El cambio de fecha de elecciones locales en tres municipios de la región caribeña autónoma de Nicaragua provocó la airada reacción de grupos indígenas. La crisis amenaza con profundizar la división en las comunidades y desestabilizar el área, donde reina la pobreza.
Los disturbios estallaron una vez conocida la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) para Puerto Cabezas, Waspan y Prinzapolka, distritos ubicados en la vasta zona oriental del país donde 65 por ciento de sus 780.000 habitantes pertenecen a las etnias miskitos, mayangnas, ramas, creoles y garífunas o son mestizos.
En la conmoción que siguió al anuncio se destaca el choque en Bilwi, capital de Puerto Cabezas, entre las dos facciones en que se dividió la organización miskita Yatama, una afín a la opositora y derechista Alianza Liberal Nicaragüense y la otra aliada al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ambos bandos cruzaron balazos, pedradas, garrotazos y golpes de puño. Un grupo tomó el aeropuerto y otro bloqueó las calles de acceso a la ciudad, a la par de que se registraban saqueos a comercios, destrozos en la alcaldía, quema de vehículos estatales.
También se capturaron a miembros de cada bando, para atarlos de mano, golpearlos y exhibirlos semidesnudos por las calles tomadas por cada agrupación iracunda.
La Policía Nacional, cuya jefatura trasladó desde Managua unos 100 agentes antimotines para imponer el orden, informó el mismo día de la violencia, el 4 de este mes, de la existencia de 13 heridos y de 17 personas detenidas.
La decisión de posponer hasta abril de 2009 las elecciones para alcaldes y concejales que se debían realizar el primer domingo de noviembre, como establecen las leyes, fue resuelta el 4 de este mes por los votos de los cuatro magistrados del CSE afines al gobernante FSLN, contra la opinión de sus tres pares que responden a la alianza liberal.
El principal argumento de las autoridades es que la destrucción causada por el huracán Félix, que azotó la zona en septiembre, dejó sin adecuadas condiciones técnicas y de infraestructura a estos tres de los ocho municipios en que se divide la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
El Félix impactó a la RAAN con una intensidad de categoría 5,0, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, dejando a su paso 253 personas muertas y cerca de 200.000 damnificadas. Datos del gobierno añaden que se destruyeron 20.394 viviendas, 57 iglesias, 102 escuelas y 43 centros de salud.
En Nicaragua, las juntas receptoras de votos se instalan generalmente en edificios públicos.
"Nos encontramos con una serie de problemas muy profundos, además de los lógicos problemas humanos y de estado de ánimo en estos municipios y en las 174 comunidades que los integran", explicó el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes.
La petición de suspender los comicios surgió inicialmente y con igual argumento del sector aliado al oficialismo de la organización Yatama, siglas de yapti tabas maskara nanih aslatakanka, que en dialecto miskito significa hijos de la madre Tierra.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se hizo eco de las demandas de esta agrupación y propuso formalmente la suspensión de las elecciones, para lo cual añadió que era posible que otro fenómeno natural afectase la región en la próxima estación de "invierno" (de mayo a noviembre).
"Es un pueblo castigado por la pobreza, por el hambre, por el huracán; no hay techos en las iglesias y las escuelas y los caminos están destruidos ¿cómo pueden pedirle a la gente que vaya a votar en esas condiciones?", justificó a su vez el veterano dirigente indígena Brooklin Rivera, diputado aliado del FSLN en el Congreso Nacional.
Rivera comentó a IPS que el impacto del huracán aún mantiene a la población de esas comunidades bajo "estrés permanente" y que la medida de cambiar las fechas les servirá de "catarsis".
La RAAN y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) ocupan más de 45 por ciento de la extensión de Nicaragua y 12 de sus 19 municipios encabezan los registros de pobreza extrema del país al contar con 73 por ciento de su población en esta situación.
Pero esta no es la primera vez que el CSE toma decisiones que alteran el ánimo de Yatama. En las elecciones municipales de 2000 inhibió de participar en las elecciones locales a los candidatos de la agrupación, lo cual originó una jornada de violencia.
Posteriormente Yatama denunció al Estado nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2005 falló en su favor, argumentando que las autoridades violaron los derechos políticos y humanos de los grupos originarios al negarles la participación política en su propio medio ambiente.
Osorno Coleman, líder del grupo de Yatama liberal y partidario de la realización de los comicios en noviembre, acusó al FSLN de manipular al poder electoral para suspender los comicios por intereses económicos.
"El presidente Daniel Ortega y su gente están haciendo negocios en la zona y saben que si pierden las elecciones no podrán seguir comerciando los recursos públicos de la RAAN", acusó Coleman ante IPS.
Este dirigente miskito es un histórico adversario de los sandinistas, a quienes combatió en los años 80 al frente de indígenas armados en coincidencia con la acción de la llamada "Contra", el grupo irregular auspiciado por Estados Unidos para expulsar al gobierno surgido de la revolución que derrocó en 1979 a la añeja dictadura de la familia Somoza.
Minerva Wilson y Ulises Fernández, promotores de derechos indígenas en los municipios de Waspan y Prinzapolka, denunciaron el día 4 ante organizaciones humanitarias que el gobierno otorga la explotación de recursos naturales sin tomar en cuenta a la comunidades indígenas.
"Los delegados del gobierno están negociando con nuestros recursos. Han entregado concesiones madereras de millares de hectáreas a compañías norteamericanas (estadounidenses) y chinas, y están negociando contratos de exploración de yacimientos de petróleo con Venezuela", sostuvo Wilson.
Esta denuncia no ha sido respondida aún por el gobierno, el cual reconoció que la reconstrucción de la región ha avanzado a paso lento por falta de recursos económicos.
De hecho, Nicaragua pidió el 1de este mes al Fondo Monetario Internacional (FMI) 30 millones de dólares adicionales para ayudar a reconstruir la zona más azotada por el huracán Félix.
La medida de suspender temporalmente los comicios, sumado a la reacción violenta de los grupos indígenas ha llevado al cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición.
Aliados liberales y disidentes sandinistas en el Congreso legislativo, en protesta por la decisión del CSE, anunciaron una jornada de boicot en la aprobación de proyectos de interés del gobierno.
La primera acción fue paralizar las funciones del Poder Legislativo y suspender las votaciones para aprobar leyes que el FMI exige a Nicaragua para mantener la condición de ayuda económica.
Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial de los liberales, anunció que recurrirá de amparo ante los tribunales para revertir la decisión electoral en la RAAN.
Norman Bent, ex procurador para la defensa de los derechos indígenas y líder de la Iglesia Morava en la zona, indicó a IPS que varias instituciones están organizando una comitiva multiétnica para abogar en Managua por una solución pacífica y democrática al conflicto.
"Si una de las partes debe ceder, vamos a rogar porque así sea, pero lo que quiere la mayoría de nuestro pueblo es paz y respeto a sus derechos", dijo Bent, mientras las dos facciones indígenas siguieron llamando a sus miembros a "defender" sus posiciones.
