El gobierno de México anunció este martes que aceptaba la propuesta de diálogo del guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), siempre que se lleve a cabo sin intermediarios y no se limite a esclarecer la desaparición de dos supuestos insurgentes, como propuso ese grupo.
El diálogo con el EPR debe ser directo e incluir "aquellos temas que le interesan al Estado Mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional", señaló un comunicado de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior).
El pronunciamiento oficial responde a una carta pública en la que el EPR agradeció el lunes a una organización de derechos humanos y a cinco personalidades haber aceptado su propuesta de ejercer como intermediarios de un posible diálogo con el gobierno dirigido a esclarecer el paradero de dos guerrilleros.
El Poder Ejecutivo indicó que esos mediadores podrían actuar como testigos y facilitadores de un diálogo directo. Además, aseguró, avanza en las investigaciones sobre la desaparición de dos miembros del EPR, pues su compromiso es esclarecer ese presunto delito en el que no tiene responsabilidad, aseveró.
El comunicado aclara que la disposición del gobierno al diálogo no significa que cejará en su propósito de investigar acciones de sabotaje contra instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), reivindicadas por el EPR el año pasado.
Inti Martínez, portavoz del no gubernamental Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y uno de los mediadores sugeridos por el EPR, dijo a IPS que su entidad analizará con detenimiento la posición del gobierno antes de emitir comentario, lo que podría suceder "en horas o quizás días", aclaró.
Antes de conocerse la posición del gobierno, Martínez había señalado que el FCNR aspiraba a que un posible diálogo diera paso a un proceso que permitiera esclarecer la desaparición forzada de más de 532 personas.
"Hemos aceptado participar como intermediarios para lograr la presentación con vida de los dos desaparecidos del EPR, pero también de otros cientos que permanecen en esa condición", dijo Martínez a IPS.
La ola represiva emprendida contra opositores a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo en el poder entre 1929 y 2000, afectó a miles y dejó al menos 532 personas desaparecidas, según varios reportes de organizaciones humanitarias.
Además de esos casos documentados, "creemos que son miles los desparecidos, incluso después del año 2000, y entre ellos están los guerrilleros", sostuvo Martínez.
El EPR, de filiación marxista leninista, se había comprometido a suspender todo acto violento si el gobierno aceptaba entablar un diálogo dirigido a aclarar la suerte de sus militantes Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en mayo de 2007.
El julio y septiembre de ese año, el EPR atacó con explosivos instalaciones de Pemex en protesta por la situación de sus compañeros y mantenía la amenaza de repetir los ataques.
Todas las personas propuestas por la guerrilla para mediar en un diálogo con el gobierno han aceptado participar, siempre que el EPR cumpla su promesa de detener las acciones violentas.
Esos mediadores sugeridos son un representante del FNCR, el obispo católico emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el columnista Miguel Granados, el antropólogo Gilberto López y la senadora Rosario Ibarra, todos simpatizantes de la izquierda.
En su comunicado de este martes, el gobierno del conservador Felipe Calderón indicó que está listo al diálogo siempre que el EPR "se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia".
Además, precisó, el "establecimiento del diálogo no representa que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley" y su propósito es "exhortar a esa organización a establecer un diálogo amplio, pacífico y civilizado que permita avanzar en una agenda común".
Sobre la desaparición de los dos guerrilleros, la Procuraduría General (fiscalía) informó el lunes que detuvo a varios mandos policiales del sureño estado de Oaxaca por hechos "vinculados a una investigación de delincuencia organizada".
El gobierno confirmó que esa acción de la fiscalía está relacionada con la captura, desaparición y posiblemente asesinato de los dos miembros del EPR.
La guerrilla afirma que la detención de Reyes y Cruz se llevó a cabo el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, gobernado por Ulises Ruiz del PRI, a quien organizaciones sociales y humanitarias acusan de ejercer violencia y represión ilegal contra opositores y activistas.
"Hay un crimen que debe aclararse relacionado al EPR y una paz con justicia que debemos construir, por eso aceptamos participar como mediadores. Ahora todo depende del gobierno", había dicho el portavoz del FNCR, conformado por más de 100 grupos de activistas sociales.
"Vemos la mediación como el principio" de un proceso para aclarar la desaparición de al menos 532 personas, gran parte de ellas por motivos políticos, pero también sin esos vínculos, insistió Martínez.
El EPR aclaró que iniciará el diálogo siempre que las autoridades "dejen de hostigar" a las familias y amigos de "nuestros compañeros", que se suspendan las investigaciones y la persecución "a quienes consideran son parte nuestra", así como los operativos de búsqueda y captura de miembros de esa insurgencia.
Las autoridades negaron cualquier hostigamiento, pero reiteraron que las acciones de sabotaje deben ser esclarecidas.
El EPR hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos menores contra destacamentos policiales y militares. Desde entonces ha tenido escasas incursiones, pero eso cambió en los últimos meses.
Investigaciones y análisis indican que el EPR está conformado por pocos miembros y que sus bases principales se encuentran en Guerrero y Oaxaca, estados sureños con alta población indígena y gran incidencia de la pobreza.
