El Senado de Chile, en papel de jurado, aprobó el miércoles la acusación constitucional presentada por 10 diputados opositores contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, que implica su destitución y la prohibición de ejercer cualquier cargo público por cinco años.
La Cámara Alta aprobó sólo uno de los cinco capítulos que componían la acusación constitucional, lo que bastaba para destituirla. Provoste, una figura promisoria de la gobernante Concertación, con aspiraciones senatoriales, no podrá siquiera ejercer su título de profesora de educación física en colegios públicos.
Las últimas destituciones de ministros, derivadas de acusaciones constitucionales, datan de 1973, cuando gobernaba el ex presidente Salvador Allende (1970-1973), quien fue derrocado el 11 de septiembre de ese año por el ejército, encabezado por el golpista Augusto Pinochet (1973-1990).
Desde 1990, cuando arribó al poder la centroizquierdista Concertación, hasta la fecha, sólo había sido destituido por esta vía el ex ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, en 1991.
Integran la Concertación los partidos Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Social Demócrata (PRSD), mientras que la opositora y derechista Alianza por Chile agrupa a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).
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En el desenlace del miércoles fueron claves los votos de los cuatro senadores independientes: dos ex integrantes de la Concertación, un tercero que renunció a la Alianza y un legislador cercano a RN. Todos ellos votaron a favor del primer capítulo de la acusación, sumándose a los 16 senadores opositores.
"Hoy ha ganado una nueva mayoría y ha perdido la razón y la justicia, pero por esa justicia seguiré trabajando todos los días de mi vida", dijo la ex ministra a la salida de la sesión.
Los parlamentarios oficialistas definieron la destitución como "una injusticia" y acusaron a sus pares de provocar la "muerte cívica" de Provoste, quien lloró durante la sesión.
La decisión del Senado "es compleja e injusta" y "pretende imponer un "parlamentarismo impropio y estéril", indicó el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
A juicio del politólogo Robert Funk, la mayoría que votó por la acusación es "circunstancial", ya que seguramente los independientes votarán "según lo que más les convenga en cada caso". "A mi juicio, hoy todos perdieron. El gobierno se anotó una derrota política por un error de cálculo, porque creyeron que la defensa podía salvar a la ministra, pensaron ganar un punto político a riesgo de perderla", indicó a IPS Punk, presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
Para Funk, también fue un error de la oposición y de los independientes presentar y apoyar una acusación que desde su perspectiva no tenía fundamentos constitucionales y que no es seguro los beneficie electoralmente. Tampoco está claro que mejore la educación, indicó.
Otros analistas, en cambio, ven con buenos ojos que el parlamento empiece a morigerar el excesivo presidencialismo chileno. Los senadores que votaron a favor de la acusación, destacaron que la decisión de la Cámara Alta demuestra que no existen personas intocables en el país.
La acusación fue presentada en marzo por 10 diputados de la alianza opositora, luego de que la Contraloría General de la República detectara irregularidades en el Ministerio de Educación, específicamente en el sistema de subvenciones escolares. El 3 de este mes, el texto acusatorio fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja, con lo que Provoste quedó suspendida de su cargo.
El principal cuestionamiento de la Contraloría a la cartera de Educación fue la no realización de conciliaciones bancarias —mecanismo contable que permite controlar el ingreso y el egreso de recursos— correspondientes a 262.000 millones de pesos de subvenciones entregadas entre 2004 y 2007.
El gobierno y los parlamentarios oficialistas que defendían a la ministra argumentaron que se trataba sólo de un desorden administrativo, y no de un desfalco, y que para determinar las responsabilidades era necesario esperar el informe final de la Contraloría sobre las conciliaciones bancarias que el Ministerio acaba de entregar.
Pero los acusadores consideraron que había motivos suficientes. El primer capítulo de la acusación, indicando que "no se corrigieron las graves infracciones e irregularidades cometidas", fue aprobado por 20 votos contra 18.
El segundo, que planteaba que "no fueron sancionadas las infracciones graves a la Ley de Subvenciones", se rechazó porque hubo un empate a 19 votos. El tercero, que protestaba por "la no destitución del ex Seremi (secretario regional ministerial) metropolitano de Educación, Alejandro Traverso", responsable de los dineros cuestionados, se rechazó por 34 votos contra 4.
El cuarto capítulo, que señalaba que "se habrían ignorado las auditorías que dan cuenta de gravísimas irregularidades cometidas en distintos programas y regiones del país", también se rechazó por 24 votos contra 14.
El último, que acusaba a la ex ministra de "la entrega de informaciones falsas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa", fue rechazado por 34 votos contra 3 y una abstención.
La sesión comenzó a la hora local 10.00 y finalizó, tras algunas interrupciones, poco antes de las 19.00, después de que los 38 senadores en ejercicio justificaran su voto.
La presidenta Michelle Bachelet llegó a Santiago a las 16.00 proveniente de China donde estuvo varios días en visita oficial. Una vez conocida la votación del Senado, instruyó que se realizara un homenaje a la ex ministra en el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno, a las 20.30 horas.
Para el gobierno siempre se trató de una acusación política y no jurídica, maquinada por la oposición para sacar dividendos políticos de los casos de corrupción surgidos en el último tiempo, de cara a las elecciones municipales de octubre y las presidenciales de 2009.
Varios actores políticos han planteado que la escalada de irregularidades dan cuenta de la urgente necesidad de modernizar el Estado, pues los recursos que hoy maneja el aparato público son considerablemente superiores a los que administraba en 1990, sin que se haya reforzado adecuadamente su capacidad de gestión y de fiscalización.
Por ello, el 8 de este mes el ministro del Interior propuso al país un "Acuerdo Nacional para Mejorar la Gestión del Estado", que contempla, entre otras cosas, crear una gerencia de subvenciones escolares, dotar de mayor autonomía presupuestaria a los alcaldes y seguir incorporando tecnologías de información.
Para la mayoría de los analistas este caso dejó al descubierto la nueva correlación de fuerzas de las dos grandes coaliciones del país: la Concertación y la Alianza por Chile.
Este escenario político se fraguó con la reciente fuga de diputados y senadores de la DC y el PPD, unos expulsados y otros renunciantes, por no alinearse con iniciativas gubernamentales y acusar de corrupción a algunos sectores del conglomerado.
Para Bachelet, el corto periodo presidencial —en 2005 se rebajó de seis a cuatro años— ha contribuido a generar un ambiente de beligerancia por las ansias de la oposición de conquistar el poder.
Pero en los propios partidos oficialistas se ha sucedido una serie de conflictos internos, que motivaron la pérdida de la mayoría parlamentaria alcanzada en 2005 por primera vez en las dos cámaras.
El portavoz de Bachelet, Francisco Vidal, calificó de "lamentable" y de una "injusticia monumental" lo cometido contra Provoste. "La derecha ha notificado al gobierno y al país cuál es su estrategia: avanzar sin transar hacia el desalojo", indicó el funcionario, en referencia al concepto acuñado por el senador de RN, Andrés Allamand, quien en 2007 publicó el libro "La Teoría del Desalojo".
Ante ello "se van a encontrar con un gobierno y con la mayoría de verdad, no la circunstancial del parlamento, la mayoría que la última vez que se pronunció para sentar a diputados y senadores en (la sede del Congreso en) Valparaíso dijo: 51 por ciento Concertación, 38 por ciento derecha", señaló.
