El triunfalismo del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien autorizó un referendo sobre una nueva Constitución, podría terminar en desencanto por la rebeldía de cuatro departamentos que anticipan un boicot a la consulta popular.
Además, el mandatario le dio facultad solamente al Congreso legislativo para convocar a referendos.
En medio del diálogo en el cual estaba empeñado el vicepresidente Álvaro García Linera, Morales pareció dar una patada al tablero político y echó por tierra la posibilidad de conjugar las agendas autonomistas de las regiones con el plan gubernamental de contar con una nueva carta magna.
El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quebró la vía del diálogo y se lanzó en una vertiginosa carrera por obtener respaldo popular al nuevo texto, aprobado en diciembre pasado, y fijó el 4 de mayo como la fecha del referendo, el mismo día elegido por Santa Cruz para el "sí" a su estatuto autonómico.
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"¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto de la nueva Constitución Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente y que sea promulgada y puesta en vigencia como nueva ley fundamental del Estado boliviano?", reza la primera pregunta de la consulta oficialista.
La segunda pregunta deja a consideración del electorado la posibilidad de prohibir el latifundio y coloca a elección del votante la opción de elegir entre 5.000 ó 10.000 hectáreas como superficie máxima de concesión de tierras a personas particulares, en un país donde algunas familias concentran hasta 200.000 hectáreas en áreas de bosque, llanura y selva.
En el cambio de estrategias, el oficialismo dejó sin efecto la posibilidad de convocar a un referendo de aplicación obligatoria que ponía a consideración de la población la popularidad tanto del presidente como de nueve prefectos, en busca de un desempate a la tensión entre el poder ejecutivo y las regiones.
Una aplastante mayoría del Congreso aprobó las nuevas leyes, mientras la oposición esperaba aún la continuidad de un diálogo iniciado por iniciativa de García Linera, pero que al final se convirtió en un instrumento para distraer la atención de los parlamentarios de derecha.
La bochornosa sesión congresal del jueves por la noche, donde se hizo una lectura rápida de las dos leyes, sin mayor análisis, en medio de la protesta opositora expresada a gritos, con una muchedumbre apostada en las afueras como fuerza de presión y actos violentos contra mujeres congresistas de derecha, dejaron heridas difíciles de superar y hoy son el centro de atención en los medios de comunicación.
El prefecto y comandante departamental (gobernador) de la central ciudad de Santa Cruz, Rubén Costas, tomó la aprobación de las dos leyes con absoluta tranquilidad y les restó importancia. Sin dudar ratificó la realización de la consulta regional.
El gobierno de Santa Cruz ha logrado cierto dominio sobre la corte departamental electoral, que se desmarcó del mando centralizado de la Corte Nacional Electoral y emprendió su propio plan orientado al referendo regional.
Los departamentos de Beni, Pando y Tarija, donde también se impuso el proyecto de autonomías departamentales en una votación realizada en julio de 2006, siguen la estrategia política y liderazgo de Santa Cruz, y es previsible que desconozcan la ley del gobierno y continúen con su agenda autonomista.
Morales dijo el viernes durante una concentración masiva de campesinos, obreros y ciudadanos de sectores empobrecidos que su objetivo era recuperar la justicia y la equidad que en su opinión le fueron negadas a las mayorías desde la creación de la república.
Pero el desenlace de este nuevo capítulo en la tensa relación del gobierno central con las regiones opositoras deja, además de heridas, una pérdida del valor que hasta el pasado jueves tenían los partidos políticos representados en el Congreso.
Hasta entonces, el diálogo con las regiones de oposición, a través de los partidos políticos, era para el gobierno la tabla con la que podía cruzar un caótico río de incertidumbre. Pero hoy esta posibilidad está agotada.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz, lamentó la pérdida de credibilidad del vicepresidente García Linera y su partido, y de inmediato pidió a la comunidad internacional que revise las relaciones diplomáticas con Bolivia.
La parlamentaria Marisol Aban, del derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario, en conversación con IPS criticó al gobierno por la falta de pluralidad en la redacción de las dos leyes.
Aban fue una de las congresistas, junto a la diputada Ninoska Lazarte, que sufrió golpes y empujones en las puertas del Congreso por hombres y mujeres de grupos indígenas afines al MAS.
La parlamentaria dijo que desde el jueves se vive una forma de gobierno dictatorial dirigido por civiles, "donde los tanques fueron reemplazados por la agresividad y la dinamita de los mineros, y los fusiles sustituidos por los chicotes (garrotes) de los líderes aymaras afines al gobierno".
"Con una facilidad asombrosa, pasamos de la racionalidad a la barbarie, con el imperio de la ley del más fuerte, y el desconocimiento a la institucionalidad", dijo Aban.
Tras los incidentes de la sesión congresal, la diputada de la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social, Claudia Paredes, dijo a IPS que el Congreso ha sido devaluado en su función y rol democrático.
"Retrocedimos cuando se buscaba ofrecer certidumbre a la población", afirmó.
"La sesión irregular para aprobar las dos leyes derivaron en una pérdida de credibilidad del gobierno y no expresa a la democracia representada por una diversidad de corrientes en el parlamento", sostuvo.
