La crisis alimentaria de los últimos dos meses, con incrementos sustanciales de precios y escasez de productos, resucitó un debate sobre las políticas agrícolas que entremezcla pareceres favorables a reformas estructurales con reclamos de una moratoria inmediata a los biocombustibles.
Las opiniones se multiplicaron esta semana, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la junta ejecutiva de jefes de sus agencias, se dispone a divulgar las recomendaciones para hacer frente a la crisis.
Un experto de la misma ONU, Jean Ziegler, relator especial para el Derecho a la Alimentación, se ilusionó con la posibilidad de que el foro mundial adopte resoluciones para desmantelar la especulación que apuesta a obtener beneficios con las cotizaciones de los productos básicos agrícolas.
Ziegler espera también que la ONU imponga una veda total a la producción de agrocombustibles, porque "es un crimen contra una gran parte de la humanidad", dijo a IPS.
El académico suizo concluye este miércoles su mandato de relator, iniciado en 2000 con la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU y proseguido desde 2007 con el organismo que la suplantó, el Consejo de Derechos Humanos.
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A partir de agosto, Ziegler integrará el Comité Asesor del Consejo, un cuerpo que reemplaza a la también fenecida Subcomisión de Derechos Humanos.
En un balance de su mandato, el relator estimó que el fenómeno de la explosión de los precios del mercado mundial de alimentos se inserta en una tragedia antigua que se prolonga hasta nuestros días: "la matanza cotidiana del hambre".
Cada cinco segundos, un niño menor de 10 años muere de hambre en el mundo, donde a su vez 854 millones de personas carecen de alimentos esenciales, recordó el experto citando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Los precios de los alimentos se han encarecido en 48 por ciento, remarcó Ziegler fundado en la misma fuente. Los cereales aumentaron 130 por ciento, el arroz 74 por ciento, mientras la soja registró incrementos de 87 por ciento, y el maíz de 53 por ciento.
La situación se vuelve crítica en lugares como Malí, un tradicional país agrícola de África, que ahora se encuentra bajo la férula del Fondo Monetario Internacional (FMI) con políticas que lo obligan a importar 83 por ciento de sus alimentos, sostuvo el experto.
Ziegler llamó la atención sobre la disparidad del peso de la alimentación en los ingresos de las poblaciones de los países ricos y pobres. Una familia europea, por ejemplo residente en Ginebra, destina a los alimentos entre 19 y 12 por ciento de sus ingresos. En los países del Sur, la comida se lleva entre 85 y 90 por ciento de los haberes de los habitantes pobres, dijo.
El relator atribuyó a Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, el vaticinio de que antes de que las reformas estructurales tengan efecto, dentro de cinco o seis años, los motines del hambre que han afectado en las últimas semanas a unos 36 países se intensificarán y el número de personas muertas "aumentará de manera espantosa".
Otra experta independiente, Celine Charveriat, de la organización no gubernamental Oxfam, recalcó que además de brindar ayuda urgente a las poblaciones afectadas por la crisis alimentaria, este es el momento para encarar los problemas estructurales que la exacerban, como son la decreciente inversión en la agricultura y las normas comerciales injustas.
Oxfam también comparte la idea de acabar con las políticas de aliento a los biocombustibles en los países ricos porque está "ampliamente reconocido que alimentan los aumentos de precios y la especulación".
Los biocombustibles —etanol y biodiésel— se destilan a partir de vegetales alimenticios como el maíz, la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera, entre otros. Su reciente impulso obedece a que su combustión causa menor contaminación climática que los derivados del petróleo.
Los expertos han pronosticado que los objetivos establecidos en biocombustibles pueden elevar para el año 2025 en otros 600 millones el número de personas con hambre en el mundo.
Ziegler insistió en que una de las principales causas de la crisis alimentaria es la transformación masiva de alimentos en combustibles. Estados Unidos ha quemado una tercera parte de su cosecha de maíz, de 130 millones de toneladas, para obtener etanol, afirmó.
El gobierno de George W. Bush subvencionó con fondos públicos la producción de etanol en 2007. El argumento es que los automotores que ruedan por Estados Unidos contaminan, y el clima está en peligro. Por eso hay que sustituir en lo posible el combustible fósil por el vegetal, que contamina menos, describió Ziegler.
Otro razonamiento que Bush toma en cuenta es que 31 por ciento del petróleo consumido por Estados Unidos proviene del extranjero, especialmente de "regiones que son militarmente poco seguras", como Medio Oriente. Por lo tanto, hay que reducir esa dependencia, mencionó el relator.
En ese contexto, Ziegler aludió a una frase pronunciada por Bush en un discurso, cuando afirmó que con sus yacimientos submarinos, el Golfo de México "se ha convertido en el Golfo Pérsico, sin terrorismo".
El relator de la ONU se refirió a la especulación como otra causa de la crisis. El lugar donde se especula es el Chicago Mercantile Exchange, la bolsa más antigua y la mayor del comercio agrícola mundial, que es dominada por cinco o seis grandes sociedades transcontinentales, dijo.
Por ejemplo, Cargill controla 500 millones de toneladas de la cosecha mundial de cereales, lo que equivale a una cuarta parte del volumen total, de unos 2.000 millones de toneladas, sostuvo. En esas condiciones, tiene un enorme poder sobre los precios, el transporte y el almacenaje, dedujo Ziegler.
También la organización no gubernamental Grain sostuvo que las grandes empresas agroindustriales obtienen suculentos beneficios en medio de la crisis alimentaria mundial.
Cargill, número uno del sector cerealero, aumentó sus ganancias en 86 por ciento durante el primer trimestre de este año. Bunge, otro gran comerciante de alimentos, registró incrementos de 77 por ciento en sus beneficios del último trimestre de 2007.
Grain culpa al FMI y al Banco Mundial por haber presionado en los últimos 30 años a los países para que desmantelaran todas las formas de protección de sus agricultores, abriendo los mercados a la agroindustria mundial, a los especuladores y a los alimentos subvencionados que exportan las naciones ricas.
Así, la mayoría de los países en desarrollo se transformaron de exportadores de alimentos en importadores. En la actualidad, cerca de 70 por ciento de las naciones en desarrollo son importadoras netas en ese rubro, dijo Grain.
