Una serie de hechos, algunos de los cuales facilitaron asesinatos, envuelven a los tribunales y al cuerpo policial de España, entorpeciendo la búsqueda de justicia y alarmando a la opinión pública.
Ante uno de esos casos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó este viernes al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de "líder de los pijo-rojos, socialista de salón, defensor de terroristas, bronquista tabernario, indecente y despreciable".
La declaración policial se produjo después de que el ministro justificara la absolución de Marcos Martín Ponce, acusado del asesinato del policía Francisco Javier Sanz Morales el 17 de noviembre de 2000.
Martín Ponce, miembro de los extremistas Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, fue condenado el 25 de julio de 2007 a una pena de 28 años de cárcel, pero el Tribunal Supremo la anuló esta semana por no haber declarado en el juicio "una testigo básica", según indicó Fernández Bermejo.
"Si alguien había sido condenado sin pruebas, el Supremo ha dictado la sentencia que tenía que dictar", añadió.
En su sentencia absolutoria, el Tribunal Supremo subrayó que, a pesar de que el juez hizo "cuatro intentos de citación", la policía se movió muy poco e hizo "un esfuerzo mínimo" para localizar a la testigo protegida.
La testigo identificó a Martín Ponce en una fotografía "sin ningún género de dudas", según consta en el acta policial, pero cuando ella fue citada a declarar ante el juez la policía judicial se limitó a buscarla en el colegio donde trabajaba.
En julio, en pleno verano boreal, el centro escolar estaba cerrado por vacaciones, por lo que el Tribunal Supremo subrayó que, siendo testigo protegida, la policía estaba obligada a conocer su domicilio ya que "un verdadero y eficaz sistema de protección de testigos obliga, cuando menos, a conocer su localización" y no considerar que no podía ubicarla por no haberla encontrado en la escuela.
Al no poder ser interrogada la principal testigo ni ser sometido a contradicción su reconocimiento fotográfico, según el Tribunal Supremo se actuó "contraviniendo elementales exigencias del derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías", vulnerando la presunción de inocencia que tiene todo acusado.
Otro caso registrado también esta semana es la apertura de un expediente por falta muy grave al juez Rafael Tirado, de la andaluza provincia de Sevilla, en el sudeste de España, por no ejecutar la sentencia contra Santiago del Valle García, condenado por abusar sexualmente de su hija.
La falta de ejecución hizo que el condenado siguiera en libertad y sin vigilancia hasta que volvió a reincidir y después de abusar de ella mató a la niña Mari Luz Cortes, en un acto en el que también esta acusada de complicidad la hermana del imputado, Rosa del Valle García.
Los dos acusados ingresaron el jueves en el Centro Penitenciario de Huelva, próximo a Sevilla y fueron recluidos en celdas de seguridad, aislados de los demás presos, debido a que los pederastas y violadores son castigados por el resto de los presos, que les propinan palizas e incluso llegan a matarlos.
Los directivos de la prisión manifestaron que ese aislamiento se dispuso "por razones de seguridad", sin dar más explicaciones.
El juez Enrique Bacigalupo, de origen argentino y miembro del Tribunal Supremo de Justicia de España, refiriéndose a estos hechos y ante la pregunta de si, como reclaman sectores jurídicos, habría que crear un registro de los condenados por abusos sexuales, considera que no.
En declaraciones a IPS, Bacigalupo dijo que no sería adecuado "porque los datos se conocen y están registrados y de lo que se trata es de utilizar adecuadamente esos registros". En todo caso, añadió, nunca todo es perfecto, siempre hay "islas" pequeñas, cosas que no funcionan bien y que hay que resolver.
Para casos como esos, prosiguió, "con un delincuente de ese tipo, comprobado que cometió esos delitos, da lo mismo que esté preso dos, cinco o 15 años, porque al salir lo más probable es que vuelva a delinquir, así lo indica la experiencia"
Lo que hay que hacer, a su entender, es darles "un tratamiento adicional" cuando salen en libertad, como se hace en Francia, Holanda, Alemania e Italia. Esa "medida adicional" implica no dejarlos en plena libertad y tratarlos médicamente.
¿Y por qué no se hace eso en España", preguntamos. La respuesta fue "porque para modificar la legislación es necesaria la aprobación parlamentaria y, además, hay que tener en cuenta que ese tratamiento adicional es muy costoso, pues los condenados requieren un cuidado intensivo, con especialistas adecuados"
Bacigalupo puso como ejemplo a Holanda, donde para cada caso se dedican 12 especialistas. En opinión del magistrado, muy compartida en el campo judicial, esos individuos no pueden quedar en libertad porque violan a los niños y los matan, "porque al matarlos piensan que en principio tienen garantía de impunidad, ya que si los niños quedan vivos pueden contarlo a sus padres y éstos denunciarlos". Con todo este trasfondo, el mundo de la justicia atraviesa por una crisis que enfrenta al ministro con los sindicatos del área judicial, que desde hace dos meses se mantienen en huelga, reclamando mejoras salariales y de trabajo. Desde que comenzó la media de fuerza, el 4 de febrero, fueron suspendidas más de 60.000 actuaciones judiciales, afirmaron portavoces de las dos mayores centrales sindicales, la pro comunista Comisiones Obreras y la socialista Unión General de Trabajadores.
Aunque el ministro y los dirigentes sindicales se reunieron varias veces, no lograron un acuerdo, por lo cual la huelga se mantiene, afectando adicionalmente a los problemas enfrentados por el sector.
