Desde la llegada al gobierno de Perú de Alan García hace un año y ocho meses, 17 policías han muerto a manos de un mismo grupo armado, calificado por las autoridades de narcoterrorista por ser un emergente de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso vinculado a las mafias de las drogas.
Como resultado del número de víctimas, la oposición política en el Congreso legislativo sentó en el banquillo a los ministros encargados de las políticas antidrogas y contrainsurgente por considerarlas equivocada y débil.
"El gobierno está perdiendo esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo por la ausencia de una estrategia efectiva para vencer a estas organizaciones y por falta de voluntad política para ver todos las aristas del problema", manifestó a IPS la legisladora Elizabeth León, del partido de centroizquierda Unión por el Perú.
Ante el pedido de explicación por parte de León y de otros parlamentarios concretado esta semana en sesión especial del cuerpo, los ministros Luis Alva Castro, de Interior, y Antero Flores Araoz, de Defensa, atribuyeron responsabilidad a las limitaciones para ejecutar un plan integral contra "el narcoterrorismo" debido a que el Ministerio de Economía no les aprueba los recursos que necesitan.
El gobierno de García señala a los autores de los ataques de narcoterroristas, porque, según informes de inteligencia, se trataría de organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas e integrada por sobrevivientes de Sendero Luminoso, autor de múltiples masacres de civiles en los años 80 y 90, que operan en las zonas donde se produjeron las emboscadas contra los policías.
Debido a que las acciones violentas han generado una gran preocupación en el país, la Comisión de Defensa del Poder Legislativo convocó también al ministro de Economía, Luis Carranza, para la próxima semana. Los parlamentarios, además, proponen debatir la aprobación de un crédito suplementario para la lucha contra los grupos irregulares y el narcotráfico.
Una de las zonas más críticas de violencia es el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) que alberga tres regiones del centro y oriente del país: Ayacucho, Cusco y Apurímac.
Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Aste Daffós, el VRAE es "la mayor amenaza" que existe en el país, porque alberga a narcotraficantes de gran nivel de organización, a miembros de Sendero Luminoso y contiene un colchón de pobreza que ha tentado a los pobladores a apoyar actividades ilícitas.
De los siete atentados más graves que se han consumado en el período de García, cuatro tuvieron como epicentro el VRAE y fue en respuesta a la incautación policial de insumos químicos para la elaboración de cocaína, así como pasta básica y clorhidrato de cocaína.
Según cifras oficiales, 54,3 por ciento de los habitantes del VRAE viven en la pobreza y 44,8 por ciento en la indigencia. El 60 por ciento de la población no cuenta con ningún tipo de instalación sanitaria, 78 por ciento no tiene acceso al alumbrado público, 49 por ciento sufre de desnutrición crónica y 30 por ciento es analfabeta.
"El problema es muy complejo y requiere de un trabajo coordinado con todos los sectores", dijo a IPS el almirante Aste Daffós.
En la misma línea que los ministros de Defensa y de Interior, el alto mando militar señaló que desde 2001 se redujeron los recursos de las acciones militares para la lucha antisubversiva.
IPS pudo conocer que en 2007 se destinó 10,7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para operar en el VRAE y este año ya se aprobó la entrega de 27,8 millones de dólares de los 64,6 millones que solicitaron para este mismo destino.
En la lucha antinarcóticos, la situación es muy similar debido a que hasta 2006 con el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se calculaba que el Estado apenas invertía cuatro millones de dólares para el combate contrainsurgente de los 124 millones destinados a la lucha antidrogas, debido a que 90 por ciento proviene de la cooperación internacional.
Con García se ha valorizado todo tipo de acciones que desempeñan los distintos sectores del Poder Ejecutivo en los valles cocaleros, con lo cual hoy se habla de que el monto de inversión llega a 130 millones de dólares.
Mientras, los ataques contra las fuerzas de seguridad pública continúan y la producción de cocaína crece.
En 2006 se registró una producción potencial de 280 toneladas de cocaína en Perú, el doble de lo que se consignó en 2000, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) contenidas en su informe de 2007.
De Perú sale 28 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, lo cual lo coloca como el segundo productor después de Colombia.
Pero no todo es un problema de logística y falta de dinero. Para el especialista en temas de seguridad y narcotráfico Ricardo Soberón existe "un error táctico".
"Para mantener el patrullaje se necesita dinero, pero la zona del VRAE amerita un sistema de seguimiento desde las zonas altas para tener espacios controlados, con capacidad de acción. Desde hace dos años seguimos con el mismo sistema de inmovilidad de las bases antisubversivas y sin acercarnos a los lugares de control del narcotráfico", dijo el experto a IPS.
El gobierno ha anunciado que destinará para las operaciones en el VRAE helicópteros Mi-17 reparados en Rusia, reubicará bases contrainsurgentes e instalará otras. El jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha prometido que en un año o dos tendrá resultados.
La atención del Estado a las necesidades sociales y económicas de las zonas donde imperan las organizaciones ilícitas también es otro aspecto débil según los legisladores y especialistas.
"El Estado en lugar de acercarse a la población de esos lugares para involucrarla en el desarrollo se convierte en su enemigo cuando los ministros y hasta el presidente la acusa de ser cómplice de los narcotraficantes sin darle otra opción de vida", manifestó la legisladora León, quien representa a la región central de Ayacucho.
León entiende que hay habitantes vinculados con las actividades ilícitas por un sentido de supervivencia y que por eso el Estado debe concretar en el corto plazo la construcción de carreteras y obras de inversión social.
Ante estas críticas permanentes, el gobierno asignó el año pasado 29,2 millones de dólares para obras de infraestructura, electrificación, instalación sanitaria y demás proyectos bajo el denominado Plan VRAE. Después de un año no se tiene conocimiento del avance de ejecución. "Sabemos que el reto principal es conseguir ganarle al narcotráfico en los bolsillos de los agricultores para que puedan dejar el cultivo de la hoja de coca que sirve de insumo para elaborar la droga", dijo a IPS el jefe político del Plan VRAE, Jorge Durand.
Entre otros aspectos que se le exige al gobierno para afinar la lucha contra las mafias es capitalizar a las organizaciones sociales como los comités de autodefensa (ronderos armados), que cumplieron un rol importante en los años 80 y 90 en la lucha contra la guerrilla y ahora habrían sido postergados.
