Las pandillas salvadoreñas están cambiando sus métodos para reclutar nuevos miembros, especialmente niños, en los barrios marginales de San Salvador, afirman autoridades.
Las maras (pandillas) Salvatrucha y 18 han modificado su estrategia para sobrevivir a las redadas policiales, y mantener el control de los barrios donde operan.
Sólo en 2007, la policía informó de más de 7.000 presuntos pandilleros arrestados, como parte del plan "súper mano dura" contra la delincuencia del gobierno de Antonio Saca.
Ambas maras han eliminado el tradicional ritual de iniciación, conocido como "brincarse". La Mara Salvatrucha exigía soportar golpes y patadas durante 13 segundos sin oponer resistencia. En la Mara 18 el plazo era de 18 segundos. El objetivo era demostrar resistencia al dolor.
También prohíben a los nuevos miembros el uso de tatuajes en el torso, antebrazos y rostro. Se trata, en apariencia, de intimidar menos a los niños y adolescentes.
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"La edad de ingreso a las pandillas ha disminuido" en los últimos meses, dijo a IPS "Fénix" una "calmada" de la MS.
En la jerga ser un calmado equivale a pasar a retiro, pero no abandonar el grupo porque "de la mara sólo se sale muerto", dijo "Fénix", que prefirió omitir su nombre por razones de seguridad.
La joven trabaja ahora para una institución gubernamental, tras cuatro años dentro de la MS.
"Pedí permiso para calmarme porque estaba embarazada y porque me hice evangélica, pero esperé a que ellos me autorizaran, si no, no podía salir", dijo.
"Fénix" se ha sometido a un programa para remover sus tatuajes, pero lo ha hecho a escondidas "porque si los miembros de mi 'clica' (célula) me descubren lo tomarían como un insulto y me matarían", agregó.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) asegura que la edad de ingreso se ha reducido de 14 a 12 años. Y un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que las maras incorporan a niños hasta de nueve años.
Según Óscar Bonilla, presidente del CNSP, las clicas, que controlan una zona específica de un barrio, ofrecen "zapatos y ropa de marca, dinero y todo cuanto sea atractivo para los chicos" (niños).
En su opinión, la estrategia tiene un doble propósito: recomponer sus filas diezmadas e incorporar integrantes que, por ser menores, no puedan ser procesados por quebrantar la ley.
"En base al modelo jurídico que surge de los acuerdos de paz, de protección al menor, el sistema no los puede acusar cuando cometen delitos graves como un homicidio", dijo Bonilla a IPS.
Los acuerdos pusieron fin a la guerra civil transcurrida entre 1980 y 1992.
La Ley del Menor Infractor, vigente desde hace 15 años, tenía como fin educar y readaptar a los menores de 18 años de edad que hubieran infringido la ley, pero que no pueden ser juzgados, como los adultos, según el Código Penal.
De acuerdo con esa ley, un Tribunal de Menores debe determinar medidas de internamiento en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Para la policía, esta ley es sumamente "garantista".
Con casi 49 asesinatos por cada 100.000 habitantes, El Salvador encabezó el año pasado la incidencia de este delito en la región, según datos del Observatorio Centroamericano de Violencia.
El Instituto de Medicina Legal asegura que el promedio diario de asesinatos fue de 9,3 en 2007.
Sin embargo, en 2006 sólo se pudo comprobar la participación de miembros de las maras en menos de 12 por ciento de los casos de asesinatos que llegaron a los juzgados.
En lo que va del año, fueron arrestados 39 menores acusados de extorsionar a empresarios del transporte en el municipio de Soyapango, que forma parte del área metropolitana de San Salvador, dijo el jefe de la delegación policial, Oscar Aguilar.
Según Aguilar, tanto la Mara Salvatrucha como la 18 emplean a los menores en el cobro de "renta" (extorsión) a comerciantes y transportistas de la periferia de la capital.
El presidente del CNSP asegura que las pandillas también recurren a los menores para tareas de vigilancia de los movimientos de la policía, en una red de traslado de armas cortas y de pequeñas cantidades de droga (narcomenudeo) porque "nadie va a sospechar de un niño".
Pero el sacerdote salesiano Pepe Morataya, que dirige un proyecto de rehabilitación para personas que abandonaron las pandillas en Soyapango, "las maras han crecido en la oscuridad porque han aprovechado que la sociedad es incapaz de abordar el problema en su conjunto".
Soyapango es el municipio más poblado después de San Salvador y el segundo más violento del país.
Morataya, quien preside el Polígono Industrial Don Bosco, dijo a IPS que en El Salvador "los abordajes para solucionar el problema de las maras han sido partidistas o religiosos. Al final, esto ha sido como una medicina mal aplicada".
Para Marcela Smutt, coordinadora de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el problema "de las pandillas, en la medida en que ha ido evolucionado, se ha vuelto más complejo".
"Hay investigadores que tienen la impresión de que el fenómeno de las pandillas ha ido envejeciendo en los años. Pero no tenemos datos precisos que nos puedan dar una información con la que podamos asegurar que estén entrando menos o más jóvenes", dijo Smutt.
Si bien hay integrantes de 30 ó 40 años de edad, la mayor parte de ellos están ahora tras las rejas o muertos.
Mientras, niñas y niños de los barrios pobres conviven a diario con las pandillas.
Adonai tiene ocho años, vive en la comunidad 22 de Abril, en Soyapango y relató a IPS que los pandilleros balearon a uno de sus amigos "cuando estaba jugando piscucha" (como les llaman a las cometas en El Salvador) porque no quiso colaborar.
"Los mareros a veces me dan 'coras' (25 centavos de dólar) por llevar recados", dijo.
Aquí, el CNSP desarrolló hace cinco años un proyecto piloto para rescatar al barrio.
Pero la falta de presupuesto y la llegada de nuevos mareros hicieron fracasar el intento.
El pandillerismo está determinado por razones económicas y sociales, según coinciden la mayoría de investigaciones, con elementos como la marginalidad y el desempleo, entre otros.
Según el Ministerio de Economía, casi 43 por ciento de la población es pobre y casi 19 por ciento es indigente.
Las maras surgieron en los años 80 en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, en ámbitos de la emigración salvadoreña hacia ese país. Concluidos los conflictos que marcaron a América Central, la justicia de Estados Unidos deportó a los que tenían antecedentes penales.
Paulatinamente, el modelo fue extendiéndose a Honduras, Guatemala y la frontera sur de México.
Estados Unidos considera que son "organizaciones trasnacionales" y la policía salvadoreña asegura que son parte del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y armas, así como la trata de personas.
