El presidente socialdemócrata de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó este miércoles que no indultará a los condenados a muerte, facultad que el parlamento le restituyó en la víspera y con lo cual se reestablece en los hechos la aplicación de la pena capital, en suspenso desde 2000.
El Congreso legislativo aprobó el martes una ley que le permite al presidente del país indultar a los sentenciados a la pena máxima, una decisión que fue fuertemente criticada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos pues entienden que, en rigor, se trata de una vía para acelerar las ejecuciones.
El nuevo texto legal facultó al presidente a otorgar el "recurso de gracia" a por lo menos 21 personas condenadas a la pena capital, pero, al cubrir un vacío legal que impedía en los hechos las ejecuciones desde 2000, en verdad otorgó luz verde para que la pena de muerte se aplique.
"La ley tiene muchas deficiencias técnicas que no garantizan recursos de gracia efectivos para los condenados y contraviene principios del derecho internacional", declaró a IPS David Dávila, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
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Dávila anunció que un grupo de organizaciones pedirá a Colom que vete la ley, que fue aprobada por los diputados con más de los dos tercios de los votos luego de que la semana pasada las maras, como son llamadas las pandillas juveniles en Guatemala y en países vecinos, asesinaran en cuatro días al menos a siete chóferes de autobús a quienes les exigían sobornos.
Sin embargo, los analistas consideraron poco probable que Colom vete la norma. Durante la campaña electoral, aunque sostuvo que no era "una solución", aclaró que la pena de muerte estaba contemplada por la ley y que debía respetársela. Por otra parte, encuestas señalan que la mayoría de los consultados se declaran a favor de su aplicación.
Asimismo, el veto presidencial no hubiera tenido muchas posibilidades de perdurar. La legislatura puede ratificar el texto original con el voto positivo de 105 de sus 158 integrantes, y la ley fue aprobada con el concurso de 140 diputados, incluidos los oficialistas.
"Pretenden acelerar las ejecuciones", afirmó Dávila, quien consideró que aplicar la pena máxima traerá muchas consecuencias negativas a nivel internacional para Guatemala, que el 18 de diciembre votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la moratoria de las ejecuciones.
En el gobierno anterior, de Alfonso Portillo (2000-2004), el parlamento derogó el decreto ley 1.549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que permitía al presidente decidir si se aplicaba o no la pena de muerte.
Desde entonces, Guatemala carecía de procedimientos que garantizaran el derecho de un condenado a pedir indulto o conmutación de la pena, por lo cual las ejecuciones estaban suspendidas de hecho, aunque ese castigo continuó contemplado en el código penal.
Dávila alertó que la norma otorga un plazo de apenas 30 días para que el presidente decida sobre los casos. Este punto también fue criticado en mayo del año pasado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en una carta enviada a los diputados.
La FIDH también cuestionó la figura de la denegación tácita contemplada por la ley, que da vía libre a la ejecución en caso de que el presidente no se pronuncie.
La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Guatemala en 1978, establece que la pena de muerte no puede aplicarse mientras exista un recurso de apelación pendiente.
Aunque la ley no estaba incluida en la agenda legislativa, el martes fue tratada a pedido del opositor y derechista Partido Patriota (PP).
Sólo los partidos izquierdistas Encuentro por Guatemala y Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca votaron en contra.
El líder del PP, Otto Pérez Molina, dijo que la pena de muerte, junto a la aplicación del estado de excepción en las llamadas "zonas rojas", las más violentas, y la participación de los militares en las tareas de seguridad pueden ayudar al gobierno a hacer frente a la inseguridad.
"Estamos en contra de la aplicación de la pena de muerte", dijo a IPS la directora de la no gubernamental Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández, quien calificó la aprobación de la ley como "un show político que no resuelve el problema de fondo de la violencia".
En Guatemala, donde 51 por ciento de sus casi 13 millones de habitantes viven debajo de la línea de pobreza, menos de 10 por ciento de los homicidios son esclarecidos por una investigación judicial o llega a producirse una condena.
La violencia y la persistencia de grupos paramilitares son rémoras de la guerra civil, que entre 1960 y 1996 se cobró 200.000 vidas, en su mayoría de indígenas.
Un informe del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se registraron 3.319 asesinatos, de los que 392 tuvieron como víctimas a mujeres. La mayoría fueron asesinadas a balazos.
En 1996 fueron fusilados dos condenados a muerte por la justicia y uno de ellos fue rematado con un tiro de gracia. Las ejecuciones fueron transmitidas por televisión. Ante las críticas internacionales, el Estado cambió de método.
Las últimas, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron con inyección letal, a pesar de los pedidos de clemencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sesenta por ciento de los condenados a morir en Guatemala han sido hallados culpables de secuestro, con y sin muerte de la víctima, y 40 por ciento de homicidio.
"¿Cómo es posible que cada día se vean en las escenas del crimen a niños comiendo helados a la par de los muertos? Ojalá que los condenados a muerte pasen a mejor vida", dijo el martes el diputado del Partido Unionista Pablo Duarte durante el debate de la ley.
"Guatemala debe avanzar y no retroceder", subrayó Hernández, quien añadió que si el presidente no vetaba la ley, un grupo de organizaciones presentarían un recurso de inconstitucionalidad.
