El alza internacional de los precios de los alimentos puede abrir un camino de desarrollo para la agricultura familiar campesina si los países le suministran apoyos efectivos, en el marco de políticas de largo plazo, plantean diversos actores.
El encarecimiento de los productos agrícolas, que comenzó en 2002, se explica por diversos factores. En una primera etapa, por la demanda de países con gran cantidad de pobres que empezaron a alimentarse mejor, como China e India, y la revisión de las proyecciones de consumo de maíz para producir etanol en Estados Unidos.
En 2005 y 2006 influyeron las sequías, inundaciones y heladas, y hoy estamos frente a un movimiento especulativo derivado de la caída del dólar, cuyo término es difícil de prever, aseguró a IPS José Graziano da Silva, director regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Para Martine Dirven, jefa de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se proyectan valores relativamente altos durante los próximos 15 a 20 años.
Aunque no hay una definición única de agricultura familiar campesina, explicó Dirven a IPS, se le asocian tres características: trabajo familiar, ausencia de empleados permanentes y logro de ingresos suficientes para su reproducción. Lo "campesino" se relaciona con un "modo de vida, que incluye valores especiales respecto a la tierra", acotó..
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Según la Cepal, 80 por ciento del total de las explotaciones agropecuarias de la región estarían en manos de agricultores familiares.
Si bien desde de 1990 hubo una reducción de la pobreza e indigencia rural, la mayoría de los agricultores por cuenta propia han registrado un descenso de ingresos, drástico en algunos países, con excepción de Chile, Paraguay y Colombia, afirma Dirven en una publicación de 2007.
¿Puede la actual coyuntura de carestía de alimentos convertirse en una oportunidad para la agricultura familiar campesina? Dirven y Da Silva consideran que un obstáculo mayor es que las ganancias no se reparten de igual forma entre los distintos componentes de la cadena productiva.
"El sector intermediario no agrícola es el que más ha ganado, sobre todo los mayoristas", aseguró Da Silva. En aquellos casos en que efectivamente haya un impacto positivo en los ingresos de los pequeños, apunta Dirven, "también hay un impacto en los gastos, por lo que su situación no mejora en sí".
Una de las tendencias con consecuencias negativas sobre la pequeña agricultura es la "concentración cada vez mayor de los agentes en la transformación y comercialización de los productos agrícolas (sobre todo agroindustrias y supermercados)", indica Dirven en su estudio. En este escenario, los productores asociados aparecen con mejores oportunidades.
Según Da Silva, para aprovechar el actual momento los países deberían "tener una política de incentivo a la producción de alimentos, sobre todo de los más pequeños".
A su juicio, hay tres herramientas claves para ello: créditos blandos, compras de alimentos para garantizar mercados y generar "stock mínimos" y adquisición directa a los agricultores familiares para distribuir a los más pobres. Dirven también plantea la posibilidad de entregar un subsidio a la agroindustria para que se abastezca de la agricultura familiar campesina.
En Brasil existe un Programa de Adquisición de Alimentos producidos por agricultores familiares, que asegura acceso de las familias pobres a la alimentación, merienda escolar y abastecimiento de hospitales, creando un mercado sólido para el sector. Esto es muy significativo en la pobre zona Nordeste del país.
Según el último censo agrícola de 1995-1996, en Brasil hay 4,2 millones de unidades familiares agrícolas, con dos millones de familias en situación de pobreza.
"El alza de precios favorece la agricultura familiar sin un efecto inflacionario muy significativo en Brasil, porque la oferta es firme", dijo a IPS João Luiz Guadagnin, director de Financiamiento y Protección a la Producción Agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrario. Los pequeños productores de leche se han visto especialmente beneficiados, acotó.
Entre las políticas brasileñas de apoyo está el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar (Pronaf), que ha otorgado 1,9 millones de contratos de créditos blandos por 5.000 millones de dólares en 2007.
También hay seguros contra daños climáticos y un Programa de Garantía de Precios para la Agricultura Familiar, que compensa cuando los precios caen por debajo del costo de producción.
En Chile existen cerca de 300.000 pequeñas explotaciones agrícolas —que representan más de 80 por ciento del total—, suministran 45 por ciento de las hortalizas de consumo interno, 43 por ciento del maíz, trigo y arroz, y 40 por ciento del ganado bovino (carne y leche), según el Ministerio de Agricultura.
"Sería irresponsable decir que no ha habido avances, pero no los esperados. Los problemas de la agricultura son demasiados para los apoyos que está teniendo", aseguró a IPS Rigoberto Turra, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech).
Las principales deudas del gobierno son "mayor capacitación a los agricultores, fortalecimiento técnico de las organizaciones campesinas y ayuda para la comercialización internacional de los productos", acotó el dirigente de Mucech, que agrupa a unos 180.000 agricultores por cuenta propia y asalariados.
El director ejecutivo de la no gubernamental Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina (OCAC), Iván Radovic, coincidió con Turra en que los subsidios y ayudas del gobierno son "insuficientes" y no hay una "política agresiva" que permita a la agricultura familiar campesina dar un salto al desarrollo.
El ministro interino de Agricultura, Reinaldo Ruiz, señaló a IPS que "no comparte" esas opiniones porque a su juicio el país ha dado un "apoyo permanente" al sector.
El alza de los precios es "una buena noticia para nuestros productores", sobre todo para los pequeños que abastecen el mercado interno, pero "vemos con preocupación el aumento que también han tenido los valores de los insumos (como fertilizantes), lo que hace disminuir sus márgenes de ganancias", dijo Ruiz.
Por ello, la cartera ha pedido a la Fiscalía Nacional Económica que investigue una eventual colusión entre los proveedores. También puso a disposición de consumidores y productores información semanal de precios hortifrutícolas en supermercados y ferias libres en su sitio web.
Mucech demanda asesoramiento jurídico a los campesinos para que puedan mejorar sus precios de venta en negociaciones con intermediarios y supermercados. Ruiz confirmó que ya se está trabajando en ello.
En Ecuador, 91 por ciento de las 843.000 fincas agropecuarias son familiares, según datos de 2000, y suelen vender sus cosechas a grandes comercializadores, los principales beneficiados por la coyuntura de precios. Los productos que más han subido son la harina y el arroz.
Para apoyar a la agricultura familiar, el gobierno dispone de créditos blandos a través del Banco de Fomento, refinanciación de deudas y la organización de ferias de venta directa al público para eliminar intermediarios.
Según datos oficiales de Argentina, más de 66 por ciento de las explotaciones agropecuarias de ese país son de agricultura familiar. Se trata de unas 150.000 unidades productivas, que ocupan 23 millones de hectáreas, producen 20 por ciento del valor bruto de la producción y 53 por ciento del empleo rural. Pero más de la mitad tiene problemas para su reproducción familiar.
Consultado por IPS sobre si el encarecimiento de los productos benefició al sector, Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino, dijo que "no, todo lo contrario".
"Desde hace 30 años no tenemos ningún beneficio. Todas las políticas del Estado están dirigidas a fomentar los agronegocios, y la agricultura familiar no hizo más que retroceder, muchos (agricultores) fueron directamente expulsados de sus tierras", indicó el agricultor de Lavalle, en la occidental provincia de Mendoza.
"El único eje que se tiene en cuenta —desde el Estado— es la rentabilidad, no se considera la vida comunitaria. Los gobiernos casi no tienen políticas para nosotros. Sólo cinco por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura es para planes asistenciales para nuestro sector, pero no para una política transformadora, sino pequeños subsidios que no producen cambios estructurales", recalcó.
A juicio de Dirven, cualquier apoyo a la agricultura familiar debe estar enmarcado en una política agrícola y de desarrollo rural con visión a 50 años. Los gobiernos deberían apostar especialmente a la renovación generacional en el campo, sostuvo.
*Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Mario Osava (Río de Janeiro) y Kintto Lucas (Quito).
