La policía antiterrorista peruana desmanteló la Coordinadora Continental Bolivariana – Capítulo Perú (CCB-CP), de inspiración chavista, a la que atribuye vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC.
Los países latinoamericanos han eludido declarar a las FARC terrorista —como hacen Estados Unidos y la Unión Europea—, pese a los pedidos de Bogotá. Lima utiliza a veces ese calificativo para referirse a la insurgencia campesina colombiana surgida en 1964.
La Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) arrestó el 29 de febrero, en la frontera de Perú con Ecuador, a siete personas que regresaban al país luego de participar en el Segundo Congreso de la CCB en Quito, que se realizó entre el 24 y el 27 de ese mes. Un juez dispuso mantenerlas en prisión e inició proceso contra ellas.
La Dircote informó a la justicia que uno de los detenidos, Roque Gonzales La Rosa, líder de la delegación peruana al congreso, estuvo preso ocho años por haber militado en el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), la menor de las dos insurgencias que protagonizaron la guerra interna de Perú (1980-2000).
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El 1 de noviembre de 1995, Gonzales La Rosa formó parte del comando del MRTA que secuestró al político y empresario boliviano Samuel Doria Medina, cuya familia pagó 1,4 millones de dólares por su rescate. El dinero sirvió a los "tupacamaristas" para financiar la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, Morihisa Aoki, el 17 de diciembre de 1996.
La policía identificó a otros cinco ex tupacamaristas vinculados a la CCB-CP, entre ellos el chileno Alejandro Astorga Velásquez, ex miembro de la fuerza especial del MRTA, que se dedicaba al secuestro y la extorsión. Astorga también cumplió una condena de prisión en Perú.
"Es verdad. Yo fui sentenciado a 11 años de cárcel por el caso Doria Medina y estuve preso nueve años. Salí en 2005 y, desde esa fecha, firmo cada mes un libro de registro y soy objeto de vigilancia policial", dijo a IPS Gonzales La Rosa, ahora recluido en el penal de máxima seguridad de San Jorge, en Lima.
"Pero ya no milito en el MRTA y me dedico a actividades políticas legales. Los que participamos en la guerra interna tenemos todo el derecho de hacer política. No puedo ser perseguido por mis ideas. Soy un político de izquierda. La CCB-CP no es una organización terrorista, ni ninguno de sus componentes", agregó.
"También es cierto que hay algunos que alguna vez estuvieron presos por su militancia en el MRTA, pero ahora ya no. No nos pueden cerrar las puertas de la legalidad", subrayó Gonzales La Rosa.
El gobierno considera que el desaparecido MRTA pretende reactivarse utilizando como pantalla a la CCB-CP y que un elemento clave de ese proceso son los ex reclusos tupacamaristas de amplia experiencia conspirativa, alega, además de Gonzales La Rosa, nexo con las FARC, según las autoridades.
"Todo es falso. Son afirmaciones sin sustento. Se han fabricado evidencias para inculparnos. Nosotros, reitero, no somos terroristas. Somos víctimas de una caza de brujas contra la izquierda y la oposición", insistió Gonzáles La Rosa.
Una fuente de la policía peruana mostró a IPS fotografías de un seguimiento realizado a varias personas que participaron en Lima de la "Cátedra Bolivariana José Carlos Mariátegui" en 2006. En las imágenes se observa a Gonzales La Rosa presidiendo una mesa junto con el intelectual, periodista y escritor comunista dominicano Narciso Isa Conde.
La policía también exhibió, como presuntas pruebas de ese nexo, imágenes de Isa Conde al año siguiente, vistiendo uniforme de las FARC en una reunión con el comandante "Iván Márquez", miembro del secretariado de esa guerrilla campesina.
"Isa Conde es un propagandista de las FARC y por lo tanto un colaborador del terrorismo internacional, y todos los que cumplen sus instrucciones también lo son. Ese es un delito que aquí en Perú está penado", dijo a IPS la fuente de la Dircote.
Y "es al mismo tiempo promotor de la CCB en el continente. Vino aquí a alentar la organización de una filial peruana, con Gonzáles La Rosa a la cabeza", agregó.
La policía señala, como ejemplo del vínculo de la CCB-CP con las FARC, que en el sitio de Internet de la Coordinadora hay un enlace con la Agencia Bolivariana de Prensa, que a su vez ofrece acceso a información de las actividades de las FARC y recoge expresiones de solidaridad de distintas organizaciones, entre ellas del MRTA, por la muerte de "Raúl Reyes", integrante del secretariado de la guerrilla colombiana.
Reyes, portavoz internacional de las FARC, fue muerto el 1 de marzo por un ataque armado colombiano contra un campamento de la guerrilla en territorio ecuatoriano, que provocó una grave crisis política en la región.
Pero, de hecho, la CCB dice tener entre sus miembros a las FARC-EP (Ejército del Pueblo) y tiene en sus enlaces a "nuestras organizaciones" el del sitio oficial de esa insurgencia.
"Isa Conde vino a Lima como invitado y no tuvo problemas con la policía porque no registra ninguna orden en su contra. La actividad en la que participó fue abierta, pública, de ninguna manera clandestina, y se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con conocimiento de las autoridades. No hubo nada ilegal", señaló Gonzáles La Rosa.
"Narciso es conocido en República Dominicana porque tiene un programa de televisión y escribe en los más importantes medios. Y respecto de la reunión con las FARC, se trató de un trabajo periodístico que se publicó en distintos medios. Que uno se reúna con las FARC no lo convierte en terrorista. Esa campaña es una infamia", agregó.
El gobierno de García ha emprendido una fuerte campaña contra los grupos que considera chavistas, como la CCB-CP y las Casas del Alba, organizaciones de solidaridad creadas bajo la influencia de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), promovida por Chávez para oponerse a la extinta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que auspiciaba Washington.
El oficialismo consiguió que el Congreso legislativo aprobara la creación de una comisión especial para que investigue el financiamiento de las Casas del Alba.
El opositor Partido Nacionalista, cuyo líder Ollanta Humala recibió el respaldo de Chávez en la campaña para las elecciones presidenciales de 2006, y organizaciones de derechos humanos consideran que García ha desatado una caza de brujas contra la izquierda para apagar las protestas por su política económica.
El portavoz del bloque nacionalista, Cayo Galindo Sandoval, dijo a IPS que "no se puede sancionar, ni perseguir ni coaccionar a nadie por su ideología, a menos que dicha ideología promueva el terrorismo". Entre los nacionalistas peruanos y Chávez "hay una hermandad ideológica", añadió.
Galindo aclaró que su partido apoyó la constitución de la comisión investigadora del financiamiento de las Casas del Alba "porque si no lo hacíamos nos iban a acusar de encubridores, de modo que esperamos que esa comisión no se convierta en un medio para la persecución ideológica".
Según Galindo, "este gobierno está diciendo que 'ideologías violentas' están penetrando en los grupos sociales que protestan contra su política. Nosotros, que defendamos causas sociales justas, consideramos que hay una persecución contra el nacionalismo y nuestro líder Humala".
La percepción de que el gobierno pretende atribuir las protestas populares a supuestos "infiltrados terroristas" es compartida por el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
"Efectivamente, el gobierno sostiene que hay promotores del terrorismo detrás de las movilizaciones, pero no ha sustentado sus acusaciones", dijo a IPS. "Lo que me preocupa es que con ese tipo de acusaciones se pretende implicar a dirigentes sociales. Es una situación verdaderamente peligrosa", concluyó.
