Gobiernos regionales de Perú impulsan una descentralización fiscal que les permita autonomía recaudadora y así obtener más recursos que los que hoy recibe de las arcas nacionales, sobre todo en zonas dedicadas a la exportación agrícola y minera. Pero expertos alertan que ello puede aumentar desigualdades.
"Para avanzar en el proceso de descentralización es indispensable la transferencia de funciones con recursos a las regiones y qué mejor que con la recaudación directa de los impuestos", arguyó ante IPS el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Yehude Simon.
Con el propósito de avanzar en la propuesta de la descentralización fiscal, Simon se reunió este mes con el primer ministro Jorge del Castillo para definir la participación de las autoridades regionales en la elaboración de un plan para iniciar el proceso.
En el encuentro con Del Castillo, contó Simon a IPS, se acordó que la última semana de este mes comenzarán las reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para empezar a elaborar una propuesta con la participación de los técnicos y representantes de los gobiernos regionales.
El presidente de Perú, Alan García, se comprometió ante los jefes de regiones el 1 de este mes impulsar la descentralización fiscal por considerarla necesaria para incentivar la fusión de regiones que permitan desarrollar proyectos conjuntos de inversión. Un día después, el titular de la cartera de Economía, Luis Carranza, confirmó que en tres meses podría estar listo el plan.
"Hay que ver qué ingresos se coparticipan, qué transferencias se van a hacer, cuáles son las posibilidades de endeudamiento que tendrán los gobiernos regionales y locales. (…) Hay que avanzar decididamente en la descentralización fiscal, pero de manera muy ordenada", señaló Carranza.
Pero ante los ojos de los expertos el tema tiene beneficios y perjuicios que exigen un mayor análisis. Dentro de los aspectos positivos se destaca la posibilidad de que las regiones tengan mayor autonomía a la hora de invertir, aunque se corre el riesgo de generar mayores desigualdades.
Un estudio elaborado por la no gubernamental Inde Consultores indica que sólo seis de los 26 distritos (25 regiones y la provincia de Lima) en que se divide Perú lograrían aumentar los ingresos fiscales.
Lima, Callao, Arequipa, La Libertad, Pasco e Ica son las favorecidas en razón de que concentran una gran actividad productiva e industrial en sectores que van desde la agricultura para la exportación hasta la minería, según la investigación realizada a pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y que toma cifras oficiales de 2006.
El cambio fiscal llevaría entonces a mayores inequidades de las que ya se registran con la distribución del canon minero, puesto que sólo un grupo de departamentos se benefician con este aporte millonario por ser sedes de empresas extractoras que hoy viven una época de oro por el incremento de los precios internacionales.
Según un estudio elaborado el año pasado por la no gubernamental Propuesta Ciudadana, más de 60 por ciento de los recursos para inversión y que principalmente provienen del canon minero se concentran en Áncash, Tacna, Cusco, Cajamarca y Moquegua.
"Debemos tener en consideración que las desigualdades por el canon no sólo se da entre regiones sino al interior de las mismas, por lo que primero se debe corregir las desigualdades internas", explicó a IPS el especialista en temas de industrias extractivas y descentralización Nilton Quiñones.
Para darnos una idea, 45 por ciento de los recursos que recibe la región central de Ancash por canon y otros conceptos se concentran en sólo una de las 20 provincias de ese departamento: Huari.
"En esos casos, el gobierno central tendría que compensar de alguna forma a las regiones que no logran cubrir su presupuesto anual con la recaudación directa para que no crezcan las desigualdades, pero es importante empezar aunque sea con una región piloto para que la descentralización sea efectiva", opinó Simon.
Por su parte, Quiñones recordó que lo que actualmente hace el gobierno de García para compensar las inequidades es usar los recursos ordinarios como un arma política y no con criterios técnicos, debido a que no explica por qué en un año determinado decide recortarle presupuesto a tal o cual región y hacia dónde serán redirigidos los fondos. El ex jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Arias Minaya, quien dirigió la investigación de Inde, manifestó a IPS que lo más viable sería crear un sistema intermedio en el que el gobierno nacional continúe recaudando los tributos y establezca un fondo de lo recaudado en cada región para distribuirlos según la población e indicadores sociales.
Para ello, según Arias Minaya, lo primero que tiene que efectuarse es un real mapa tributario a partir de lo que las empresas aportan según el departamento donde operan, no por el domicilio fiscal que no revela la fuerza productiva del interior del país.
De acuerdo al criterio de domicilio fiscal, Lima y Callao concentró 88,9 por ciento de los tributos internos en 2006. Si se hubiese respetado el criterio de un real mapa tributario, la cantidad que habrían recibido estos dos distritos se reduciría a casi la mitad, según el informe de Inde.
El responsable del programa Vigila Perú de Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, también considera que primero deben ordenarse las transferencias intergubernamentales, "para hacerlas más transparente y equitativas.
En segundo lugar, según Baca, los gobiernos locales o las municipalidades deberían recaudar más y mejor en convenio con la Sunat para garantizar la responsabilidad en el gasto.
Con un sinceramiento del mapa tributario, todas las regiones, a excepción de Lima y Callao, figurarían con mayores cifras de recaudación de lo que hoy reporta la Sunat, aunque tales montos no resulten suficientes para cubrir el presupuesto.
Huancavelica, por ejemplo, figuraría con un monto de recaudación que superaría en más de 140 veces el actual. Ya requiere mucho más dinero de lo que hoy le otorga el gobierno nacional para enfrentar las enormes carencias de su población.
Apurímac y Ayacucho, otras dos regiones pobres, tampoco saldrían beneficiadas a pesar de que los niveles de pobreza alcanzan a 88,7 por ciento y el 74,8 por ciento de sus respectivas poblaciones, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
"La descentralización fiscal otorgará a las regiones mayor autonomía en sus gastos, en la toma de decisiones para invertir y permitirá que sean más predecibles los ingresos de las regiones. Pero si no hay una descentralización sostenida, la mayoría de éstas pueden terminar desfinanciadas y sólo algunas beneficiadas", recalcó Quiñones.
Para Arias Minaya, la "descentralización fiscal no constituye de por sí un instrumento para impulsar el desarrollo y combatir contra la pobreza". "Hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta", opinó.
"Mientras no se asegure la fusión de las regiones para que juntas disminuyan las desigualdades, lo único que haremos con la descentralización fiscal es generar conglomerados de desiguales", completó Arias Minaya
