Luego de 50 días de audiencias, el tribunal de Perú que enjuicia a Alberto Fujimori prácticamente tiene acreditada la responsabilidad del ex presidente en secuestros y en dos masacres perpetradas a comienzos de los años 90, según el fiscal Avelino Guillén.
"La fiscalía ha conseguido demostrar en un 80 por ciento los delitos de homicidio calificado y de secuestro que se le atribuyen a Fujimori por el asesinato de 25 personas cometido por el Destacamento Colina, un grupo especial de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), entre 1991 y 1992", dijo Guillén a IPS.
Fujimori, que gobernó el país de 1990 a 2000 cuando se refugió en Japón y fue destituido por el parlamento, también es acusado de haber consentido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas los secuestros cometidos por el SIE del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando disolvió el parlamento.
Según la fiscalía, el secuestro de Dyer y Gorriti no son casos aislados de violaciones de derechos humanos sino la expresión de una política gubernamental de utilización del aparato de inteligencia militar como instrumento de represión de la oposición, incluyendo los insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
"En primer lugar se ha demostrado de manera razonable y convincente la existencia del destacamento Colina, que la defensa del ex presidente negó con firmeza", resaltó Guillén, uno de los dos fiscales supremos que han interrogado en las audiencias a Fujimori y a casi un centenar de testigos convocados en este juicio.
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"Ese grupo estaba insertado orgánicamente en los aparatos de inteligencia, tenía como jefe de operaciones al director de inteligencia del ejército, general Juan Rivero Lazo, quien daba cuenta al Servicio de Inteligencia Nacional, conducido entonces por el general Julio Salazar Monroe, subordinado a su vez a Fujimori. El grupo Colina cometió los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta", afirmó.
La fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori. El 8 de este mes, Salazar Monroe recibió una condena de 35 años como autor mediato de la matanza de La Cantuta. El fallo contribuyó a fortalecer la tesis de la acusación en el sentido de que el destacamento Colina actuó por cadena de mando: su jefe respondía a una decisión que provenía de la cúspide del poder.
Durante las audiencias, César Nakasaki abogado defensor del ex mandatario peruano, ha reiterado que no existe ni un solo documento que pruebe que su cliente ordenó ni la formación del grupo Colina y "mucho menos la consumación de los asesinatos". Y que no podía haber firmado ningún papel, porque desconocía la existencia de esa agrupación ilegal.
"Este es un argumento que no se condice con la verdad, porque hay una serie de hechos materiales que demuestran que Fujimori tenía conocimiento desde su inicio de la formación de este equipo especial de inteligencia que se conoce como Destacamento Colina", aseveró Guillén.
"El ocho de enero de 1991, el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, en representación de Fujimori, participó de la formación de un grupo de análisis de inteligencia, algunos de cuyos integrantes luego de concluir con su trabajo formaron el Destacamento Colina", detalló.
Montesinos está encarcelado acusado de tender una amplia red de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
"El propio Fujimori, en un discurso de febrero de 1991, habló de que ese equipo especial estaba actuando 'silenciosamente'", recordó el fiscal.
"De modo que sí sabía Fujimori, al punto que firmó un memorando felicitando a los miembros del equipo especial, el 25 de junio de 1991, y otro del 30 de julio del mismo año, promoviendo su ascenso de grado a oficiales que poco después se convertirían en los jefes del Colina", indicó.
"Primero formularon un manual de 'guerra sucia' para combatir a Sendero Luminoso y después lo aplicaron cometiendo los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta", añadió Guillén.
Otro de los ejes de la defensa de Fujimori es el sistemático intento de desacreditación de ex agentes del grupo Colina que ofrecieron testimonio para colaborar con la justicia. Según Nakasaki, dichos testigos mienten para obtener los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz, que incluye la reducción de pena. El fiscal desmintió la versión.
"Las declaraciones de los ex integrantes del Destacamento Colina que se han acogido a ley han servido para demostrar fundamentalmente dos hechos", sostuvo.
"Uno es la existencia de un equipo especial de inteligencia que funcionaba dentro de la estructura de los aparatos del ejército, y el otro es que los integrantes del Colina han admitido que son participantes, autores materiales, ejecutores de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta", puntualizó.
"No es que hayan sindicado a determinado jefe militar o a Fujimori para eludir su responsabilidad. Eso no, porque han admitido sus delitos y han recibido penas severas de 15 años de prisión. Tampoco se esperaba que los ex agentes acusaran directamente a Fujimori, porque ellos no recibieron órdenes del ex presidente", aclaró.
"¿Considera que el tribunal condenará a 30 años de prisión a Fujimori, como ha solicitado la fiscalía suprema?", le preguntó IPS a Guillén.
"Eso es algo que corresponde al criterio del tribunal", contestó. "Sin embargo, consideramos que hay suficiente material probatorio y creemos que la pena que ha solicitado la fiscalía es lo que corresponde a Fujimori por los graves delitos que ha cometido. Hemos actuado de manera que el tribunal esté en capacidad de percibir cómo ocurrieron los hechos atribuidos al ex presidente", respondió.
Todavía quedan por declarar 15 testigos y un periodo de acreditación de pruebas, lo cual implicaría que la sentencia contra Fujimori podría conocerse sólo en el último trimestre del año.
