En un fallo decisivo para el juicio al ex presidente peruano Alberto Fujimori, la Primera Sala Penal Especial condenó a 35 años de prisión al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar, por haber aprobado las operaciones del Destacamento Colina, que asesinó a nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992.
El ex jefe del SIN y los tres ex miembros de Colina fueron hallados culpables de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzosa.
Lo más relevante del fallo del tribunal presidido por Inés Villa Bonilla, una de las juezas más respetadas del sistema anticorrupción peruano, es que concluye que el Destacamento Colina, compuesto por agentes del SIE, actuaba con conocimiento y autorización de Fujimori (1990-2000).
El lunes, en el proceso judicial que se le sigue al ex presidente por violaciones a los derechos humanos, se presentó un vídeo donde el ex jefe del Colina, Santiago Martín Rivas, sostenía que la agrupación criminal actuó con aprobación de Fujimori porque sus operativos formaban parte de la guerra contra los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El ex gobernante negó esa afirmación.
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El tribunal concluyó que el Destacamento Colina, que se constituyó en agosto de 1991 y actuó hasta diciembre de 1992, dejando unas 50 víctimas, formaba parte del SIN, cuyo jefe nominal era Salazar, pero que en la práctica era dirigido por Vladimiro Montesinos, asesor de seguridad de Fujimori.
"Colina estuvo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional y dependió de la Presidencia de la República, con la misión y los objetivos de eliminar a subversivos u opositores al régimen", señala el texto de la condena, desbaratando la argumentación central del abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, quien sostiene que el ex jefe de Estado jamás aprobó un plan de eliminación de presuntos guerrilleros ni dio luz verde a la conformación de un grupo de operaciones especiales.
El tribunal recordó que el SIN, de acuerdo con la reforma de la ley que impuso Fujimori, dependía directamente de la presidencia.
De esta manera, los jueces establecieron que Fujimori fue autor mediato de los asesinatos del Colina, concordando con la acusación formulada por la fiscalía contra el ex jefe de Estado.
Salazar fue miembro de la cúpula militar que intervino en el golpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente constitucional Fujimori, y se mantuvo como jefe del SIN, aparato de represión, durante la mayor parte de su gobierno.
A la Primera Sala Penal Especial corresponde juzgar a los cabecillas y componentes del Colina, mientras a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de César San Martín, se ha asignado exclusivamente el juicio contra el ex mandatario.
"La justicia tardó, pero llegó", comentó Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes muertos de La Cantuta quien, junto a otros familiares, estuvo en las afueras de la Base Naval del Callao en una espera de nueve horas por la lectura de la sentencia. "El fallo acredita todo lo que niega Fujimori. Ha quedado claro que él autorizó los asesinatos y debe pagar por eso".
Gisella Ortiz, hermana de otro de los estudiantes asesinados, resaltó que el tribunal determinó que el Colina formaba parte de la estructura del ejército y del SIN.
"La orden de matar vino de arriba. Ya no lo decimos nosotros, lo dice la justicia", apuntó Ortiz.
Los cabecillas Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, además de otros agentes de la organización, no fueron parte del juicio porque está vigente una sentencia de un tribunal militar que en 1994 los condenó a 20 años de prisión.
Uno de los testimonios vitales lo formuló el ex agente del SIE, Marcos Flores, quien se acogió a la ley de testigo protegido. Uno de los militares del Colina felicitados por Fujimori en julio de 1991 por participar en "operaciones de inteligencia contrasubversivas", Flores actuó como secretario del grupo y acopió documentación clave que luego entregó a las autoridades.
Flores declaró incluso que el ex jefe del SIN, Salazar, pretendió convencerlo de que cambiara su testimonio y dijo que el general había participado en las reuniones de inauguración del Colina y en una comida con sus agentes.
Los cuatro militares condenados por el caso La Cantuta no son los únicos que enfrentan juicio. Se encuentran esperando sentencia el ex asesor presidencial Montesinos y el ex jefe del ejército, Nicolás Hermoza Ríos (1991-1998), entre otros.
"Por supuesto que la sentencia marca un precedente, es de suma importancia porque acredita la existencia, siempre negada por Fujimori y los militares, del Destacamento Colina, que cumplía órdenes superiores", comentó el fiscal acusador del ex presidente, José Peláez Bardales.
"Es una sentencia histórica", apuntó el secretario ejecutivo de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, que sufrió el acoso del Colina precisamente por haber asumido la defensa de las víctimas de La Cantuta. "La justicia ha comenzado a abrirse paso. Es un anuncio de lo que será la condena a Fujimori", dijo.
Por falta de pruebas, el tribunal absolvió a los oficiales retirados Aquilino Portella, Carlos Miranda y Julio Rodríguez, así a como a Manuel Hinojosa y Ángel Pino.
En concordancia con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006, la Primera Sala Penal Especial estableció que los condenados tienen que abonar reparaciones equivalentes a 50.000 dólares a cada padre, madre, cónyuge e hijo de las víctimas, y de 20.000 dólares a cada hermano.
Durante el juicio a Fujimori, en el que atestiguaron varios ex agentes del Colina, estos coincidieron en afirmar que actuaban por órdenes de la autoridad máxima, ejecutando la política de Estado contra la subversión.
La defensa de Fujimori desecha la versión alegando que los declarantes son testigos indirectos y que no hay un solo documento o persona acreditando que el ex mandatario ordenó asesinatos.
