El presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, se debate entre reprimir la celebración de un referendo autonomista el 4 de mayo y ceder a demandas de cuatro regiones, lideradas por el oriental departamento de Santa Cruz, coinciden analistas políticos consultados por IPS.
Cuando restan 26 días para el referendo convocado por la prefectura (gobernación) y el empresarial Comité Cívico Pro Santa Cruz, el gobierno de Morales se resiente por el avance de la corriente opositora que pondrá a consideración de los electores un estatuto de autonomía de la región con mayores riquezas petroleras y naturales y una pujante industria.
Mientras el gobierno asegura que esa autonomía responde a un intento de fraccionar el territorio nacional, sus bases electorales, asentadas en sindicatos, organizaciones populares y sectores indígenas, se pronuncian por medidas de fuerza para frenar una situación que consideran sediciosa.
Los pedidos —desde proceso judicial y encarcelamiento de los cabecillas de la autonomía hasta la aplicación del Estado de sitio departamental, pasando por la intervención policial y militar— parten de los líderes populares a Morales, elegido el 18 de diciembre de 2005 con 53,7 por ciento de votos.
"Presidente, amárrese los pantalones y ponga freno a este movimiento, porque una división del país será de su responsabilidad", expresan oyentes en programas de radio destinados a recoger opiniones y encuestas ciudadanas.
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Al referendo cruceño del 4 de mayo seguirían otros de las restantes regiones autonomistas.
Si las Fuerzas Armadas y la policía reprimen la corriente autonomista, sólo se alentará mayor violencia, dijeron a IPS, por separado, el ex ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, hoy analista político, y el constitucionalista Franco Gamboa.
En la oriental ciudad de Santa Cruz, la Corte Departamental Electoral, que se alejó del mando centralizado de la Corte Nacional Electoral, eligió a 31.400 jurados para verificar el referendo y ultima detalles de la consulta en medio de una campaña mediática donde predomina el llamado a votar por el "Sí" a los estatutos autonómicos.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, llamó a las organizaciones sociales a frenar por cualquier vía la consulta, mientras Morales atribuyó la campaña a 40 familias de terratenientes y empresarios, a los que acusa de defender privilegios frente a su revolución democrática y popular que intenta distribuir tierras entre campesinos y agricultores pobres.
Hasta la noche del lunes, la esperanza ciudadana estaba depositada en una gestión de la Iglesia Católica para sentar a la mesa al gobierno y a los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni (noreste), Leopoldo Fernández, de Pando (norte), y Mario Cossío, de Tarija (sur), a los que se suma el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en el centro del país.
Pero de la reunión sólo surgió un gesto de buena voluntad para dialogar, pero sin señalar fecha alguna y, al contrario, los prefectos asistentes ratificaron la celebración de los respectivos referendos en diferentes fechas.
Barbery cree que Morales debería reconocer el nuevo espacio democrático de las autonomías y recordó su nacimiento en las urnas el 2 de julio de 2006, cuando la ciudadanía de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija apoyó por mayoría un proceso con ese fin.
Las cuatro regiones no se sienten interpretadas por el proyecto de constitución aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre, porque en él se consignan modalidades de autonomía departamental, municipal, indígena y regional, en lugar de una única departamental y con poderes máximos para la figura del gobernador.
Barbery cree que el gobierno tiene poco espacio para negociar, pues el vicepresidente Álvaro García Linera quebró el diálogo en la sesión del Congreso legislativo del 28 de febrero, en la cual la mayoría oficialista votó una ley desautorizando el referendo cruceño y convocando al electorado a pronunciarse, en otra consulta, a favor o en contra del nuevo texto constitucional.
Para Barbery, el referendo del 4 de mayo representa un escenario de legalidad y legitimidad que construirá una nueva institucionalidad con una sólida base democrática surgida del electorado. "El gobierno debe reconocer la base legal que nace de la soberanía del pueblo", expresó.
Gamboa observó que llamar a los sectores sociales afines al gobierno a bloquear e impedir el referendo desataría una violencia a la que podría vincularse una intervención militar.
Se necesita que Morales ejerza el liderazgo nacional que posee para evitar ese vuelco violento y destrabar la crisis mediante algunas concesiones a las regiones díscolas, opinó.
