«En cuanto a la organización terrorista de las FARC, comienzo por calificarla como lo acabo de hacer», contestó el juez español Baltasar Garzón ante una pregunta periodística durante su visita a Costa Rica.
"Nada en un país democrático se puede conseguir por la violencia, porque el estado democrático no puede ceder nunca a ese desafío", dijo Garzón en un improvisado diálogo con varios periodistas, en el Foro Humano 2008 – La Sinfonía de la Transformación, celebrado desde el martes hasta este jueves en San José por la Alianza para la Nueva Humanidad.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) son una vieja insurgencia de América del Sur, alzada en armas en 1964. Los países latinoamericanos han eludido definirla como "terrorista", como reclama Bogotá y como han hecho desde 2001 Estados Unidos y la Unión Europea.
El gobierno de Venezuela solicitó este año que se le reconozca estatus de beligerancia como paso para ayudar a un proceso de pacificación en Colombia, cuyo conflicto tiene en vilo a sus vecinos.
Garzón adquirió notoriedad internacional en 1998 por librar orden de detención contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006), que se encontraba en Londres, por asesinatos de ciudadanos españoles y crímenes contra la humanidad cometidos por su régimen (1973-1990).
Aunque el intento no prosperó, abrió en Chile un cauce de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. A continuación, una síntesis de las preguntas a las que contestó el magistrado.
— ¿El respeto a los derechos humanos es mayor o menor que hace 10 años?
— No se puede generalizar. Hay grandes avances en la defensa de derechos humanos, pero también ha habido grandes retrocesos, y estamos recuperando esa pérdida de espacio que nunca se debió de producir, sobre todo en aquellos ámbitos que afectan más directamente al ser humano como es el caso del terrorismo.
Afrontar la lucha contra el terrorismo con una perspectiva de legalidad resulta básico. No hacerlo así, aparte de infringir esos principios básicos de la ley, es una equivocación, que pagamos todos los ciudadanos. No es que mi voz sea crítica contra unos u otros, sino que es de denuncia permanente y a la vez de exigencia.
— ¿Considera que la Corte Penal Internacional es un instrumento efectivo?
— Es un organismo judicial absolutamente necesario, pero sería mucho más eficaz si países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel o tantos otros, se unieran. Es un gran fracaso para la humanidad que todavía haya mucho líderes que no estén dentro de la Corte Penal Internacional, porque creo que es la iniciativa de paz más importante que se ha producido en los últimos 40 años. Se trata de dar una respuesta desde el derecho a la barbarie de las formas más graves de criminalidad contra el ser humano.
—¿Qué opina sobre las FARC?
— En cuanto a la organización terrorista de las FARC, comienzo por calificarla como lo acabo de hacer. Desde hace mucho tiempo ya tendría que haber desaparecido. Nada en un país democrático o en el que se busca una pacificación se puede conseguir por la violencia, que no conduce a ningún sitio, porque el estado democrático no puede ceder nunca a ese desafío. Lo que procede es la reflexión, el abandono de la violencia. A partir de ahí es cuando puede comenzar el diálogo y apuntar soluciones.
— ¿Cómo vio la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC?
—Es un tema resuelto con la decisión de condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e incidir sobre lo mismo, cuando quien debía opinar ya lo ha hecho, no conduce a ningún sitio. Afortunadamente, el desencuentro diplomático producido por ese hecho, reconocido por las autoridades colombianas, se ha solucionado.
El diálogo y el entendimiento se imponen en estos problemas que pueden existir entre países vecinos. Para que haya una violación de fronteras tienen que existir esas fronteras, y mientras eso sea así hay mecanismos para solucionar el conflicto.
— Desde Estados Unidos se dice que si ha existido cualquier tipo de relación entre las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela, estos dos países se podrían incluir en la lista de naciones terroristas. ¿Qué piensa de esta lista?
— Es una decisión política y yo no tengo por qué elevar una crítica o no contra la misma. No estoy de acuerdo con ese tipo de listas. Es muy difícil hoy día afirmar que hay estados como tales que desarrollen o apoyen el terrorismo, o cuando menos no me consta que estén en este hemisferio.
Otra cuestión es que haya datos, documentos, elementos que puedan relacionar a personas con actividades concretas. En el ámbito de la justicia penal son los hechos los que mandan y son las pruebas de esos hechos los que establecen la pauta a seguir.
— ¿Cuál es la vulnerabilidad de América Central ante el terrorismo?
— El problema del terrorismo internacional es asimétrico, la amenaza no afecta por igual a todas las partes del mundo, pero es una amenaza real que en cualquier momento puede producir una incidencia. No estamos en la mente de los terroristas, por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser sus planes, lo importante es que todos nos preparemos con los instrumentos y armas necesarios para hacer frente a una amenaza de ese tipo.
— ¿Cómo vio el tratamiento de la justicia de Chile a Pinochet?
— Lo importante es que se puso en funcionamiento la maquinaria judicial, que las dificultades que existían fueron salvadas, que Chile con su sistema judicial puesto en marcha está dando una respuesta, que desgraciadamente no pudo verse el juicio contra Augusto Pinochet. Creo que era lo que merecían y a lo que tenían derecho las víctimas. Ahí fracasamos, pero también es verdad que se puso ante la justicia a quien siempre había estado fuera de la misma.
— ¿Cree que ya nadie que perpetre un crimen de lesa humanidad puede escapar al castigo?
— Digo que existen los mecanismos legales en cada país y en la comunidad internacional, y en virtud del principio de justicia penal internacional, para que la respuesta de ciertos crímenes que tienen la catalogación de crímenes internacionales sean investigados, perseguidos, y sus responsables juzgados. Si no se hace, habrá otras razones que lo impidan, pero desde luego, legalmente es posible hacerlo.