La empresa estadounidense que opera el complejo metalúrgico de la ciudad peruana de La Oroya, uno de los sitios más contaminados del mundo, afronta un proceso de sanciones por no haber cumplido normas de calidad del aire en 2007.
El reporte del gubernamental Comité Técnico de Calidad del Aire de La Oroya, al que tuvo acceso IPS, establece que el complejo metalúrgico no cumplió las normas de emisiones anuales de plomo ni de material particulado, cuyo límite máximo era de 50 microgramos por metro cúbico de aire.
El documento se basa en informes remitidos por todas las entidades con responsabilidad en el control ambiental de La Oroya.
"Lo que corresponde ahora es imponer las medidas correctivas y sancionadoras y no volver a caer en chantajes de ningún tipo. El Estado ya falló cuando prorrogó el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa sin imponer sanción alguna", dijo a IPS Iván Lanegra, gerente de recursos naturales y medio ambiente de la central región andina de Junín, a la que pertenece La Oroya.
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Las autoridades aceptaron en 2006 prorrogar por tres años el programa ambiental que debía cumplir la empresa para llegar a los límites permitidos de emisiones de dióxido de azufre.
El Estado "falló porque su sistema de fiscalización permitió llegar a esta situación, y no prevenirla antes. Ahora fallaría de nuevo si pasara una vez más por alto el incumplimiento", agregó Lanegra.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería confirmó a IPS que se iniciará un proceso sancionador contra Doe Run y que en dos meses podría conocerse la multa que se le impondrá.
El año pasado, la firma debió pagar más de 230.000 dólares en multas por varias infracciones a las leyes ambientales.
Lo curioso en este caso, es que según el informe del Comité Técnico que coordina el Consejo Nacional del Ambiente, Doe Run consiguió reducir las emisiones de plomo, según los controles mensuales, excepto los efectuados en una de varias estaciones ubicadas en distintos lugares de La Oroya.
Esto llevó al titular de la Dirección General de Salud Ambiental, Fausto Roncal, a sugerir que deberían modificarse las normas para que exista correspondencia entre los resultados anuales y mensuales.
"Las normas del Ministerio de Salud permiten superar hasta cuatro veces el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) mensual. No se ha previsto si esta flexibilidad permitiría cumplir el estándar anual. Por eso las leyes tendrían que cambiarse y establecer un cumplimiento progresivo hasta conseguir la reducción de los agentes tóxicos", dijo Roncal a IPS.
Para Lanegra el problema no es la norma. "Si lo fuera, tendríamos muchas ciudades con una situación similar, y la realidad es que sólo La Oroya tiene este problema".
"De acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no podemos flexibilizar la legislación para favorecer las inversiones (en este caso de Doe Run Perú). Por lo tanto, a lo que tiene derecho la población de La Oroya es a un ambiente sin plomo", agregó.
El informe del Comité Técnico, al que accedió IPS, indica la reducción de emisiones de otros agentes contaminantes como antimonio, talio, bismuto, arsénico y cadmio, y establece que la empresa consiguió controlar 53 por ciento de las llamadas emisiones fugitivas contaminantes del complejo metalúrgico.
En cuanto al dióxido de azufre, Doe Run sólo redujo el año pasado 108,78 toneladas de las 890 que emite cada día la fundición desde 1997, cuando comenzó a operar. Pero las autoridades sólo podrán exigir el cumplimiento de este límite a partir de noviembre de 2009.
La meta es abatir hasta 80,49 por ciento las emisiones diarias de dióxido de azufre, que se destinaría a tres plantas de obtención de ácido sulfúrico. Pero los límites nacionales están muy lejos de los requeridos internacionalmente, han dicho expertos.
El gerente de asuntos institucionales de Doe Run Perú, Víctor Andrés Belaúnde, señaló a IPS que así como no se alcanzaron ciertos parámetros, se lograron avances importantes en otros agentes tóxicos, por lo que se requieren "proyectos adicionales".
Los técnicos de la empresa evalúan qué otras medidas pueden tomarse para remediar la situación, agregó Belaúnde.
El informe también señala que se ha hecho poco para reducir los riesgos de exposición de la población a los agentes contaminantes.
El plan de contingencia que debía ponerse en marcha para proteger a los habitantes de La Oroya de los momentos más críticos de contaminación aún sigue en su fase preliminar de difusión.
Estudios médicos efectuados por la no gubernamental CooperAcción en 1999 y 2003 y por la estadounidense Universidad de Missouri – Saint Louis, en 2005, revelan que la mayoría de los menores de seis años de edad de La Oroya están envenenados con más de 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl). El límite máximo para la Organización Mundial de la Salud es de 10 mcg/dl.
En 2004, la propia empresa confirmó esta realidad mediante un censo de la contaminación sanguínea efectuado en convenio con el Ministerio de Salud. De 788 niñas y niños examinados, sólo uno tenía menos de 10 mcg/dl de plomo.
"El primer responsable es la empresa emisora, pues sólo habrá menor exposición dañina cuando haya menos emisiones contaminantes", señaló Lanegra.
"Las medidas especiales de protección de personas vulnerables sólo funcionan como algo provisional, siempre serán insuficientes. El Estado es el otro responsable", agregó.
Con todo, la vigilancia de la calidad del aire ha mejorado, porque cuatro estaciones suministran resultados en tiempo real y se han efectuado acciones de control epidemiológico en menores de seis años y madres gestantes.
