La decisión del gobierno argentino de Cristina Fernández de incrementar el impuesto a las exportaciones de cereales, cuyos precios se dispararon por la fuerte demanda internacional, desató una rebelión de agricultores, que están en pie de guerra desde hace ocho días.
Los reclamos más airados se concentraron en el corazón del área de la soja, principal cultivo de exportación en Argentina. Con centenares de cortes de ruta en la zona central y oriental del país, los productores están expresando un malestar que se extendió a casi todo el ámbito rural.
La reacción comenzó con un llamado de las principales organizaciones rurales para no comercializar carne ni granos. La medida de fuerza, que se prolongará al menos hasta el martes 25, podría provocar desabastecimiento de alimentos en las ciudades.
Pero a medida que se desarrollaba la protesta y el gobierno ratificaba su posición, las bases superaron a sus dirigentes y, pese a la promesa de suspender las interrupciones de tránsito durante Semana Santa, algunos pueblos del interior mantenían los cortes este jueves.
"El campo de pie", "Si quieren guerra la van a tener", "El campo dice basta", fueron algunos de los carteles que blandieron los productores de a pie o desde sus vehículos emblemáticos: camionetas de gran porte, tractores y cosechadoras apostadas en las rutas.
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Agricultores pequeños, medianos y grandes se unieron así contra el aumento de los aranceles a la exportación, que pasaron de 35 a 44 por ciento en el caso de la soja y de 32 a 39 por ciento para el girasol.
Algunos analistas dicen que la medida apunta a mantener artificialmente bajo el precio de los granos en el mercado interno y asegurar la oferta doméstica. Un exportador ganaría más vendiendo al exterior, pero si el Estado, a través de las retenciones, equipara el precio internacional con el interno es lo mismo vender a China, por ejemplo, que al mercado local.
Con una producción de granos estimada en 90 millones de toneladas, volumen récord para Argentina, el agro vive una época floreciente, aunque los productores alegan que los impuestos les quitan gran parte de sus ganancias. El "boom" está representado por la soja, que se obtiene con gran eficiencia mediante la siembra directa de cultivos transgénicos.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, quien ratificó este miércoles que no se dará marcha atrás con el aumento impositivo, no se limitó a subir la alícuota. También resolvió que a partir de ahora el porcentaje variará según la evolución de los precios en el mercado internacional. El ministro recordó que los productores recibieron un salvavidas del Estado en 2002 cuando miles estaban endeudados en dólares y la moneda se devaluó abruptamente. También remarcó que el actual tipo de cambio, de alrededor de 3,14 pesos por cada dólar, es favorable al campo y un incentivo.
En este sentido, comparó la situación con la de los agricultores de soja de Brasil, otro fuerte exportador. Allí no se cobran impuestos a las exportaciones pero el tipo de cambio, de 1,73 reales por dólar, no resulta tan competitivo como en Argentina.
Lousteau explicó que si se mantiene la fuerte tendencia al aumento de la demanda motorizada por China e India, los precios seguirán subiendo y aumentará la recaudación del Estado. Si los precios bajan, el sector público resignará parte de su cuota.
"El gobierno dice que no va a dar marcha atrás, pero vamos a ver qué pasa si empiezan a faltar alimentos en los supermercados y la gente se queja", declaró a IPS Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, que nuclea a pequeños agricultores.
"El Estado va a recaudar este año 12.000 millones de dólares sólo en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, pero esos montos no vuelven al campo", se quejó. Estos impuestos no están incluidos entre los que se comparten con las provincias a través del mecanismo de coparticipación tributaria, sino que son para el tesoro nacional, cuyo superávit se encuentra en torno a cuatro por ciento del producto interno bruto.
Orsolini admitió que, "salvo en casos puntuales", la situación de los pequeños productores hoy "no es ni por asomo la que se vivía a fines de los años 90", cuando miles de propietarios endeudados fueron a la quiebra y se remataron sus campos.
En aquel momento, el peso argentino cotizaba uno a uno con el dólar, por el tipo de cambio fijado por el gobierno, frente a la cotización actual de 3,15 pesos por dólar. Además, el precio internacional de los principales cultivos creció sin pausa en los últimos años y las perspectivas indican que la demanda se mantendrá elevada.
"En aquel momento el productor no tenía dinero ni para ponerle combustible a la camioneta para movilizarse a un corte de ruta", recordó. En cambio, ahora, con la bonanza proveniente de la mayor demanda y el tipo de cambio competitivo "hay miedo de volver a aquello", dijo.
La Federación Agraria no se opone a los gravámenes sobre las exportaciones, pero considera que debería existir una adecuación en función de los tamaños de las unidades productivas. "Estos impuestos afectan muy poco a los productores grandes", dijo. Orsolini explicó que la propuesta de la organización es que quienes producen menos de 600 toneladas de soja paguen hasta 25 por ciento en concepto de retenciones, los que cosechan hasta 1.500 toneladas un 35 por ciento, y que sólo quienes superen esos rindes abonen una alícuota mayor.
"Esto lo proponemos porque en los dos primeros grupos están 85 por ciento de los productores. En cambio la producción a escala, que es la más competitiva y puede pagar más impuestos, concentra a sólo 15 por ciento del campo", explicó.
El dirigente rural rechazó los argumentos del gobierno, que señala que con esta decisión se intenta desalentar la extensión del monocultivo de soja y empujar al campo a aumentar el valor de sus producciones volcándose hacia la agroindustria.
"Si lo que buscan es que el productor tenga alternativas, para eso debe haber políticas de incentivos y no las hay. El Estado dice que ayuda a los productores de leche con subsidios, pero no alcanza, hay muchos tambos que prefieren cerrar y cultivar soja", señaló. En este contexto hay agricultores devenidos en rentistas. "El alquiler de un campo de 100 hectáreas en plena zona de soja le permite al dueño vivir 'como un duque' sin trabajar, con una renta que hasta hace una semana era de 5.000 dólares mensuales", dijo Orsolini.
Algo de eso le sucede a Inca Paulero, propietario de un campo de 500 hectáreas en General Deheza, al sur de la central provincia de Córdoba. "Yo alquilo el campo y mis ingresos se multiplicaron por 7,6 desde 2001 hasta ahora", reveló a IPS. Paulero, de 76 años, considera que los productores que protestan son codiciosos, "angurrientos", dijo, utilizando un término común en Argentina, "porque tienen metida en la cabeza las ideas del libre mercado", pero sostuvo que si uno recorre la provincia el bienestar de los agricultores "es evidente". "Se ve en los pequeños pueblos, donde no hay industrias, y todos están construyendo y produciendo", indicó. A causa de esta bonanza, los campos más aptos para la soja multiplicaron su valor en dólares hasta cuatro veces. "Es cierto que aumentaron los costos, porque los fertilizantes suben y muchos se aprovechan de la nueva situación, pero el negocio es rentable igual", afirmó Paulero. En su caso, el retorno quedará en el campo. "Estoy aprovechando unas cuatro o cinco hectáreas donde tenía una casa abandonada de cinco dormitorios, y estoy levantando un establecimiento para engorde de ganado", comentó.
Para eso tuvo que desembolsar 50.000 pesos (unos 17.000 dólares) en la perforación de un pozo para encontrar agua. La excavadora tiene una demanda tal que lleva una lista de espera con 22 clientes a los que les da turno.
"No tengo edad para ponerme a producir, pero lo voy a alquilar a quien lo quiera", dijo Paulero, y no descartó la posibilidad de asociarse en el nuevo proyecto.
