Más de 15.000 personas marcharon el martes por las calles de Santiago en protesta por el fallo del Tribunal Constitucional de Chile (TC) que prohibió la entrega gratuita de la píldora del día después en el sistema público de salud.
La marcha, que fue autorizada por la Intendencia de la Región Metropolitana, comenzó pasadas las 19:00 hora local con una multitud desfilando por la principal avenida de la capital con dirección al Palacio de la Moneda, sede del gobierno. Todo finalizó con un acto cultural.
Entre los participantes figuraban activistas de organizaciones de mujeres, estudiantes universitarios, parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda y figuras del espectáculo.
"Yo creo que la gente está despertando. Aquí hay indignación por la imposición que quiere hacer el TC. Tenemos que ver de qué forma impedimos que el TC se transforme en una dictadura", dijo a IPS la diputada el cogobernante Partido Por la Democracia, María Antonieta Saa.
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Un gran lienzo, que rezaba "Por la libertad de decidir", encabezaba la columna que se desplegó durante todo el trayecto en forma pacífica. Uno de los cánticos más entonados fue "¡Alerta, alerta ciudadana, ahora los jueces se meten en tu cama!".
"La marcha es todo un éxito. Somos miles las personas que estamos en la calle. Hay movimientos feministas, de derechos humanos, estudiantes, colegios profesionales, todos diciendo que el fallo del TC es injusto y que vulnera la libertad de las mujeres a decidir sobre la concepción" dijo a IPS Mireya García, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Algunos asistentes llevaban pancartas con los rostros de los 36 diputados de la alianza opositora que en marzo de 2007 presentaron la demanda ante el TC para que impugnara las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, dictadas por la presidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2006.
Aunque los parlamentarios objetaron varias disposiciones de esa normativa, el TC sólo acogió, en votación dividida, aquella que ordenaba la entrega en forma gratuita en los centros públicos de salud de anticonceptivos de emergencia, conocidos como píldora del día después, a todas las mujeres mayores de 14 años que los solicitaran.
Antes de ello, el fármaco sólo se vendía en farmacias y se entregaba en los servicios públicos de salud en caso de violación. El TC no se pronunció sobre la venta de la pastilla en las farmacias, por lo que las mujeres podrán seguir accediendo a ella a través de esta vía.
"Es injusto que haya que ir a una farmacia a comprar la píldora cuando a veces uno no tiene los recursos para hacerlo. Yo no quiero dejar de estudiar o trabajar por un embarazo no deseado", dijo a IPS Yocelyn, de 19 años.
Los anticonceptivos de emergencia son píldoras que se toman en dosis especiales dentro de los primeros cinco días o 120 horas después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.
Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación. La Organización Mundial de la Salud estableció que no eran abortivos, ni afectaban un embarazo ya iniciado. Pero los parlamentarios que presentaron el recurso argumentaron que los dispositivos intrauterinos y la píldora del día después, fabricada con el principio activo Levonorgestrel 0,75 miligramos, eran abortivos y, por tanto, las normas dictadas por Bachelet violaban el derecho a la vida.
El fallo fue dado a conocer el 4 de este mes, aunque los argumentos se hicieron públicos el día 18. Los magistrados que declararon inconstitucional la distribución del fármaco argumentaron que no existían estudios científicos suficientes que comprobaran que éste no impedía la anidación del óvulo ya fecundado en el útero.
Aunque el gobierno señaló que acatará el fallo, lo que fue valorado por la Iglesia Católica, algunos alcaldes barajan la posibilidad de entregar el fármaco a través de organizaciones no gubernamentales. En medio del debate, se cuestionó la legitimidad del TC para decidir sobre materias tan trascendentales, dado que sus fallos son inapelables.
Durante todo el martes hubo diversas manifestaciones a favor y en contra de la controvertida resolución del tribunal, tanto en Santiago como en otras regiones del país. En la sureña ciudad de Concepción, 12 personas que participaban en una protesta pro píldora resultaron detenidas.
En la mañana, los funcionarios de los consultorios públicos de salud paralizaron sus funciones para protestar por la prohibición de la píldora.
Frente a la sede del Ministerio de Salud, en el centro de la capital, los manifestantes se enfrentaron verbalmente con estudiantes secundarios y universitarios de colegios católicos que integran la Red Pro Vida, quienes celebraban la decisión del TC.
Éstos últimos llamaron al gobierno a respetar el "espíritu del fallo" y no sólo dejar de distribuir el fármaco en el sistema público de salud sino que también eliminar su registro sanitario y prohibir su venta en farmacias.
"Estoy aquí porque (la prohibición de la píldora en consultorios y hospitales) es un problema de país y necesito hacerme parte de él", declaró a IPS Roberto Flores, de 17 años, en medio de la marcha.
"Nunca me imaginé que iba a venir tanta gente. Creo que aquí está la mayoría de los chilenos que piensan muy distinto a lo que piensa el TC", comentó también a IPS Patricio, de 26 años, quien acompañaba a su novia a la marcha. "Espero que esto sea un impulso para que de una vez por todas en este país las decisiones de interés público nazcan de la gente, dado que estamos en un Estado laico, y no de minorías como la Iglesia Católica, (la prelatura conservadora del) Opus Dei y la derecha", acotó.
"Creo que, al igual que hicimos con los juicios por las violaciones a los derechos humanos —cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)— lo único que nos queda por hacer en este caso es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señaló, por su parte, Mireya García, de la AFDD.
Gloria Maira aseguró a IPS que seguirán las manifestaciones de repudio al fallo del TC y que efectivamente recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
