Luego de gastar millones de dólares durante un período de ocho años, la justicia del meridional estado de Nuevo México, Estados Unidos, renunció a buscar la aplicación de la pena de muerte en un caso de homicidio.
La decisión correspondió a los legisladores del estado, y no a su preocupación en materia de derechos humanos. No: fue a causa de su negativa a asignar más fondos a la oficina de defensores públicos.
Esta decisión sin precedentes crea dudas sobre la voluntad de los fiscales de Nuevo México de promover condenas a muerte en el futuro. También en otros estados es creciente el costo de los denominados "juicios capitales".
Por lo tanto, el enorme y creciente costo de estos juicios podría ser un factor que acerque el fin de la pena de muerte en Estados Unidos.
El fiscal en el juicio contra Reis López y Robert Young, acusados de asesinar en un motín carcelario al guardia Ralph García en 1999, retiró el pedido de aplicación de la pena capital por indicación de un tribunal de distrito.
[related_articles]
Esa orden judicial tuvo su origen en la decisión de la legislatura estatal de no votar más fondos para la oficina de defensores públicos.
Otro tribunal había determinado con anterioridad que debían asignarse 200.000 dólares adicionales a su presupuesto, luego de que la abogada de López y Young se quejara de la falta de recursos con los que solventar los honorarios de su equipo.
"Nadie quería auspiciar un proyecto de ley que asignara más fondos", dijo a IPS la legisladora Gail Chasey. "Los ingresos del estado están cayendo y debemos equilibrar el presupuesto."
"Es una buena noticia que se haya sacado de la mesa el tema de la pena capital. Es buena para el estado y sus fondos, al igual que para los procesados y sus familias", señaló Kathleen MacRae, de la Coalición de Nuevo México para la Abolición de la Pena de Muerte.
Jacqueline Robins, la defensora pública que representa a López, declaró que "si Nuevo México quiere buscar condenas a la pena capital debe disponer de fondos tanto para la defensa como para la fiscalía".
Aunque Robins no propuso que se dejara de lado la aplicación de la pena de muerte, sino que se limitó a exigir mayores recursos para defender a su cliente, dijo que estaba feliz con el desenlace.
Tiempo atrás, Rachel García, la viuda del guardia asesinado en el motín, también había solicitado a la fiscalía que dejara de proponer la condena a muerte de los responsables del homicidio.
Este caso influirá en el debate actualmente en curso en Nuevo México sobre la abolición de la pena de muerte.
"Estamos muy cerca. Los diputados y senadores del estado quieren eliminarla", dijo a IPS Diane Wood, de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Un proyecto de abolición, redactado por Chasey, fue aprobado por los diputados en 2005 y 2007. Sus impulsores sostuvieron que el texto no se consagró por la amenaza de veto del gobernador del estado Bill Richardson, del Partido Demócrata.
"Estoy a favor de la pena de muerte. Envía un fuerte mensaje de tolerancia cero hacia crímenes atroces y otorga cierta justicia a los familiares de las víctimas", dijo Richardson, aliados del senador Barack Obama en su carrera por la candidatura presidencial demócrata hacia las elecciones de noviembre.
Richardson declaró que dejará la gobernación si su partido triunfa en los comicios y le ofrecen un puesto en el gabinete presidencial. Si eso sucede, podría despejarse el camino para que Nuevo México elimine de su legislación la pena de muerte. El estado de Nueva Jersey lo hizo el año pasado.
"Incluso si continúa en el cargo podría cambiar de opinión", dijo Chasey, quien comentó que el gobernador es católico y podría ser influido por la prédica de su iglesia.
La decisión de Nuevo México de no buscar condenas a la pena capital a causa del alto costo de los juicios también tendrá impacto en los 38 estados que aún mantienen este castigo en su legislación y afrontan similares problemas presupuestarios.
Las autoridades de California, Georgia, Maryland, Nebraska, Ohio y Utah se encuentran hoy realizando análisis sobre el costo y la imparcialidad con que se determinan y aplican las condenas a muerte.
