«Es importante conocer cómo conciben las familias los elementos de poder que las convierten en protectoras o agresoras de derechos» en un mundo donde cada año 275 millones de menores presencian actos de violencia doméstica, dijo a IPS el experto de Unicef, Eduardo Gallardo.
El chileno Gallardo —oficial de Protección y Acción Humanitaria de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en Colombia— conversó con IPS en el marco de la Conferencia Regional – Diálogo Interreligioso por la Superación de la Violencia Intrafamiliar, que se celebra en Bogotá entre el lunes y este miércoles.
"Todos necesitamos comprender cual es el fenómeno de la violencia en los menores, y comprender cómo, desde las religiones se puede trabajar" para superarlo, dijo Gallardo, con una experiencia de 11 años de trabajo en Unicef en su país, Paraguay y Colombia.
Organizada por la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez (GNRC, por sus siglas en inglés), la conferencia cuenta con apoyo del católico Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), la organización cristiana humanitaria Visión Mundial y Unicef.
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Entre sus objetivos está promover un diálogo amplio y efectivo a favor de los menores violentados por situaciones de marginalidad social o económica y condiciones y patrones culturales y emocionales y ofrecer algunos instrumentos concretos para ayudar a subsanar la violencia desde la educación ética.
IPS: —¿Por qué Unicef toma parte en este diálogo interreligioso?
Eduardo Gallardo: —No hay religión que en el fondo acepte ningún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes, porque todas las religiones se basan en la idea de la dignidad del ser humano.
Esta conferencia nos permite tener un diálogo con las distintas religiones y, a través de ellas, llegar al tema de la familia, intrínsicamente ligado a las concepciones religiosas.
Es importante conocer cómo conciben las familias los elementos de poder que las convierten en protectoras o agresoras de derechos, a sabiendas de la gran capacidad que tienen las religiones para influir en la vida de las personas.
—Con su experiencia en otros países latinoamericanos, ¿cómo percibe la situación de los menores en Colombia?
—Colombia tiene todos los problemas que se encuentran en los países de América Latina. No escapa a situaciones de incapacidad institucional, a la necesidad de actualizaciones legislativas, o problemas presupuestarios.
Pero con una situación adicional, la violencia que se arrastra desde hace muchos años, que al parecer tiene pocas perspectivas de resolverse pronto, y que ha afectado de muchas maneras a niños y niñas.
Esta situación hace de Colombia un caso particular. Es un país de grandes desafíos, pero también con grandes posibilidades para lograr un cambio real. Lo considero importante por las capacidades y saberes que genera.
—Unicef participó en la elaboración del Código de Infancia y Adolescencia vigente en Colombia hace poco menos de un año. Allí se determina que los menores infractores vuelvan a sus hogares, donde, por razones económicas y sociales, con frecuencia la violencia es latente. ¿Qué resultados se detectan hasta ahora?
—El código se puso al nivel de la Convención sobre los Derechos del Niño, que busca que la privación de libertad sea la última medida posible. Estamos trabajando en alternativas, como trabajo comunitario o el acceso a nuevas familias.
Sabemos de la problemática, y consideramos que el sistema judicial debe precisar si la familia del joven infractor está en total capacidad de aceptarlo de regreso. Pero es importante enfatizar que no todas las familias de niños infractores lo son también. Y hay casos, inclusive, de padres infractores que han logrado un proceso de resocialización total, favorable al joven.
La certeza es que, cuanto más invirtamos en un adolescente que comete su primer delito para que no cometa el segundo, significa una inversión para todo el sistema. No hay ninguna inversión que no se justifique, y aún falta mucha inversión sobre el tema.
—¿Qué referencias sobre Colombia figuran en el estudio sobre la violencia realizado por las Naciones Unidas?
—Son pocas, porque es un estudio para 200 países. Pero ha contribuido en la generación del debate, impulsó la aprobación del Código de Infancia y Adolescencia, e igual que en muchos otros países, sirve para generar movilización en torno a la protección de los niños. El que esté presente en este diálogo interreligioso ya da una idea de cómo ha influido en diferentes países.
—¿Logra Unicef influenciar a gobiernos como el colombiano, cuyo gasto para la guerra supera con creces la inversión en seguridad social, y más aun, en atención a la infancia y la adolescencia?
—No somos exclusivos en el tema, y sería pretencioso decir que sólo Unicef ha contribuido a cambiar la conciencia del mundo en los últimos 50 años en relación con los niños. Es difícil medir resultados, pero insisto en la aprobación del Código de Infancia y Adolescencia, y trabajamos en una nueva ley sobre protección social y tráfico de niños.
Unicef, en conjunto con otras organizaciones, ha logrado que la infancia deje de ser objeto de caridad para convertir a los menores en sujetos de derechos, y que se pueda demandar de los Estados las obligaciones que les competen.
En Colombia, la infancia es competencia del (gubernamental) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hoy, por razón del Código, la protección a la infancia es función del presidente de la República, de los gobernadores y alcaldes. Y la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de tomar medidas en caso de incumplimiento.
Así pasamos de un asunto periférico a uno central, los gobernantes empiezan a reunirse con frecuencia para tratar el tema, y se ha generado una gran movilización en la que hemos contribuido las organizaciones locales, Unicef, y la sociedad civil.
