Venezuela estableció un nuevo tributo, esta vez sobre los ingresos de las compañías que se benefician de los altos precios internacionales de los hidrocarburos que exceden las previsiones propias de la inversión, de los costos y ganancias razonables.
El impuesto a las ganancias extraordinarias "pretende capturar para el Estado, como propietario de un recurso que es escaso, los ingresos extras que se generan precisamente por la escasez del recurso", dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez.
La base de toda la tributación petrolera descansa en que producir en un país como Venezuela un barril de 159 litros de crudo cuesta cinco dólares o menos, y el precio de venta es muchísimo mayor.
Los petróleos de referencia, como el Brent del Mar del Norte y el estadounidense West Texas Intermediate, se cotizan sobre los 70 dólares por barril desde mediados de 2007 y a más de 100 dólares desde hace seis semanas.
Se necesita "que me presenten pronto la recomendación para lo que pudiéramos llamar el impuesto a la ganancia súbita", dijo en marzo a sus ministros el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien agregó entonces que se inspiró para su decisión en lecturas del economista estadounidense Joseph Stiglitz, ganador en 2001 del Premio Nobel de Economía y crítico de los mercados especulativos.
El ministerio de Energía presentó al parlamento, donde 160 de los 167 diputados responden al gobierno, un borrador de ley que fue aprobado de inmediato en primera discusión (lectura) y se espera que en breve se apruebe, artículo por artículo, de modo definitivo.
El nuevo impuesto funcionará de la siguiente manera: cada vez que el precio del crudo Brent, usado como referencia y con base en sus promedios mensuales, sobrepase los 70 dólares por barril, el 50 por ciento del ingreso excedente será para el Estado y el otro 50 por ciento para la compañía que extraiga y venda petróleo venezolano.
Si el precio de venta excede los 100 dólares por barril, entonces la alícuota para el Estado será de 60 por ciento. En tanto que el impuesto queda sin efecto si el precio es menor de 70 dólares y el Brent se mantiene como referencia a pesar de que el cóctel petrolero que Venezuela exporta es un poco más pesado y barato que ese crudo del Mar del Norte.
Ramírez dijo que, según sus estudios, en un año el nuevo tributo aportará más de 1.000 millones de dólares adicionales al fisco venezolano, "pues pensamos que los precios se van a mantener" en valores como los actuales.
La cifra adicionará dos por ciento a los casi 50.000 millones de dólares que el Tesoro público recibiría por vía de impuestos, aportes a fondos especiales y dividendos.
El petróleo de este país es extraído y vendido por la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y por sus socios, una treintena de firmas asociadas en empresas mixtas.
Estos grupos empresariales asociados producen casi un millón de barriles diarios, que equivalen a un tercio del total venezolano, en viejos campos recuperados o en proyectos de crudos mejorados a partir de los petróleos superpesados de la sudoriental Faja del Orinoco. Tanto Pdvsa como sus socios deben pagar regalías (16,7 por ciento), impuesto sobre la renta (entre 34 y 50 por ciento de los ingresos netos), y otros tributos menores.
A pesar de la fuerte carga fiscal, y de la obligación de hacer aportes a programas sociales y fondos de desarrollo que consumieron 14.000 millones de dólares en 2007, Pdvsa cerró sus cuentas del año pasado con ganancia neta de 5.371 millones de dólares.
A su vez, los minoritarios socios en las empresas mixtas obtuvieron una ganancia neta sumada de 902 millones de dólares.
El nuevo impuesto permitirá al gobierno hacerse legalmente con una porción mayor de las utilidades de Pdvsa y arrancar una tajada adicional a los socios en empresas mixtas.
Pero Víctor Poleo, profesor del postgrado en Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela, consideró que el nuevo tributo "está mal identificado en su naturaleza política". "Por vía de impuestos y regalías, la nación renuncia a sus derechos políticos y económicos", dijo a IPS.
En su opinión, "la única relación políticamente soberana entre la nación y las operadoras es una relación de servicio: que la operadora opere, bien y a un costo mínimo, que se le reconozcan costos y ganancias, y que el diferencial le pertenezca y lo reciba el dueño del recurso, que es la nación".
En el fondo, sostienen Poleo y otros académicos críticos de la gestión petrolera, los esquemas de negocios y tributos de la industria bajo el gobierno de Chávez "convierten en concubinas a las que antes sólo eran criadas", al consagrar como socias copropietarias, aun si minoritarias, a empresas que antes sólo eran prestadoras de servicios. Un antecedente del nuevo tributo es la Ley de Impuesto a las Ganancias Extraordinarias del Petróleo Crudo, en Estados Unidos, promulgada en 1980 por el entonces presidente Jimmy Carter (1977-1981). Llegó a gravar con hasta 70 por ciento la diferencia entre el precio del petróleo en el mercado y otro, más bajo, fijado como referencia legal.
Aunque produjo unos 80.000 millones de dólares al fisco estadounidense hasta que fue derogado en 1987 por el presidente Ronald Reagan (1981-1989), algunos economistas le reprocharon haber drenado recursos que pudieron ir a nuevas inversiones en la industria.
En Venezuela se prevé que los montos recaudados por el nuevo tributo sean deducibles del impuesto sobre la renta que deben pagar las operadoras. "Nuestros cálculos indican que, si no es descontado del impuesto sobre la renta, el nuevo impuesto puede hacer que las empresas incurran en pérdidas en sus operaciones", explicó Ramírez.
El ministro evocó como antecedente venezolano el Valor Fiscal de Exportación, una sobretasa impositiva fijada a las compañías petroleras desde antes de la nacionalización de la industria en 1976.
El gobierno de turno en ese tiempo fijaba un precio de exportación, para cálculo de impuestos, alrededor de 20 por ciento por encima del valor declarado por las operadoras privadas, para resarcirse por anticipado de ingresos superiores a los estimados que las empresas pudieran obtener con mejores colocaciones del crudo en el extranjero.
Ese artilugio fiscal sobrevivió luego de la nacionalización, pero Pdvsa, para hacerse con más recursos para gastos e inversiones, obtuvo su derogación en la década pasada.
Con la nueva ley, Pdvsa podría deducir de su pago al nuevo impuesto sus aportes a fondos gubernamentales de ahorro para el desarrollo y el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de exonerar total o parcialmente determinadas exportaciones que hagan parte de convenios especiales de cooperación internacional.
Relativamente, entonces, las más gravadas resultarían ser las empresas trasnacionales que operan en sociedad con Pdvsa, como la estadounidense ChevronTexaco, la noruega Statoil, la británica BP, la francesa Total y la angloholandesa Shell. ***** +Ministerio de Energía de Venezuela (http://www.menpet.gob.ve)
