El régimen militar de Birmania es duramente criticado por el lenguaje de la nueva Constitución, que será sometida a consulta popular el 10 de mayo. El texto fue hecho público cuando falta menos de un mes para el referendo.
Los artículos de la carta magna que provocaron indignación tienen que ver con los intentos de la junta militar de legitimizar su papel como suprema autoridad política en este conflictivo país del sudeste asiático. Esas cláusulas anulan la promesa de preparar el camino para una administración democrática, según críticos.
El artículo 445 está al tope de la lista de preocupaciones del Consejo de Abogados de Birmania y de grupos independientes como el estadounidense Centro de Justicia Global (GJC).
"No se tomará ninguna acción legal contra aquellos (sean individuos o grupos que sean miembros del SLORC o de la SPDC) que oficialmente llevaron a cabo sus deberes de acuerdo con sus responsabilidades", señala el artículo.
El SLORC (Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden), y el SPDC (Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo) son los nombres oficiales de los brazos gubernamentales del régimen que llegó al poder en el golpe de 1988, derrocando a su vez a otro régimen militar que había tomado el poder en 1962.
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"Esa cláusla le da inmunidad a la junta para todas las violaciones a los derechos humanos que cometió desde 1988", dijo el secretario general del Consejo de Abogados, Aung Htoo.
"La nueva Constitución carecerá de sentido si los perpetradores de la violencia pueden gozar de inmunidad después de que sea aprobada. ¿Cuál es la diferencia para las personas, que son las víctimas? Ninguna", añadió.
También socava la esperanza de Birmania de dejar de ser una dictadura para convertirse en una democracia, explicó. "Una Constitución para una sociedad post-conflicto debe darle prioridad a la justicia y a una genuina reconciliación nacional. Eso es lo que pasó en Sudáfrica. Pero la nueva Constitución ofrece poco para que Birmania pueda superar sus actuales conflictos", sostuvo.
El Consejo de Abogados y el GJC divulgaron un comunicado conjunto acusando al régimen de Myanmar (nombre oficial dado por la junta a Birmania) de intentar evadir el "proceso penal" a través de la Constitucion.
"Hay amplia evidencia de que el régimen militar ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y potencialmente incluso genocidio a través de traslados forzados de personas, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y exterminaciones", señalaron.
Líderes de las comunidades étnicas birmanas están perturbados tras descubrir que la muy anunciada promesa del régimen de crear asambleas regionales a través de la nueva ley fundamental se cumpliría parcialmente.
La nueva carta magna crea 14 asambleas en áreas que son hogar de los principales grupos étnicos, abriendo por primera vez espacio político para las minorías no birmanas desde que ese país se independizó del imperio británico en 1948.
"Las asambleas regionales estarán bajo el control de la junta, que tiene poder de nombrar a una cuarta parte de sus miembros y al ministro jefe de la región", explicó David Taw, secretario general del Consejo de Nacionalidades Étnicas (ENC), organismo que reúne a los siete principales grupos étnicos. "La mayoría de las personas preferirían elegir a su propio ministro jefe a través de una votación", indicó.
El espacio para la actividad económica con el fin de cubrir las necesidades de las comunidades étnicas también está limitado, añadió Taw. "La población local no será capaz de realizar libremente su actividad económica. Es un revés para nuestra esperanza de lograr un sistema de gobierno federal", señaló.
El reclamo de las minorías por un espacio político genuino data desde la independencia y ha causado sangrientos conflictos separatistas que han durado más de seis décadas.
"El intento de adoptar una Constitución para hacer perdurar la dictadura militar sólo creará mas problemas. También hará perdurar la guerra civil de 60 años causada por la violación de los derechos de autoderminación de las nacionalidades étnicas", señaló la ENC en una declaración.
La redacción de la actual Constitución tomó 15 años en total, un récord debido a los esfuerzos deliberados de la junta para estancar las iniciativas de los partidos demócraticos, liderados por la activista Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, quien está bajo arresto domiciliario.
La junta se negó a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias de 1990, en las que la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi tuvo una victoria arrolladora. Como respuesta, los militares crearon una Convención Nacional para redactar otro texto constitucional.
La carta magna vigente es la tercera de este país, luego del texto de 1947, elaborado por la resistencia que logró la independencia de Gran Bretaña, y del de 1974, redactado por la dictadura del general Ne Win.
