La conmutación de la pena de muerte a un grupo de varios condenados, anunciada por el presidente de Cuba, Raúl Castro, fue recibida este martes como una alentadora noticia por sectores sociales que reclaman la proscripción definitiva de ese castigo.
El gobierno cubano no suele brindar datos estadísticos sobre la población carcelaria ni sobre la cantidad de sentenciados a la pena capital. Pero Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, aseguró que suman unas 30 las personas sentenciadas a la pena máxima que serían beneficiadas por la decisión gubernamental, según estimaciones de esa entidad sin estatus legal en este país.
"Es un gesto que merece nuestro apoyo, y tengo la seguridad de que en la medida en que marchemos hacia un clima de respeto mutuo en las relaciones internacionales esa sanción será erradicada definitivamente", dijo a IPS el pastor bautista Raúl Suárez.
El religioso ocupa un escaño en el parlamento cubano ante el cual ha expresado su rechazo a la práctica de las ejecuciones. "Ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo ese castigo resuelve los problemas delictivos", consideró Suárez, director del centro ecuménico Martin Luther King Jr.
En un discurso publicado este martes por el diario oficial Granma, Castro anunció que "un grupo de sancionados" a la pena capital, algunos de los cuales "llevaban varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado", purgarán ahora cadena perpetua o 30 años de privación de libertad.
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La prisión de por vida se aplicará a quienes cometieron delitos sancionados después de la reforma de 1999 al Código Penal, cuando se estableció ese castigo como alternativa a la pena de muerte. A los sentenciados antes de esa modificación, les corresponderá una condena de 30 años de reclusión.
Para Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva de la católica arquidiócesis de La Habana, se trata de una muy buena noticia y "un paso audaz y maduro del Consejo de Estado de Cuba, teniendo en cuenta el fuerte arraigo de este tipo de sanción en buena parte de la sociedad cubana".
"Cualquier gesto de clemencia y de respeto a la vida, y éste es un ejemplo, exalta al Estado que lo promulga, no lo debilita", dijo Márquez. En su opinión, la sociedad cubana cuenta con otros instrumentos legales que sirven para protegerse y garantizar el orden público, sin necesidad de castigar con la muerte.
El anuncio de Castro reafirma la suspensión de las ejecuciones desde 2000, interrumpida sin embargo en 2003 con los fusilamientos de tres secuestradores de una embarcación repleta de pasajeros, en la que intentaban emigrar a Estados Unidos.
Esas ejecuciones causaron rechazo internacional y no pocas críticas dentro de este país.
"Mucha gente estuvo en desacuerdo, porque estuvo mal lo que hicieron (los secuestradores), pero no mataron a nadie. Yo pienso que se les debió encarcelar, no fusilar, como se hará ahora con estos otros presos", dijo a IPS Digna Martínez, profesora jubilada de enseñanza media.
Castro reiteró que la aplicación de la pena máxima respondió en esa ocasión a la necesidad de frenar en seco una oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos "alentados por la política de los Estados Unidos, en (el marco de) la recién iniciada guerra de Iraq".
En cambio, tribunales militares que en septiembre de 2007 juzgaron a cuatro reclutas y un civil involucrados en un caso grave de asesinato y secuestro se abstuvieron de sentenciarlos a pena de muerte y optaron por dos condenas de prisión de por vida, y otras de 30, 25 y 15 de reclusión.
Los militares habían desertado armados de su unidad en abril de ese año e intentaron luego secuestrar un avión para emigrar a Estados Unidos. Yoán Torres Martínez, uno de los sentenciados a prisión de por vida, era el único uniformado que tenía 21 años, edad a partir de la cual puede imponerse el castigo máximo en Cuba.
Ahora, el añejo conflicto con Washington quedó otra vez como culpable de que la pena de muerte no se suprima definitivamente. Aún prevalece "el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos", dijo el gobernante. Según sus cuentas, "en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados".
Castro aclaró que, si bien esa sanción permanece en la legislación, "Cuba comprende y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria", y "por esa razón nuestro país no ha votado contra tales iniciativas en las Naciones Unidas".
"Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos, pero siempre apegados a la más estricta legalidad y con respeto de las garantías judiciales", añadió Castro, al dar por concluida una reunión del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
Algunos observadores consideraron muy "significativo" que el escenario escogido para este anuncio de tanta "trascendencia humanitaria" haya sido esa cita, en la cual se acordó realizar a fines del segundo semestre de 2009 el VI Congreso del PCC, para formular la política partidaria futura en los diferentes ámbitos de la sociedad.
"El socialismo ha de ser más que nada una razón moral, y si examinamos las cosas desde otro punto de vista, en alguna medida todos somos responsables por lo que hacen los demás. La pena de muerte no es una solución, sino parte del problema", aseveró a IPS el pastor bautista Raimundo García, director del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, en la occidental provincia de Matanzas.
Acerca de los beneficiados por la conmutación, "algunos llevaban más de 10 años esperando la ejecución", afirmó Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien reaccionó con poco entusiasmo al anuncio oficial.
"Lo verdaderamente relevante sería que se aboliese de inmediato la pena de muerte, pues de lo contrario el riesgo de que se aplique permanece latente", comentó a IPS el activista opositor.
Sin embargo, otros sectores de la disidencia (que actúa en la ilegalidad) consideraron poco probable esa posibilidad. "Diría que es casi una moratoria de hecho permanente. Me parece difícil que después de este compromiso público vuelva a aplicarse una sentencia de este tipo", estimó Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista.
Castro mencionó el caso de tres acusados cuyos recursos de apelación ante el Tribunal Supremo Popular "serán analizados próximamente". Se trata de los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a la pena máxima por terrorismo en 1998.
El tercer acusado en espera de una decisión del Tribunal Supremo es el cubano Humberto Eladio Real Suárez, arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en esta isla y asesinar a una persona y robarle su automóvil. Fue enjuiciado y condenado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego.
El Código Penal reserva la pena capital para casos graves de asesinato, violación, pederastia con violencia, robo con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción.
También se aplica la pena de muerte para delitos contra la seguridad exterior del país, como actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, promoción de la acción armada contra Cuba, el servicio armado contra el Estado, ayuda al enemigo y espionaje.
En el capítulo referido a delitos contra la seguridad interior, la pena de muerte está prevista para rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, sabotaje y terrorismo, entre otros.
El Código Penal estipula que el castigo máximo "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia". Ninguna mujer fue ejecutada desde 1959, año en que triunfó la revolución conducida por Fidel Castro.
