El gobierno de Eslovaquia sobrevive aún a los ataques de los medios y de la oposición por una serie de escándalos de corrupción que no han disminuido su popularidad.
El partido Dirección Socialdemócrata (Smer) gobierna con el apoyo de dos fuerzas políticas más pequeñas: el Partido Nacional Eslovaco (SNS), de extrema derecha, y el populista Movimiento por una Eslovaquia Democrática (HZDS), del ex primer ministro Vladimir Meciar.
La coalición perdura pese a una atmósfera de tensión, en la que cada caso de corrupción fue seguido por destituciones que irritaron a los socios menores de la alianza.
A fines de 2007, el gobierno estuvo a punto de colapsar luego de un escándalo en el Fondo Eslovaco de Tierras, en el que lucrativos terrenos estatales fueron transferidos a privados que reclamaban su restitución, y luego comprados por una compañía presuntamente vinculada al HZDS de Meciar a muy bajos precios.
Los escándalos parecen reflejar una lucha de poder entre los partidos en el poder. Su acuerdo para gobernar estipula que los asuntos más relevantes tienen que resolverse internamente, y que los medios deben recibir muy poca información.
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El primer ministro Robert Fico libra una guerra de larga data con los medios de comunicación, a los que acusa de apoyar incondicionalmente a los partidos de centro y derecha, y de seguir sus agendas.
El gobierno de Fico ha estado en la mira durante meses debido a una serie de irregularidades. "En las noticias hubo muchos casos de corrupción en la policía y en los ministerios, pero son realmente difíciles de probar", dijo a IPS la abogada Jaroslava Farkasova.
El último caso denunciado por los medios se relaciona con órdenes de pago a precios exagerados por simples contratos de mantenimiento de cuarteles militares en el Ministerio de Defensa, persistente centro de prácticas sospechosas bajo todos los gobiernos anteriores.
Funcionarios de alto rango de esa cartera despidieron a empleados acusados de cambiar las condiciones de las licitaciones, pero tras la presión de partidos de la oposición que reclamaban responsabilidad política, el ministro de Defensa Frantisek Kasicky renunció a fines de enero.
Otra controversia involucró al propio primer ministro, que pocos meses antes había sido acusado por la oposición de aceptar un apartamento para su familia como soborno de la constructora privada Ikores, a cambio de lucrativos contratos estatales en el futuro.
En efecto, a Ikores le fueron concedidos esos contratos, pero funcionarios de gobierno señalan que el gabinete anterior, de derecha, otorgó a la misma compañía licitaciones aun más grandes, y subrayaron que el apartamento en cuestión es de apenas dos habitaciones y fue vendido a un precio normal.
No obstante todo esto, Eslovaquia es elogiada por sus esfuerzos anticorrupción, principalmente en 2004, como la conformación de un Tribunal Especial para investigar irregularidades en altas esferas.
Esa instancia fue creada por la administración de Mikulas Dzurinda (1998-2006), actualmente líder de la opositora Unión Demócrata-Cristiana Eslovaca (SKDU), a fin de afrontar a una herencia de prácticas corruptas que plagaron al gobierno del ex primer ministro Vladimir Meciar.
Se sospecha que Meciar, hoy al frente del HZDS, sacó réditos de una serie de privatizaciones durante su gestión (1994-1998).
Licitaciones poco transparentes, contratos concedidos según procedimientos de selección manipulada y arbitrarias emisiones de permisos fueron algunos de los métodos más comunes entonces.
En el actual periodo de gobierno, el Tribunal Especial ha sido reiteradamente amenazado con una degradación o incluso abolición, en buena medida debido a la presión del ministro de Justicia, Stefan Harabin, leal a Meciar.
"El gobierno alega que el Tribunal no tuvo muchos resultados, pero tenemos que considerar que está abordando complejos delitos penales en la policía y el gobierno, que son muy difíciles de revelar o demostrar, así que es difícil medir su éxito en el corto plazo", dijo Farkasova a IPS.
La organización Transparencia Internacional ubica a Eslovaquia en el puesto número 49 de su índice de corrupción, lo que convierte a este país en uno de los de peor desempeño de la Unión Europea, aunque Polonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria y Rumania se sitúan en puestos más bajos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales eslovacos dicen que las percepciones sobre la corrupción no han empeorado.
El año pasado, la filial eslovaca de Transparencia cuestionó al gobierno de Fico, alertando que la tendencia hacia una menor corrupción estaba en riesgo.
Hubo críticas específicas contra los intentos del ministro de Justicia de abolir el Tribunal Especial, y sobre la ausencia de una estrategia anticorrupción definida.
En respuesta, Fico atacó a la presidenta de Transparencia, Emilia Sicakova-Beblava, señalando su matrimonio con el ex ministro de Trabajo, miembro del SKDU, principal partido de la oposición.
En un estudio de 2007 publicado por Transparencia, 22 por ciento de los consultados admitieron haber sobornado recientemente a algún funcionario público. La investigación reveló que los eslovacos consideran que la corrupción ocupa un lugar secundario ante otras prioridades como los estándares de vida, el desempleo o la atención a la salud.
Tal vez debido al antecedentes de sucesivos gobiernos involucrados en escándalos de corrupción, la imagen del Smer no se vio alterada por los escándalos, y Fico es el político más popular de la historia eslovaca.