El primer desafío tras las elecciones legislativas en Pakistán es reinstalar a los jueces de la Corte Suprema, removidos por el presidente Pervez Musharraf cuando declaró estado de emergencia.
Algunos analistas sostienen que los jueces sólo podrán ser reinstalados en sus cargos si una mayoría de dos tercios de la nueva legislatura los respaldan.
Otros dicen que el tema se limita a que el gobierno central y los provinciales levanten las restricciones sobre los jueces que se negaron a tomar juramento bajo el estado de emergencia que Musharraf declaró el 3 de noviembre, y que levantó el 16 de diciembre frente a la fuerte presión local a internacional.
Musharraf quedó en minoría tras los comicios. El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), que lideró la ex primera ministra Benazir Bhutto (1988-1990, 1993-1996) hasta ser asesinada en octubre de 2007, ganó 87 escaños, frente a los 67 de su histórico enemigo, la Liga Musulmana encabezada por Nawaz Sharif, también ex primer ministro (1990-1993, 1997-1999).
Los seguidores de Musharraf quedaron en tercer lugar, lejos, con 39 bancas, lo que llevó a varios analistas a describir la elección como un "referéndum" contra el presidente.
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Como ningún partido logró una clara mayoría que le permita formar un gobierno por sí solo, hay febriles negociaciones para formar una coalición.
Líderes de los partidos opositores a Musharraf anunciaron el miércoles haber llegado a un principio de acuerdo, alcanzando así una mayoría parlamentaria que les permitiría reinstalar a los jueces.
Pero algunos prefieren que los magistrados sean reinstalados de una forma más directa.
"Si hace falta una mayoría de dos tercios para devolver sus cargos a los jueces, quedamos expuestos a cualquier dictador que declare el estado de emergencia de la noche a la mañana y cambie la Constitución. El nuevo gobierno debería repartir copias de la carta fundamental sin las modificaciones que introdujo Musharraf", dijo a IPS Ahsan Ahsan, del PPP.
La popularidad de Musharraf cayó cuando suspendió al presidente de la Corte Suprema, Iftikhar M. Choudhry, el 9 de marzo de 2007, y aún más cuando decretó el estado de emergencia.
Choudhry y otros cinco jueces de la Corte Suprema continúan bajo arresto domiciliario. El ex presidente del máximo tribunal está incomunicado: tiene prohibido recibir visitas y hablar por teléfono, restricciones que se extienden a su esposa y sus tres hijos.
Su hijo Bilaj, de ocho años y discapacitado, no ha podido ir a su examen médico mensual desde noviembre.
"Es una barbaridad. ¿Se imagina estar encerrado en su casa por meses, con tres niños que no pueden asistir a la escuela o salir al jardín a disfrutar del sol porque hay policías apostados allí? Es criminal", dijo Ahsan a IPS.
Antes de las elecciones del 18 de este mes, la legisladora Sheila Jackson Lee escribió a la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, reclamando colaboración para "la inmediata reinstalación de un poder judicial independiente", pero no recibió respuesta.
"Ciego ante el abrumador apoyo que Chaudhry recibe en su país y en el exterior, Washington continúa afirmando la necesidad de una justicia independiente en Pakistán pero no hace nada para apoyarla", escribió Ashan en la revista Newsweek.
"Estados Unidos se preocupa por el terrorismo y por la inestabilidad en Pakistán, pero permitir a Musharraf que continúe arrestando a jueces y personas que protestan pacíficamente sólo logrará fortalecer a los terroristas. Si encerramos a nuestros jueces, quienes creen en una clase de justicia más brutal triunfarán", agregó.
Ahsan anunció que si el nuevo gobierno no reinstala a los jueces desplazados, los abogados realizarán una "larga marcha" el 9 de marzo, en el primer aniversario de la suspensión de Choudhry.
"No es una fecha fija. Obviamente debemos permitir que se forme el nuevo gobierno. Pero si no reincorporan a los magistrados, haremos la marcha", advirtió.
