Militantes del minúsculo pero activo capítulo portugués de la extrema derecha europea comenzaron a responder ante un tribunal por su «odio patológico e irracional contra las minorías étnicas», según la acusación de la Fiscalía General de la República.
Los 36 acusados, todos ellos miembros de la Portuguese Hammerskin, la sección local de la organización neonazi europea Hammerskin Nation, se sentaron en la víspera en el banco de los reos y se estima que el veredicto del magistrado será pronunciado en el lapso de un mes, un récord para la morosa justicia portuguesa.
Agresiones, secuestros, posesión ilegal de armas y municiones de varios calibres, discriminación racial, distribución de propaganda nazi, así como venta de esteroides para financiar la organización, hacen parte del largo libelo acusatorio del Ministerio Público.
La fiscalía basa sus acusaciones en el Código Penal y en la propia Constitución de la República Portuguesa, que prohíbe expresamente cualquier discriminación basada en el "sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas".
Redactada en el rescaldo de la revolución de los capitanes izquierdistas del ejército que derrocó la dictadura de "O Estado Novo", instaurada en 1933 bajo la inspiración de la Italia de Benito Mussolini (1922-1943) y del Tercer Reich (imperio nazi alemán-1933-1945) de Adolf Hitler, la ley fundamental prohíbe "las organizaciones racistas o que perfilen la ideología fascista".
El principal acusado es el líder de la "Portuguese Hammerskin", Mario Machado, en prisión preventiva hace un año, mientras los otros 35 imputados, incluidos sus lugartenientes Vasco Leitão y Rui Veríssimo, les fue impuesta libertad vigilada con pulseras electrónicas y presentaciones periódicas a las autoridades en espera de juicio.
Machado ya había sido condenado a cuatro años de prisión por encabezar en la noche del 10 de junio de 1995 un grupo de 15 "skinheads" (cabezas rapadas), que atacaron por motivos racistas al joven portugués de origen africano Alcino Monteiro, quien resultó muerto a consecuencia de la feroz paliza recibida, que incluyó puntapiés en la cabeza.
El caso ahora en juicio se remonta a abril de 2007, cuando una vasta operación conjunta a nivel nacional de la Policía de Seguridad Pública, la militarizada Guardia Nacional Republicana y de la Policía Judicial allanó varios locales y detuvo al grupo que enfrenta un tribunal en estos días.
Los extremistas de derecha enfrentan también la acusación de amenazas y exhortos en Internet contra la jueza Cândida Vilar, encargada del proceso que decidió la prisión preventiva de Machado.
En las 240 páginas de la acusación, la fiscalía enumera varios ejemplos de exhortos racistas en el sitio con que los neonazis cuentan en Internet, como http://homemlobo.blogspot.com/2005_07_01_archive.html, donde "promueven el odio contra negros, gitanos, judíos y homosexuales".
Como caso paradigmático, la acusación cita el caso del grupo musical "Odio", que actúa exclusivamente en conciertos promovidos por "skinheads". El grupo grabó recientemente "Muerte a los traidores", un disco que incluye el tema "El horrible judío", que mide la dimensión del alcance racista, cuando su letra dice: "Oh, ¡horríble judío! Vas a morir esta noche/Vas a morir esta noche por la victoria de nuestra noche/ Muere, muere/Siente lo mismo que nosotros sentimos por los judíos".
Según el Ministerio Público, los acusados "pretendían participar en la sociedad portuguesa por medio de acciones violentas y desencadenar una guerra racial con el propósito de luchar por la supremacía de la raza blanca, subvirtiendo así el funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho constitucionalmente establecido"
La acusación sostiene que la orientación ideológica de este grupo "es semejante a la de la ideología adoptada por los neofascistas italianos y por los neonazis británicos y alemanes". A pesar de estas chocantes verificaciones, el abogado José Manuel Castro, defensor de Machado, aseveró, en declaraciones realizadas el martes a la emisora lisboeta TSF-Radio Jornal, que el juicio tiene "contornos políticos" y que por eso es incompatible con "los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos".
Debido a la escasa popularidad con que la extrema derecha cuenta en Portugal, el país racialmente más heterogéneo de Europa, al parecer se decidió una estrategia de defensa basada en que el tribunal está "simplemente a juzgar ideas", sentenció Castro.
Otra es la visión de José Falcão, secretario ejecutivo de la organización no gubernamental SOS-Racismo, que centra sus actividades en la denuncia a los grupos xenófobos y en la defensa de los derechos de los inmigrantes del vasto universo del llamado "mundo luso-tropical".
"Nos gustaría que alguna vez se aplicase la justicia contra estas personas que amenazan y dictan sentencias de muerte a activistas de derechos humanos, que hasta insultan al propio presidente de la república (Aníbal Cavaco Silva) y hasta ahora, no les pasó nada", dijo Falcão a IPS al evaluar el alcance de anteriores crímenes impunes de la extrema derecha.
Para juzgar "los crímenes de la extrema derecha xenófoba ni siquiera es necesario recurrir a la Constitución. Ellos cometen delitos que están contemplados en el Derecho Penal", precisó Falcão. El activista se convirtió en una conocida figura nacional tras largos años de constante actuación en la primera línea de la denuncia a malos tratos policiales en especial a africanos, brasileños y portugueses negros y mestizos (…)".
La extrema derecha doméstica muchas veces "se siente alentada por lo que ocurre en muchas comisarías de policía, donde con frecuencia se cometen "'ofensas corporales, amenazas, prisiones ilegales y hasta homicidios".
La mayoría de las veces, estos atropellos no son denunciados por los inmigrantes de los países luso-africanos (Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe) o de Brasil "por temor a ser expulsados del país".
Falcão verificó en carne propia esta actitud en 1995, cuando de regreso a su casa salió en defensa de tres africanos que estaban siendo golpeados por policías. No sólo prosiguieron la golpiza contra los inmigrantes sino que él mismo fue detenido y maltratado físicamente.
"El problema es que el caso de 1995 no fue algo excepcional, producto de un exceso policial. Una década después un joven africano fue muerto a tiros por un agente en un centro comercial y el juez le absolvió, aceptando su defensa de que 'no sabía que el arma se iba a disparar'", relató Falcão.
El único condenado en este caso "fui yo, a 20 meses de prisión y a pagar una multa de 4.000 euros (unos 6.000 dólares al cambio actual), debido a que me permití criticar la sentencia del juez, el que me imputó el delito de difamación".
"En otras palabras, en Portugal parece que criticar a un juez puede ser más grave que matar una persona", concluyó Falcão.
