Los precios y la expectativa de inflación aumentan en Argentina, a despecho de indicadores oficiales. Estudiosos de distintas corrientes ven en la carestía la principal amenaza de un rumbo económico que lleva más de seis años de crecimiento.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), intervenido por el Poder Ejecutivo en enero de 2007, la inflación en el año transcurrido hasta marzo de 2008 fue de 8,8 por ciento. Pero estimaciones de consultoras privadas triplican como mínimo ese porcentaje.
"Nuestra muestra indica que entre marzo de 2007 e igual mes de este año la inflación fue de 26,6 por ciento", dijo a IPS Rodrigo Álvarez, de la consultora Ecolatina, fundada por Roberto Lavagna, ministro de Economía entre 2002 y 2005.
La inflación es "el problema más grave" de la economía porque "empeora la distribución del ingreso, aumenta la pobreza y deteriora la producción nacional", dijo el pasado fin de semana Lavagna, cuya gestión comprendió casi todo el mandato del ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) y buena parte del de Néstor Kirchner (2003-2007).
La Asociación Empresaria Argentina también alertó sobre el desafío que constituye la inflación.
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Desde mediados de 2007, Ecolatina advierte de que la inflación es el principal riesgo económico de Argentina, una percepción que se extiende entre los consumidores. Según una medición de la privada Universidad Torcuato Di Tella, la expectativa pública de inflación en abril para los próximos 12 meses es de 32,8 por ciento.
"Hace seis meses la preocupación estaba, pero el balance era más equilibrado entre medidas para atacar la inflación y estímulo a las inversiones. Ahora, en cambio, la prioridad pasa por frenar la escalada de precios", advirtió Álvarez.
Entre las causas del aumento de precios hay una estructural, según Ecolatina: la demanda muy estimulada enfrenta una oferta escasa. Hay además razones coyunturales como la carestía de los alimentos. Y finalmente un fenómeno preocupante, las expectativas en aumento.
"Los agentes económicos empiezan a creer que la inflación va a ser mayor y esto genera una inercia al fenómeno. Antes esto no pasaba, aunque la demanda era mayor que la oferta, las expectativas estaban controladas, pero ahora vemos un consumo precautorio y contratos con cláusulas de indexación", describió.
El alza de precios se manifiesta en un país que ha consolidado un ciclo largo de crecimiento del producto interno bruto, con un promedio de más de ocho por ciento anual desde 2003. Hay además superávit fiscal y reservas superiores a 50.000 millones de dólares.
Pero el gobierno rechaza el alerta y mantiene su política. Para todos los estudiosos, el Indec manipula las estadísticas. Mientras, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno —responsable de la intervención del Indec— persiste en el control de precios, que tuvo algún resultado en 2006 y 2007, pero ya no lo tiene, afirman.
Moreno, cuya repartición amenazó esta semana a los productores de carne con aplicar al sector la ley de abastecimiento si no bajan los precios. La vigencia de la norma de 1974 ha sido cuestionada. Prevé multas, clausuras, allanamientos sin intervención judicial y condenas a prisión para especuladores.
Versiones periodísticas aseveran que Moreno, nombrado por Kirchner y confirmado en el cargo por su esposa y sucesora, Cristina Fernández, responde a las órdenes del ex presidente y su influencia opaca al ministro de Economía, Martín Lousteau, rodeado en los últimos días de rumores sobre su reemplazo.
Mientras, los consumidores expresan públicamente su desconfianza hacia el Indec y las medidas de Comercio Interior. Una oyente de una radioemisora de Buenos Aires expresaba esta semana su preocupación en tono irónico: "Quería saber la dirección del supermercado donde compra Moreno, para ir ahí".
Otros hablan con sorna de "la inflación de Moreno" o "el método Moreno" para medir la suba de los precios.
Economistas cercanos al gobierno opinan que el fenómeno inflacionario debe enfrentarse urgentemente, normalizando el Indec y estableciendo pautas claras acerca de la inflación esperada y las medidas de intervención que se adoptarán.
El economista Eduardo Conesa, de la estatal Universidad de Buenos Aires y favorable al actual rumbo económico, advierte que si esta cuestión no se afronta con rapidez, se dañarán la actividad económica, la creación de empleo y el flujo de exportaciones.
Eduardo Curia, otro economista que asesora a ministros del gabinete de Fernández, sugiere "correcciones" al modelo para evitar que la economía se complique hacia 2009. "La inflación es un tema urgente porque puede ser dañino para la producción y la expansión sostenida", dice.
Defensor de la política de devaluación de la moneda nacional para fomentar el desarrollo industrial y las exportaciones con alto valor agregado, Curia cree que el consumo está "desbordado respecto de la inversión" y se deben adoptar medidas para desacelerarlo. También consideró que se debe "retocar" el tipo de cambio.
Desde 2003, el tipo de cambio oficial se encuentra en torno a 3,18 pesos por dólar, pese a que la divisa estadounidense experimenta una marcada depreciación en todo el mundo.
En un contexto de precios internos controlados, esa paridad resultaba competitiva para los exportadores. Pero a medida que la inflación aumenta, esa paridad se retrasa, explica Curia. De todos modos, "ese tema puede esperar", aclara.
La economista Marina Dal Poggetto, de la consultora en finanzas Estudio Bein & Asociados, también cree que la inflación "es uno de los principales problemas económicos", según dijo a IPS.
Una encuesta realizada entre economistas argentinos dio como resultado que en 2007 la suba de precios fue de 19,8 por ciento, más del doble de la cifra del Indec, dijo Dal Poggetto.
En materia de soluciones, los técnicos difieren en matices y acentos. La mayoría hace hincapié en la necesidad de controlar y reducir el gasto público, elevar el superávit fiscal y sincerar los precios, empezando por regularizar el Indec, cuya capacidad e independencia técnicas eran muy respetadas hasta hace pocos años.
Desde que fue investida el 10 de diciembre de 2007, la presidenta Fernández viene anunciando la creación de un nuevo y demorado indicador de precios. Éste permitiría al Indec recuperar parte de la credibilidad perdida con la intervención, apuntan los técnicos.
"Sin un buen indicador no se sabe dónde hay inflación y eso acelera expectativas", plantea Dal Poggeto.
Aun los economistas cercanos al gobierno coinciden en que se debe moderar el gasto y rechazan que ésta sea una receta ortodoxa para controlar la inflación.
Entre marzo de 2007 y el mismo mes de este año, el gasto público aumentó en 28,7 por ciento, si bien también se elevó la recaudación fiscal.
Tanto Álvarez como Dal Poggetto y Curia opinan que el gobierno debería reducir los montos de subsidios que benefician a sectores de altos ingresos.
Este es el caso de la electricidad. Nueve por ciento de los consumidores residenciales de Buenos Aires y su cono urbano consumen 30 por ciento de la energía destinada a esas zonas. El año pasado, el gobierno distribuyó 1.600 millones de dólares entre las empresas del sector para evitar aumentos en el precio del servicio.
Los subsidios que el Estado destina a sostener tarifas de electricidad y gas natural, y precios de combustibles, transporte y algunos alimentos llegarán a 6.500 millones de dólares este año.
