La presidenta chilena Michelle Bachelet cumple este martes dos años de gobierno en medio de un panorama energético complicado y con la probabilidad de que su ministra de Educación sea destituida por el parlamento debido al grave desorden administrativo detectado en su cartera.
Este escenario relega a un segundo plano el principal logro de la actual administración: la aprobación a inicios de este año de la ley que reforma el sistema de pensiones de capitalización individual, vigente desde 1981, y que fue promulgada por la mandataria socialista este martes. Los dos primeros años de Bachelet fueron "cruzados por eventos inesperados que han tendido a eclipsar lo que la presidenta pretende que sea el sello de su gobierno: la protección social", explicó a IPS la politóloga María de los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de la no gubernamental Fundación Chile 21, ligada a la alianza gobernante Concertación.
La centroizquierdista Concertación por la Democracia, en el poder desde 1990, está conformada por los partidos Socialista (PS), Demócrata Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD) y Radical Social Demócrata (PRSD).
"El cuarto gobierno de la Concertación —iniciado el 11 de marzo de 2006 y que finalizará en 2010— se ha visto asaltado por problemas no bien resueltos de administraciones anteriores y por un diseño político débil en materia de prospectiva política, de anticipación a los conflictos", acotó la analista chileno-española.
Tomás Duval, politólogo del no gubernamental Instituto Libertad, vinculado a la oposición derechista, añade otra dificultad que marcó el "primer tiempo" de la presidenta Bachelet: la falta de "consolidación" de su equipo. Esto quedó demostrado en los tres cambios de gabinetes realizados en menos de dos años.
Otro "problema emergente" es la corrupción, indicó el experto a IPS.
A principios de este año, la Contraloría General de la República dio a conocer varios informes que daban cuenta de irregularidades en el funcionamiento del sistema de subvenciones escolares del Ministerio de Educación. Estas se adicionan a otras anomalías identificadas en reparticiones estatales en los últimos años.
El organismo fiscalizador objetó los registros contables de unos 262.000 millones de pesos gastados por la cartera de Educación por concepto de subvenciones entre 2004 y 2007. El gobierno asevera que los dineros cuestionados no fueron robados ni están perdidos sino que sólo existe un desorden administrativo en materia de documentación.
Otras irregularidades descritas por la Contraloría, como el pago de subvenciones a particulares que no estaban autorizados para ello, fueron denunciadas a la justicia por el propio Ministerio en 2006, se defiende el Poder Ejecutivo.
El único funcionario sancionado por el caso es el ex secretario regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana, Alejandro Traverso, a quien después de aceptarle la renuncia, se lo suspendió dos meses de su cargo, lo que lo habilita a volver a la administración pública, en lugar de acoger la sugerencia de destitución efectuada por la Contraloría.
Este hecho, sumado a las confusas explicaciones dadas por la ministra de Eduación, Yasna Provoste (DC), impulsaron a parlamentarios de la oposición derechista a presentar una acusación constitucional en su contra para destituirla.
Desde 1990 a la fecha ninguna acusación de este tipo presentada en contra de un ministro prosperó. Pero la mayoría parlamentaria que ostenta hoy la oposición en las dos cámaras legislativas hace prever que por primera vez en 18 años de democracia pueda ser destituida una secretaria de Estado.
De ser así, Provoste, figura promisoria de la Concertación con aspiraciones senatoriales, quedaría inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos. Para el gobierno se trata de un "juicio político", orquestado por la derecha para obtener beneficios en las elecciones municipales de octubre.
La ministra Provoste, por su parte, dijo sentirse víctima de una persecución personal por ser "una mujer" proveniente de "una familia de clase media". "Con este tipo de acusaciones se está haciendo un Chile crispado", declaró, a su vez, el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Según Fernández, en la actual gestión "se ha revelado la urgente necesidad de enfrentar una nueva etapa de reforma del Estado, dados los problemas que se han presentado en materia de capacidad oportuna de ejecución del gasto, fiscalización del mismo y de calidad de los productos que el Estado suministra".
La politóloga, que está investigando acerca del liderazgo de Bachelet, evaluó la cuestionada capacidad de gobernar de la mandataria en estos dos años.
"Bachelet asumió la conducción del país con un conjunto de atributos que no son los usuales de la gestión de la política tradicional y se propuso, a mi juicio, con una enorme convicción, tratar de 'oxigenar' por arriba un sistema político que está muy petrificado, fosilizado", indicó.
"Con su idea de 'paridad de género', 'renovación de rostros' y 'gobierno ciudadano', Bachelet trató de dar aire fresco y renovación al sistema político chileno", afirmó.
"Sin embargo, éste se ha revelado muy conservador y fuertemente institucionalizado, por lo que cualquier renovación tiene que pasar por un parlamento cuyos miembros muestran una resistencia pertinaz a los cambios y no parecen estar interesados en tomar decisiones que afecten sus intereses de corto plazo", apuntó.
Precisamente, en la agenda legislativa del gobierno para este año está avanzar en la aprobación de la reforma al sistema electoral binominal —que rige para las elecciones parlamentarias y que obstaculiza la representación de grupos minoritarios— y la ley que regula el cabildeo o "lobby".
A ellas se agrega la "reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política", que se discute en el parlamento, y que atañe a aspectos tales como la declaración de patrimonio e intereses, las elecciones primarias dentro de los partidos y el financiamiento de las campañas electorales. Además de seguir impulsando su sello de protección social, Fernández cree que el gobierno "debe superar definitivamente los escollos del Transantiago".
El cuestionado plan de transporte público capitalino iniciado hace un año, que todavía no se normaliza, minó drásticamente la popularidad de Bachelet, hoy entre 42 y 53 por ciento de aprobación ciudadana, según varias encuestas publicadas.
Por otra parte, Bachelet deberá enfrentar la escasez de energía producida por los recortes al gas natural importado desde Argentina (iniciados en 2004), los altos precios internacionales del petróleo y el déficit de lluvias que soporta el país desde el año pasado debido al fenómeno climático de La Niña.
El gobierno no ha descartado la imposición del racionamiento eléctrico para el invierno que se avecina.
Según Fernández, otros de los retos de la actual administración son "desatar los nudos que se han encontrado en materia de política indígena" y "avanzar en políticas y respuestas hacia los dos grupos que, al inicio de su gobierno, más expectativas mostraron: mujeres y jóvenes".
Duval, por su parte, cree que durante este año el campo de acción del gobierno se verá limitado por los comicios municipales.
"Más que embarcarse en nuevas iniciativas, el Poder Ejecutivo se verá obligado a fortalecer las políticas que ya inició, como la reforma previsional y los acuerdos logrados con la oposición en materia de educación y seguridad ciudadana", concluyó el analista.
