Las autoridades de Nicaragua se enfrentan al dilema de fomentar la creación de miles de empleos a través del desarrollo inmobiliario de la capital del país o priorizar el abastecimiento futuro de agua para sus 1,2 millones de habitantes.
El debate comenzó en febrero, cuando cinco alcaldías de Managua y su periferia acordaron aprobar una veda para la construcción de viviendas en la zona sur, un área rural y boscosa donde se encuentran las napas de agua subterránea que sirven para abastecer a la ciudad.
Dionisio Marenco, alcalde del municipio central de Managua, principal impulsor de la veda, explicó a IPS que durante 17 años las empresas urbanizadoras de la ciudad estuvieron deforestando la zona y construyendo proyectos habitacionales bajo poco control estatal.
"En nombre de la libertad de empresa y del progreso han afectado los recursos hídricos de la ciudad y el país. En esa zona devastaron bosques sin control, removieron tierras, hicieron desaparecer fuentes de agua y estaban contaminando las reservas que van a abastecer la ciudad por los próximos 30 años", afirmó.
Según la denuncia de los alcaldes, las empresas no estaban respetando las normas de construcción, volcaban las aguas servidas en las napas subterráneas, estaban saturando los suelos de residuos de concreto y otros materiales contaminantes e ignoraban las medidas de seguridad en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
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La declaración de veda contó con el respaldo de los consejos municipales de El Crucero, La Concepción, Managua, Nindirí y Ticuantepe, a los que se sumaron la Presidencia de la República, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
Ruth Selma Herrera, presidenta ejecutiva de Enacal, informó que en la zona de veda se construyen 355 proyectos urbanísticos, que supuestamente no han presentado para su aprobación los estudios de factibilidad de la infraestructura para tratamiento de aguas.
Además, agregó, las compañías utilizan el agua sin pagar por las conexiones ni el servicio, pese a que la Ley de Aguas establece que el líquido extraído de cualquier fuente es del Estado y debe someterse al control de las instituciones oficiales.
"Hacen negocios sin pagar, sin racionalizar el recurso. Lo contaminan y se niegan a parar sus construcciones", dijo Herrera a IPS.
A causa de la tala de árboles, el crecimiento desordenado de Managua y la falta de inversión en el sistema de drenaje y abastecimiento en los últimos 17 años, "hay zonas de Managua donde no podemos bombear el agua y tenemos que racionarla hasta 12 horas al día, mientras las empresas la contaminan y agotan el recurso a diario", señaló Herrera.
La decisión de las autoridades ambientales y municipales provocó la airada protesta de la Cámara de la Construcción y otras entidades del sector inmobiliario.
Alfonso Silva, presidente de la Cámara de Urbanizadores, aseguró que la actividad, con una inversión de alrededor de 200 millones de dólares, genera empleo para 25.000 cabezas de familia y reduce el alto déficit de viviendas del país.
"Nicaragua tiene una tasa de desempleo superior a 30 por ciento y un déficit de más de 500.000 viviendas. En estas condiciones de pobreza extrema no podemos estar impidiendo el desarrollo y afectando la economía", dijo Silva a IPS.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. En un informe de enero de 2007, el organismo mundial señaló que 47 por ciento de sus 5,1 millones de habitantes viven debajo de la línea de pobreza. La indigencia llega a 14,9 por ciento.
"Somos conscientes de que el país debe proteger los recursos naturales, pero sin afectar las inversiones y el desarrollo. Si alguna empresa no cumple con las reglas del juego que la sancionen, pero que no nos castiguen a todos por igual", agregó Silva.
El diputado Agustín Jarquín Anaya, aliado del gobernante Frente Sandinista, dijo a IPS que la veda de construcción de viviendas en la zona en crisis es "saludable y loable", pero que deben explorarse opciones para la inversión privada afectada.
"No debemos ser tan drásticos. Hay que buscar alternativas de solución que ayuden a conservar las fuentes de agua y que no afecten el crecimiento económico de la nación", agregó.
Para Cirilo Otero, presidente del Centro de Investigaciones de Políticas Ambientales, el problema es complejo por la pobreza del país.
"Por un lado Nicaragua tiene el compromiso ambiental de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio y por otro lado debe responder a la necesidad de la población de encontrar empleo", señaló.
Aprobadas en 2000 por la Asamblea General de la ONU, las metas del milenio plantean reducir para 2015 la indigencia y el hambre, garantizar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, bajar los índices de mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida y otras enfermedades, proteger el ambiente y buscar alianzas mundiales para el desarrollo.
En ese marco, Nicaragua debería asegurar agua limpia y saneamiento a 2,5 millones de personas antes de 2015 para cumplir con uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Se ha avanzado poco hacia esa meta. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado en Managua en 2007, señaló que más de 70 por ciento de los nicaragüenses no tiene acceso al agua potable.
Según Víctor Campos, especialista en recursos hídricos del ambientalista Centro Humboldt, el problema del abastecimiento de agua en Nicaragua no se produce por escasez de ese recurso.
"Si algo tiene Nicaragua es agua: 15 por ciento de su territorio es líquido. El país entero es un enorme manto acuífero, lo que hace falta es saber explotar las fuentes y eso requiere inversión y estudios", dijo Campos.
