Al aliarse en una coalición de gobierno a pesar de su tradicional rivalidad, los dos partidos que obtuvieron la mayoría de los escaños en las últimas elecciones en Pakistán desafiaron la autoridad del presidente Pervez Musharraf.
El Partido del Pueblo de Pakistán, el más votado en las elecciones parlamentarias del 18 de febrero, y la Liga Musulmana de Pakistán se comprometieron, al acordar su alianza, a restituir a los 63 jueces que Musharraf desplazó por negarse a reconocer el estado de emergencia que él impuso el 3 de noviembre.
El Partido del Pueblo de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto, ahora dirigido por su esposo Asif Zardari, y la Liga Musulmana liderada por el también ex primer ministro Nawaz Sharif anunciaron el domingo que se proponen reinstalar a los magistrados en sus despachos dentro de los 30 días posteriores a su asunción del gobierno.
Entre ellos figura el destituido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Muhammad Chaudhry. La medida se adoptará a través de una resolución parlamentaria.
"La restitución de los jueces enviará un firme mensaje a este dictador hambriento de poder, señalándole que la Constitución no puede ser modificada para proteger sus intereses personales", afirmaron Zardari y Nawaz en una declaración conjunta.
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"Musharraf es un presidente inconstitucional. Debe renunciar de inmediato y respetar la voluntad del pueblo de Pakistán, que ha votado contra su dictadura de cinco años", agregaron.
Ambos dirigentes hoy opositores decidieron, luego de algunas vacilaciones y concesiones recíprocas, aislar al presidente, lo que promete una tensa transición hasta que asuman el poder.
La Liga Musulmana accedió a formar gobierno con el Partido del Pueblo a cambio de la fijación de una fecha límite para la reinstalación de los jueces.
El general Musharraf, quien tomó el poder en 1999 en un golpe militar contra el gobierno democráticamente electo de Sharif, ha gozado de un fuerte apoyo de Estados Unidos, sobre todo luego de convertirse en su aliado clave en la "guerra contra el terrorismo" en el vecino Afganistán.
Aunque se hizo elegir presidente en octubre de 2007, antes de renunciar al cargo de comandante de las Fuerzas Armadas, la clara derrota de su partido en las elecciones de febrero debilitó su posición y pone en duda su legitimidad como jefe de Estado.
La reinstalación de los magistrados implicará la anulación de reformas constitucionales impuestas por Musharraf por decreto.
Aitzaz Ahsan, presidente de la Asociación de Abogados de la Corte Suprema, dijo a IPS que "la resolución parlamentaria que restituirá a los jueces arrinconará a Musharraf, quien queda con pocas opciones para evitar su remoción de la presidencia".
"Aunque él continúa insistiendo en que no pueden volver a sus cargos, no tendrá forma de bloquear la decisión de la mayoría parlamentaria", agregó.
Expertos y magistrados no coinciden sobre los pasos necesarios para la reincorporación de los jueces que se enfrentaron con la dictadura de Mushrraf.
El fiscal general, Mohammad Qayyum, opinó que "según la Constitución, no se puede hacer a través de una decisión parlamentaria". Además, advirtió, tal resolución "representará una confrontación directa con el presidente".
Pero el constitucionalista y ex fiscal general Fakhruddin G. Ebrahim, aseguró que "una mayoría de dos tercios es suficiente para anular las reformas constitucionales de Musharraf y no constituirá una acción ilegal".
Ebrahim recordó que los magistrados fueron separados de sus cargos por Musharraf en su condición de jefe del ejército, ignorando un pronunciamiento de la Corte Suprema contra la instauración del estado de emergencia horas antes de que lo proclamara.
Lo hizo para evitar un pronunciamiento del máximo tribunal contra su candidatura a la presidencia, ya que se presentó y fue elegido cuando aún era jefe del ejército en funciones.
Todo esto, agregó, puede ser revertido incluso con una resolución legislativa aprobada por mayoría simple.
Pero el problema no termina allí. Según Ahsan, todas las medidas inconstitucionales de Mushrraf, incluida su candidatura presidencial, serán revisadas por los jueces cuando recuperen sus cargos.
"Creo que las consecuencias de esto ya son suficientemente claras en este momento", dijo. El presidente afronta un futuro sombrío.
Altos dirigentes del Partido del Pueblo y la Liga Musulmana de Pakistán señalaron a IPS que tras la reposición de los jueces pedirán la renuncia de Musharraf. Si se niega, agregaron, le iniciarán juicio político.
Pero "Musharraf está decidido a completar su mandato de cinco años y no renunciará, pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia", dijo a IPS el portavoz presidencial y general retirado Rashid Qureshi.
Según Qayyum, cualquier decisión que adopte la legislatura será anulada por la actual Corte Suprema, designados "a dedo" por Musharraf.
Pero reconoció que cualquier intento del presidente para obtener su apoyo generará resistencias en la "fraternidad judicial", que ya no deberá temer la represión cuando un gobierno surgido de las urnas se encuentre ejerciendo el poder.
Qayyum descartó que el presidente emplee sus poderes extraordinarios para disolver el Parlamento. Ha pasado muy poco tiempo de las elecciones en las que fue claramente derrotado por la oposición y, admitió, "el alto mando de las fuerzas armadas ha tomado distancia de él".
