Sobre un terreno sembrado de amenazas de levantamiento social y arengas nacionalistas por parte de la oposición de izquierda, arrancó este miércoles en México la discusión legislativa de las propuestas gubernamentales de reformas a la estatal industria petrolera.
Las propuestas oficiales incluyen normas para dar flexibilidad empresarial a Petróleos Mexicanos (Pemex), ofertar a la población bonos de deuda de la firma y facilitar, a través de contratos que se pagarían en efectivo y no con renta petrolera, la participación privada en esa industria.
Este sector está afectado por una severa crisis. Se estima que en un plazo de poco más de nueve años se terminarán las reservas probadas de crudo en el país, Pemex no cuenta con recursos ni tecnología suficientes para acometer nuevas prospecciones y está quebrada financieramente. No obstante, el Estado continúa tomando casi todos los ingresos de la firma para financiar 40 por ciento de sus gastos.
La aprobación de las propuestas de reforma, presentadas la noche del martes por el gobierno del conservador Felipe Calderón, es incierta e incluso podría no darse su debate.
"En el tema petrolero prima lo emocional más que lo racional y en ese ámbito la oposición ha logrado vender la idea de que cualquier reforma es una traición a la patria y el gobierno se ha visto inepto y ha reaccionado tarde para defender sus posturas", dijo a IPS Francisca Moreno, consultora privada en imagen y estrategias de negociación.
El Frente Amplio Progresista liderado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que cuenta con el segundo mayor grupo de representantes en el Cámara de Diputados, amenazó con liderar un levantamiento social contra la reforma, a la que califica de privatizadora.
El líder de ese sector opositor, el ex candidato presidencial Andrés López Obrador, advirtió que sus partidarios y los diputados del PRD y de los pequeños partidos Del Trabajo y Convergencia podrían impedir el debate de la propuesta si es necesario tomando el recinto legislativo.
Mientras, el gobernante Partido Acción Nacional (PAN), la primera fuerza legislativa, anunció su pleno apoyo a las propuestas, y el histórico Partido Revolucionario Institucional, que es la tercera fuerza y con la que ha contado el gobierno en temas de menor calado, prometió analizarla. Un acuerdo entre estos grupos aseguraría la aprobación.
Pero el camino legislativo se dibuja cuesta arriba. En medio de las amenazas de la izquierda, el proyecto se discutirá inicialmente en una comisión del Senado que deberá emitir un dictamen favorable o de rechazo. Ese documento se presentará al pleno para otro debate y potencial aprobación. Si logra pasar esas etapas será turnado al Cámara de Diputados, donde cursará un trámite similar antes de llegar a la firma del presidente y a su eventualpublicación.
Según Moreno, quien asesora a firmas privadas en imagen y negociaciones, los estrategas políticos de Calderón "estarán sometidos a una prueba de fuego", pues, en caso de aprobarse, la reforma energética podría pasar a la historia como la de mayor calado hecha en México en varias décadas.
Será una batalla tenaz entre el gobierno y los opositores de izquierda, vaticinó.
La propuesta de reformas, que el gobierno y expertos en temas petroleros consideran urgente aprobar por el escaso horizonte de reservas y la creciente importación de combustibles —40 por ciento del consumo local—, apunta a darle plena autonomía de gestión empresarial a Pemex.
Además, pretende dotarle de flexibilidad para negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras, lo que no sucede ahora.
El gobierno no propone cambios a la Constitución, máxima ley donde se indica que el petróleo es un bien que pertenece de forma exclusiva a los mexicanos y cuyo usufructo no puede compartirse con particulares.
Calderón pide, sólo, realizar cambios en normas secundarias para que Pemex, que tiene una planta laboral de 154.761 personas, esté en condiciones de establecer contratos flexibles con particulares. A cambio, éstos recibirían pagos de acuerdo a su desempeño y jamás con dinero provenientes de la extracción y venta de crudo.
La propuesta indica que en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados podrán participar firma privadas locales o extranjeras a través de un régimen de permisos administrativos.
Otros ingredientes del proyecto de reformas son la inclusión al Consejo de Administración de Pemex, que ahora lo integran el gobierno y delegados del sindicato de trabajadores de la empresa, de expertos independientes sin conflictos de intereses con el sector energético. También se crea un comité de auditoria y transparencia.
De forma adicional, se propone vender bonos de deuda de la firma estatal al equivalente de 9,5 dólares por unidad. Los compradores serían únicamente particulares mexicanos que podrán negociar esos instrumentos en el sistema financiero. La tenencia de esos títulos se limitará para evitar acaparamiento.
La iniciativa no representa la privatización de Pemex, "que es y seguirá siendo de todos los mexicanos", dijo el presidente Calderón en una cadena de radio y televisión transmitida la noche del martes.
En contraste, López Obrador declaró que se trata de una "privatización disfrazada" que atenta contra la Constitución y la defensa de la soberanía.
En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) nacionalizó la industria petrolera de México tras expulsar a firmas extranjeras. Este hecho pasó a la historia oficial como una gesta libertaria que afianzó la soberanía del país.
En los libros que repasan esa historia y que siguen los estudiantes mexicanos fueron borrados datos que indican que Cárdenas sí era partidario de permitir que firmas privadas colaboren y suscribieran contratos con Pemex.
En los últimos 20 años y con un modelo de estatización adosado de parches legales que le permiten contratar con dificultades y trabas a algunas firmas privadas, Pemex ha ido en picada. Según la izquierda, tal debacle se origina en la corrupción, la falta de inversiones y en una deliberada estrategia de los gobiernos por debilitarla.
A pesar de los altos precios del crudo en los mercados internacionales, que exceden las previsiones oficiales, la crisis se agudizó en los últimos años puesto que todo recurso adicional por petróleo va a parar a las arcas públicas y de allí a los gobiernos estaduales para paliar la insuficiente recaudación fiscal.
En el paquete de reformas energéticas, el gobierno no incluyó medidas para disminuir las contribuciones fiscales de Pemex al Estado. Portavoces oficiales señalaron que luego harán una propuesta sobre ese punto.
Estudios advierten que el tiempo se agota para México debido a que sus reservas de crudo en tierra y aguas poco profundas tienen un horizonte de sólo casi una década.
Donde queda crudo y en cantidades que podrían elevar las reservas como para cubrir 26 años o más es en el lecho profundo del golfo de México, pero el Estado no tiene la tecnología para explotarlo. Los expertos advierten que sacar crudo de esa zona tomará entre 10 a 12 años, cuando este país será ya un importador neto de crudo y derivados.
En México se extraen ahora 2,9 millones de barriles diarios de petróleo, 300.000 menos que hace dos años.
