Empresarios del departamento boliviano de Santa Cruz enarbolan la bandera autonomista para resistirse a la prohibición de las exportaciones de aceite comestible, dispuesta por el gobierno nacional que preside Evo Morales.
Una asamblea de empresarios, agroindustriales, obreros afines a la patronal, transportistas y otros ciudadanos de Santa Cruz se mostró resuelta a esquivar el decreto emitido el día 19 por el gobierno de Morales para atacar el alza del precio del aceite y el desabastecimiento del producto.
La restricción de las exportaciones apunta a los empresarios que sustentan su poder en la exportación de alimentos y materias primas, cuyo principal representante es el presidente del autonomista Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
En los últimos meses, la población ha sufrido la escasez de harina, arroz, carne vacuna y otros artículos de la canasta familiar producidos en la región oriental, además de un alza de precios. En círculos del gobierno se atribuye el fenómeno a una campaña para generar descontento.
El departamento de Santa Cruz posee riquezas naturales, extensas tierras, agroindustria y petróleo. Sus ventas al exterior representaron el año pasado 1.281 millones de los 4.780 millones de dólares exportados por todo el país, según el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
El gobierno departamental cruceño se dispone a dictar normas locales para exportar aceite a pesar de la prohibición, lo que, según dijo a IPS el diputado oficialista José Pimentel, se interpreta "políticamente como un interés de desestabilizar al gobierno".
El presidente Morales y sus ministros resolvieron suspender las exportaciones de aceite comestible, tras observar que el precio del litro en el mercado local se duplicó de 1,20 a 2,40 dólares. Al emitir el decreto, advirtieron que el producto es vendido a países vecinos a menor precio.
Los productores cruceños reclamaron, en un "congreso de emergencia", la derogación de la prohibición, que, según ellos, constituye una amenaza para la seguridad alimentaria boliviana y para de 300.000 empleos.
La asamblea propuso que, en el "marco de los estatutos autonómicos" aprobados en cabildos (asambleas departamentales), la Prefectura (gobierno departamental), encabezada por el conservador Rubén Costas, "dicte una norma legal que permita la continuidad de las exportaciones".
La demanda amenaza el ordenamiento legal vigente al desconocer un decreto del gobierno central y el mandato constitucional del presidente Morales.
La asamblea también propuso, como medida de presión, un bloqueo nacional de carreteras con la participación de 25.000 transportistas que cargan mercaderías dentro del país y al exterior.
Por otra parte, la prohibición deja en suspenso una política de apertura total al comercio exterior vigente desde el 29 de agosto de 1985, cuando el gobierno de la época liberalizó el mercado y puso fin al control estatal de los precios y el abastecimiento.
Los estatutos autonómicos cruceños redactados el 15 de diciembre, seis días después de la aprobación del proyecto de constitución nacional, serán puestos a consideración de los electores en un referendo previsto para el 4 de mayo.
La falta de apoyo de la Corte Nacional Electoral y el gobierno nacional a la consulta ciudadana le restan validez jurídica.
Según Pimentel, la estrategia de los productores cruceños no es adecuada porque el gran mercado del aceite es la zona occidental del país y el gran comprador externo es Venezuela, país aliado del gobierno de Morales.
Detrás de las protestas y demandas, según el legislador oficialista, se oculta "una verdadera tramoya que comenzó con los cuestionamientos a la Asamblea Constituyente, y hora se identifica con el interés real de los que no quieren reconocer a Evo Morales como gobierno legítimo".
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, respalda al gobierno y sugirió al presidente Morales la nacionalización de las industrias de aceite.
"Al gobierno no le interesa la economía. Sólo quiere imponer su régimen totalitario por la fuerza y matando al sector productivo", dijo el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, Mauricio Roca.
El intercambio de amenazas y advertencias entre el gobierno central y los empresarios de Santa Cruz, "es un claro reflejo del momento de ilegalidad que vive el país", expresó a IPS Guillermo Mendoza, legislador del opositor y centroizquierdista Frente de Unidad Nacional.
Mendoza consideró desacertada la prohibición de la exportación de aceite, pero acotó que los adversarios del gobierno apelan a estatutos sin respaldo legal que conducen a una situación de perfecta ilegalidad, según el parlamentario.
Mendoza teme que la creación de figuras jurídicas e instrumentos de administración del Estado, surgidos de asambleas y reclamos sectoriales, lleven a una pérdida de la autoridad gubernamental. "Ingresamos en el inicio del fin", dijo.
