El juicio histórico del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que debe decidir si es constitucional del uso científico de embriones humanos, no terminó, pero su desenlace ya puede considerarse un tiro por la culata para los patrocinadores de la acción.
No sólo es previsible que la votación final confirme la constitucionalidad de la Ley de Bioseguridad que autoriza investigaciones con embriones congelados hace más de tres años en clínicas de reproducción asistida, sino que abre nuevas perspectivas para el debate y una legislación más liberal sobre el aborto y otras cuestiones relacionadas con la vida.
El juicio iniciado en la tarde del miércoles fue interrumpido cinco horas después, pero los votos de por lo menos cuatro de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) ya son conocidos y favorables a los estudios científicos.
Además, el análisis del relator del proceso, el magistrado Carlos Ayres Britto, desarmó el argumento que cuestionaba las investigaciones con células madre embrionarias, y que iba dirigido a una definición del inicio de la vida humana como premisa básica.
La acción que solicitó al STF declarar inconstitucional el artículo quinto de la Ley de Bioseguridad argumenta que la vida empieza en la fecundación y, por lo tanto, cualquier uso no reproductivo del embrión viola el derecho a la vida asegurado por la Constitución.
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Britto destacó la diferencia entre embrión, feto y persona humana, señalando que son "realidades que no se confunden" y que la Constitución brasileña no se refiere al inicio de la vida humana, sino que sólo protege derechos durante la vida humana que "transcurre entre el nacimiento con vida y la muerte cerebral".
Los embriones en cuestión, obtenidos in vitro, no llegarán a ser fetos si no son introducidos en úteros maternos, es decir "no caminan hacia su humanización", "no hay persona humana embrionaria", arguyó.
"Es necesaria la vida post parto para ganar personalidad ante el derecho", y la Constitución y el orden jurídico brasileño sólo relacionan derechos y garantías individuales con un "ser humano ya nacido", recalcó el juez. La carta magna atribuye derechos a las personas adjetivadas como "residentes en el país" y "no residentes en tubos de ensayo", ironizó.
La legislación brasileña acompaña esa interpretación, por lo que la interrupción de un embarazo resultante de violación o que ponga en riesgo la vida para la madre fue legalizada hace muchas décadas y nunca fue considerada inconstitucional, acotó Britto para justificar su voto a favor de las investigaciones con células embrionarias.
Esas tesis, proferidas por un juez del STF legitiman posiciones que antes eran atribuidas sólo a "las feministas, como opiniones contaminadas", por ejemplo, la defensa del aborto de fetos sin cerebro, dijo a IPS una de las coordinadoras del grupo Católicas por el Derecho de Decidir, Dulce Xavier.
Además, son concepciones acordes con la opinión popular. Una encuesta patrocinada por el grupo y divulgada el 3 de marzo indicó que 95 por ciento de las 2.000 personas entrevistadas son favorables a las investigaciones con células embrionarias, informó la activista. Entre los católicos, 75 por ciento fueron totalmente favorables y 19 por ciento parcialmente, acotó.
El juicio se interrumpió cuando el magistrado Carlos Alberto Direito, el segundo votante, pidió más tiempo para estudiar el proceso, argumentando que su "complejidad" exige mayor reflexión. Conocido por sus opiniones de católico militante, su gesto fue interpretado como una maniobra dilatoria, pero no se puede descartar un pronunciamiento sorprendente.
"La única justificación para postergar su voto, después de tres años de debate público sobre el tema, es una reflexión que puede modificar su posición", tras oír los argumentos del relator, separando claramente las cuestiones jurídicas de las creencias religiosas y científicas, señaló a IPS Oscar Vilhena, uno de los abogados que hablaron al inicio del juicio.
Vilhena, dirigente de la organización no gubernamental Conectas, de derechos humanos, calificó de "positivo, pese a la frustración de la suspensión", el juicio iniciado con el voto del relator Britto, que amplió el debate con "argumentos nuevos" sobre cuestiones jurídicas de la vida, sin limitarse al asunto de los embriones abandonados en las clínicas.
Según las reglas del tribunal, Direito dispondrá hasta de 30 días para preparar su voto, pero en general los jueces prolongan ese plazo. Así, la reanudación del juicio, considerado por muchos como "el más importante de la historia del STF", puede demorar meses, e incluso años.
Pero antes de interrumpir la audiencia, la presidenta del STF, Ellen Gracie, adelantó su voto coincidente con el del relator, defendiendo las investigaciones y lamentando que el cuestionamiento de su constitucionalidad siguiera paralizando o retardando estudios que podrán beneficiar a numerosas personas con enfermedades degenerativas, tres años después de aprobada la Ley de Bioseguridad.
Otros dos jueces indicaron votos a favor de las investigaciones científicas. Celso de Mello elogió el discurso del relator Britto como el anuncio de "un nuevo tiempo" en beneficio de futuras generaciones, defendiendo la ampliación del debate sobre aborto. La jueza Carmen Lucia Rocha también reconoce sólo a la persona humana, no al embrión, como titular de derechos en su libro "Derecho a la Vida Digna".
En los debates que antecedieron a la declaración de votos de los jueces, se confrontraron seis abogados. Dos defendieron la inconstitucionalidad del uso de embriones, argumentando que la "convicción científica" señala que la fecundación es el inicio de la vida humana, cuya "inviolabilidad es asegurada por la Constitución".
No se puede "relativizar la vida", según el jurista Ives Gandra Martins, representante de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.
Pero es necesario respetar la libertad individual para que cada pareja elija qué hacer con sus embriones, según sus valores y creencias, contrarrestó Luis Roberto Barroso, representante del Movimiento en Pro de la Vida y del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género.
Además, el Estado no tiene poder para asegurar que los embriones producidos en las clínicas se conviertan en seres humanos, obligando las mujeres a donarlos o a implantarlos en sus propios úteros, arguyó José Antonio Toffoli, abogado general de la Unión, portavoz del gobierno.
