Durante 900 años, los cazadores barí cruzaron libremente la vasta región del extremo occidental de Venezuela. «Ahora se nos quiere condenar a morir encerrados en este corral, mirando al hombre blanco hacerse rico destrozando tierras que eran de nosotros», dice el maestro Conrado Akambio.
Dispersos en una hectárea en la calurosa sabana a orillas del río Aricuizá están los bohíos o casas multifamiliares de los 150 habitantes de la comunidad de Kumanda.
Son viviendas de paredes construidas con troncos de arbustos, pisos de tierra o con unas tablas, techos de palma; todo de un gris reseco por el sol inclemente bajo el que corretean niños entre algunas gallinas mientras los adultos buscan la sombra para describir su drama.
"Los abuelos lucharon para defender nuestras tierras, pero perdieron con las petroleras, que mandaron por aquí hombres con rifles. Nuestra gente se metió en la montaña y entonces los ganaderos entraron y se agarraron todo esto", complementa a su vez Ignacio Akambio, otro lugareño.
Ignacio Akambio lamenta que "ya no podemos cazar, desaparecen los animales y no tenemos donde sembrar. Entonces comemos harina-pan (de maíz, precocida) o espaguetis y así ya no llegamos a viejitos como antes sino que vivimos enfermos, como hasta los 60 años". Duro castigo para el pueblo que Sabaseba, el creador, extrajo de la piña (ananás).
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El antropólogo Lusbi Portillo, de la no gubernamental Sociedad Homo et Natura, explicó a IPS que "el nudo del problema de los barí es que desde 1910 hasta 1960 perdieron sus tierras y fueron diezmados al avanzar primero la exploración petrolera y luego la ganadería que ocupó y deforestó sus selvas en las llanuras y los empujó hacia las improductivas montañas".
El territorio ancestral barí, pueblo caribe hoy con menos de 3.000 miembros dispersos en una veintena de comunidades, es de unos 4.000 a 5.000 kilómetros cuadrados que, a unos 650 kilómetros al oeste y sudoeste de Caracas, puede verse en el mapa en forma de cuña penetrando en Colombia, donde hay unos pocos cientos de individuos de la etnia.
Algunas comunidades en la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, han aceptado la delimitación de sus tierras que les ha propuesto el gobierno, pero otras, como Kumanda y Karañakaek, no sólo no aceptan que los "encierren" sino que se han ubicado en espacios entre haciendas para forzar la controversia.
La comunidad de Kumanda se ha hecho con algunas vacas en los programas de asistencia agraria del gobierno de Hugo Chávez, "pero lo que nosotros reclamamos es tierra para poder criar animales, sembrar frutos y que nuestros hijos crezcan sin tantas enfermedades", sostuvo William Santos, otro de los habitantes.
Su propuesta es que el gobierno, si no quiere afectar a los ganaderos, compre una franja de 40 a 60 hectáreas a orillas del río Aricuizá, con una zona boscosa y otra de pastizales, y la entregue a la comunidad.
El gobierno ha expropiado o hecho arreglos con ganaderos por miles y miles de hectáreas en otras zonas del país.
Karañakaek dista hora y media de camino, en vehículo rústico y a pie, entrando a la Sierra, más cerca de la frontera con Colombia. Se repiten los bohíos sobre una explanada reseca, unos vacunos y cerdos perezosos, niños que corretean y algunos adultos con camisetas o gorras rojas estampadas con consignas de apoyo al presidente Chávez.
"Somos casi 300 y tenemos más de 100 niños. Cuidamos unas dos hectáreas de conuco (sembrado) y pastizal para unas 30 reses. Solamente matamos alguna a fin de año, de resto comemos arroz o pasta que compramos, con yuca o plátanos (bananas), pero quisiéramos tierra suficiente para no pasar tanta necesidad", dice el dirigente de la comunidad Rufino Arabaicú.
Un ejemplo de esa necesidad la da Miriam, con 40 años de edad, quien empezó a parir a los 15 años, tuvo nueve hijos y padece cáncer en la matriz. En su familia no hay ingresos permanentes. Para ir y venir al hospital de Machiques, a casi cuatro horas de camino, debe gastar cuatro dólares. Para la lejana Maracaibo, el doble, y hospedarse allí para recibir tratamiento resulta una proeza.
Tanto en Kumanda como en Karañakaek hay niños con vientres inflados por parásitos o con evidentes discapacidades neurológicas. "Antes las comunidades eran grandes y se relacionaban en jornadas de canto que ya no se practican. Al formarse parejas entre grupos que son familia, son más frecuentes los nacimientos de niños con deficiencias neurológicas y motrices", subraya Portillo.
Poco después de IPS llega a Karañakaek, en el tractor que presta un ganadero de la zona, un grupo de la novel "Dirección de Asuntos Indígenas de Pdvsa (Petróleos de Venezuela)", el gigante consorcio estatal de la energía. "Camaradas: Venimos a traer un lote de medicinas y de vacunas para los niños", anuncia la joven coordinadora del grupo.
Hombres y mujeres se dedican a buscar y formar en filas a los pequeños para recibir distintas vacunas en el amplio bohío sin paredes que hace de casa comunal. En un aparte, jóvenes activistas informan a IPS sus planes de dejar la comunidad y formar una nueva con un grupo de familias, más adentro de las fincas de los "lavadó" (criollos).
Explican que Karañakaek "muerde" la frontera exterior de tres fincas creadas por una misma familia, de apellido Rincón, "pero no ha mostrado bien el otro problema que tenemos: no nos dan las tierras porque las tienen guardadas para después entregarlas a las compañías que van a sacar el carbón".
Ambos flancos de la Sierra de Perijá, y más al sur hacia la zona colombiana de Santander y la venezolana de Táchira, son una gran cuenca carbonífera capaz de multiplicar las actuales explotaciones de Cerrejón (Colombia), con 40 millones de toneladas anuales, y Guasare (Venezuela), con 10 millones, según Portillo.
Unos 200 kilómetros al norte de donde los barí penan por falta de espacio mínimo para asegurar su futuro, otras comunidades indígenas tejen una red de resistencia contra la posible explotación del carbón y en defensa de tierras y aguas.
Varios grupos y comunidades de la etnia wayúu, el numeroso (medio millón de individuos) pueblo arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira, sostienen desde hace varios años campañas de resistencia, con movilizaciones que han llegado hasta Caracas, contra la minería del carbón en la zona.
"Si avanza la explotación del carbón quedaremos sin tierras para el cultivo o criar cabras, para vivir según nuestra cultura, y dejaremos de ser pobres en el campo para vivir en la miseria en las ciudades", dijo a IPS Jorge Montiel, activista de la agrupación indígena Maikivalasalii, en castellano "No se vende".
A unos metros de Montiel, en el solar de Dimas González, en la comunidad rural de Jasai (arena), jóvenes y adultos de uno y otro sexo apuran hilados multicolores que presentarán ese día de fin del curso sobre el tejido ancestral wayúu.
Las mujeres visten la colorida "manta", una especie de túnica que puede recogerse a voluntad en la cintura. Entre los muchachos abundan las franelas rojas distintivas del chavismo.
"Tengo interés en aprender todo lo que sabían nuestros tíos y abuelos. Algunos ya no practicamos casi el wayunaiki" (idioma wayúu), dice el veinteañero Benito González.
"Se busca afianzar la identidad y rescatar valores y costumbres, pero también generar ingresos para las familias rurales justamente aquí donde se defiende la tierra ante la minería", indicó a IPS Emilia Arévalo, de la asociación de arte wayúu Jalianaya (Acuérdate de ellos), que ha guiado el curso.
Bajo la enramada en el patio de González, hay agitación mientras se organiza un acto, se entregan certificados de asistencia al curso, se muestran cintas, mantos y bolsos tejidos durante el aprendizaje, se cuentan vivencias de esos 18 días de clase y, al final, se almuerza con algo de carne de cabra, arroz, yuca y una bebida a base de maíz.
Jasai es de las comunidades en las estribaciones del norte de la Sierra de Perijá donde se han abierto dos minas de carbón, explotadas por un consorcio de la empresa estatal Carbozulia en sociedad con firmas trasnacionales, en las cuencas de los ríos Cachirí, Maché y Socuy, de donde se alimentan las represas que surten de agua potable a Maracaibo.
"Si se abren más minas como estas será el fin de las comunidades wayúu, pero también de la sierra, porque la tala y la contaminación acabarán con los árboles, los ríos, la biodiversidad y finalmente con el agua. Lo que fue una selva de montaña pasará a ser un desierto", dijo a IPS Elpidio González, ambientalista de la organización no gubernamental Homo et Natura.
"Nosotros estamos en la puerta de la resistencia. Vamos a ser los últimos en salir de aquí y por eso queremos una demarcación de los territorios indígenas para cuidar la tierra y el agua de todos. Nosotros somos los garantes", insiste Montiel. "Nuestra consigna es: territorio, autonomía, dignidad y no al carbón".
La demarcación de los territorios indígenas, prevista en la Constitución de 1999, "ha sido interpretada por el Estado como entrega de minúsculos espacios donde tienen sus casas o conucos (pequeños sembrados), pero las tierras que son su fuente de alimento, y de vida conforme a sus costumbres, permanecen secuestradas", aseveró Portillo.
"Debe haber diseños de desarrollo específicos para los 32 pueblos indígenas de Venezuela, que son diferentes. Si no, pueblos enteros desaparecerán, aculturados, y algunos quizá antes de que termine el gobierno de Chávez (en 2013)", agregó.
