava que se ha dado esta nación del sudeste asiático desde que se convirtió en una monarquía constitucional en 1932.
El partido oficialista quiere reintroducir los principios consagrados por la ley fundamental de 1997, la decimosexta. Fue conocida como la "Constitución del pueblo", por su carácter democrático y el inusual papel que tuvo la ciudadanía en el proceso de su redacción.
"Lo que está escrito puede ser reescrito", dijo el primer ministro Samak Sundaravej. "Cambiamos las leyes todos los días y quienes elaboraron la Constitución señalaron que si la gente estaba en desacuerdo podría ser modificada luego", agregó.
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El texto aprobado en 1997 fue víctima de un "asesinato político". Fue abolida por los militares que tomaron el poder en septiembre de 2006, en lo que constituyó, también, el decimoctavo golpe de Estado en Tailandia.
El ejército derrocó al primer ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006). Poco después, un tribunal designado por los militares disolvió a su partido Thai Rak Thai (TRT) y proscribió por cinco años a 111 de sus dirigentes, Thaksin incluido.
Una comisión seleccionada por la junta militar recibió el encargo de redactar una nueva Constitución, aprobada por mínima mayoría en un referendo realizado en agosto de 2007. El texto apunta a fortalecer la burocracia, a los militares y a los funcionarios que no son elegidos a través del voto a expensas del parlamento, los partidos y las autoridades surgidas de las urnas.
Para el PPP, que ocupó el lugar del desbandado TRT, la actual Constitución es cualquier cosa menos democrática. El péndulo político ha oscilado y ahora es tiempo de tomar revancha contra los partidarios del régimen militar.
Entre las cláusulas constitucionales que están en la mira se encuentra la que garantiza la impunidad de la Junta por el golpe de 2006. El texto de 1997 había declarado la ilegalidad de los golpes militares.
Los críticos del gobierno advierten que el primer ministro realizó una apuesta política al lanzar su cruzada contra la Constitución vigente. "Samak y su coalición se han embarcado en un juego riesgoso, que puede catapultarlos a la estratósfera o hacerlos papilla", escribió Avudh Panananda en un comentario publicado por el diario The Nation.
La creciente guerra verbal entre el PPP y sus detractores ha llevado a que algunos analistas formulen advertencias sobre los riesgos futuros. "No es fácil reformar la Constitución. Pero si el oficialismo se empeña en dar la batalla puede generar un mayor grado de enfrentamiento y protestas callejeras", dijo Michael Nelson, un académico alemán especializado en los partidos políticos tailandeses.
"Esto puede ser un signo de que tiempos peores se avecinan. El humor general parece sombrío. Las elecciones para instaurar un gobierno que reemplace a la dictadura no ha abierto nuevos horizontes", agregó.
El veterano político Chaturon Chaiseng, quien fue ministro en el derrocado gobierno del TRT, no está sorprendido por el aumento de las tensiones. "El choque era inevitable, porque la Constitución no es democrática y debe ser modificada", dijo a IPS. "Tenemos que reformarla completamente, no sólo unos pocos artículos", agregó.
La batalla final, considera, aparece en el horizonte. "El debate puede contribuir a incrementar la tensión, porque fue diseñada por el régimen militar. Pero si no se cambia la Constitución el enfrentamiento será mayor, a causa de los poderes que otorga a un puñado de personas no elegidas para controlar el país", afirmó Chaturon.
Un ejemplo típico de esos poderes de los funcionarios que no surgieron de las urnas es su facultad para configurar el Senado, donde la mitad de sus miembros son designados, en contraste con la carta fundamental de 1997, que establecía que todos debían surgir de elecciones.
No es la primera vez en la historia política de Tailandia que se instala una polémica de este tipo. Una Constitución aprobada en 1962, luego de un golpe militar del año anterior, también desató el descontento popular.
La causa de la disputa fue una cláusula que permitía designar como primer ministro a un miembro del parlamento designado, no elegido. Fue impuesta para permitir que el ex dictador Suchinda Kraprayoon, un general, se convirtiera en nuevo jefe del gobierno.
La Constitución de 1997 fue una divisoria de aguas en la política tailandesa, ya que colocó al país en la ruta hacia la democracia, dijo a IPS Giles Ungpakorn, politólogo de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.
"La actual carta fundamental volvió atrás el reloj hacia tiempos dictatoriales. El PPP actúa legítimamente al intentar modificarla, porque obtuvo una clara mayoría de votos en la última elección", concluyó.
