Nada parece dividir más a los dos principales aspirantes a ocupar el cargo de primer ministro de Italia en las elecciones legislativas de este domingo y el lunes como la inmigración.
Pero la discrepancia se centra en los más de 3,7 millones de inmigrantes, según cifras oficiales de 2006, alrededor de 6,2 por ciento de la población.
El control estricto de la inmigración siempre fue una de las aspiraciones de Berlusconi, cuyo gobierno promovió la ley Bossi-Fini, que no fue luego revocada por el gobierno siguiente de centro-izquierda.
La norma fijó una cuota anual para el ingreso de trabajadores extranjeros y estableció que éstos sólo pueden tramitar el permiso de residencia con contratos de empleo.
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Los que no cuentan con ese documento permanecen en centros de detención y son repatriados a sus países de origen.
Giulio Tremonti, quien podría convertirse en el próximo ministro de Finanzas si la coalición de centroderecha, Unione, gana las elecciones legislativas, declaró el domingo que su agrupación está contra "el país multiétnico y del couscous que quiere la oposición".
El couscous es un plato de origen bereber muy difundido en África del norte.
La Unione presenta a la inmigración como una amenaza para los ciudadanos italianos.
"Todos los inmigrantes que no tienen residencia regular deben abandonar el país", reza su manifiesto.
Pero no basta con tener un empleo. Los costos prohibitivos de la vivienda impiden a los inmigrantes encontrar un alojamiento estable y se ven sujetos a medidas restrictivas.
En Roma, donde hay unos 250.000 inmigrantes, son comunes los lanzamientos judiciales.
El gobierno centroderechista de la septentrional ciudad de Milán, con más de 200.000 inmigrantes, se vanaglorió en 2007 de realizar "un desalojo al día".
Semanas atrás, 800 gitanos fueron expulsados del mayor campamento de refugiados del norte de Italia. Entre los desalojados habían niños y niñas, mujeres embarazadas y empleados que trabajaban 10 horas al día y ganaban más de 800 euros (más de 1.200 dólares) al mes.
El gobierno local no les ofreció un lugar de residencia alternativo.
Sindicatos piden a los candidatos de todos los partidos que se comprometan con soluciones institucionales, incluida vivienda, empleo y educación para niños y niñas, hijos de inmigrantes.
"Los lanzamientos electorales sin soluciones alternativas sólo empeorarán la situación", dijo a IPS Onorio Rosati, secretario general de la Cámara de Trabajo de Milán.
La política de inmigración de Berlusconi apunta a mejorar la implementación de la ley Bossi-Fini mediante el "fortalecimiento del proceso de expulsión", declaró a la prensa Gianfranco Fini, aliado del ex primer ministro y coautor de la norma, frente a un centro de detención temporal de inmigrantes en Roma.
"Si ganamos las elecciones, abriremos nuevos centros de detención", apuntó.
En cambio, el programa de Veltroni apunta a la integración. El documento prevé regular el derecho de asilo, crear nuevas leyes que defiendan la libertad de culto y que tengan derecho de voto tras cinco años de residencia.
"La inmigración no es una amenaza, es una oportunidad. Pero para evitar ese sentimiento de peligro debe regularse, no sufrirse", reza el manifiesto del Partido Democrático. Organizaciones centroizquierdistas sostienen que esa ley coercitiva fomenta la inmigración clandestina y hace imposible su regulación.
"Los centros de detención aberrantes deben ser reemplazados por otro tipo de lugares que asistan a los inmigrantes en el proceso de regularización de su situación", dijo a IPS Anna Pizzo, asesora independiente para la región de Lazio.
El concejo regional de Lazio, liderado por la centro-izquierda, propuso una ley para que los inmigrantes que están a la espera de regularizar su situación tengan los mismos derechos que los ciudadanos italianos.
Organizaciones de derechos humanos han criticado reiteradas veces los centros de detención.
Una comisión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deploró la falta de asistencia a los inmigrantes y otra del Parlamento Europeo condenó "la mala calidad de la comida, las pésimas condiciones de higiene y la falta de atención médica y legal".
Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), ganó las elecciones generales de 2006 con una mayoría parlamentaria inestable.
El 24 de enero de este año, el primer ministro, a la cabeza de la heterogénea coalición Unione, integrada por una variedad de agrupaciones, desde católicos hasta comunistas, no recibió un voto de confianza del parlamento.
Por más de 20 meses, el programa de gobierno se basó sobre el consenso entre los aliados de la coalición.
El lugar de Prodi como líder de la coalición centroizquierdista fue ocupado por Veltroni, electo secretario general del Partido Democrático, creado el año pasado.
El Partido Democrático es una agrupación moderada y reformista que reunió a los dos principales grupos de la alianza del ahora primer ministro.
Los pequeños partidos de extrema izquierda, como Refundación Comunista y Partido Verde, quedaron afuera y se unieron para formar la federación conocida como La Sinistra – L'Arcobaleno (La Izquierda El Arco Iris).
Por su parte, Silvio Berlusconi, líder del movimiento Pueblo de la Libertad, creado en febrero de este año para las elecciones por los dos principales partidos de centroderecha, se alió con las agrupaciones federalistas en el norte de Italia y Sicilia.
