La conciencia colectiva de la sociedad civil portuguesa recibió un duro golpe cuando, por informaciones periodísticas, se impuso que hospitales y otros centros de salud cobran elevadas sumas por atención médica a mujeres víctimas de violencia masculina.
El balde de agua fría de este inesperado comportamiento estatal se inscribe en la nueva política de Salud Pública implantada por el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates, que optó por el neoliberalismo económico inclusive en este sensible sector.
Empero, no por eso dejó de causar estupefacción entre los activistas de las organizaciones no gubernamentales, en especial las que se dedican a la protección de los derechos civiles y sociales y que luchan por la igualdad de géneros.
El escándalo estalló cuando el influyente matutino liberal Público, de Lisboa, informó en primera página en la víspera que el hospital de São Marcos, de la septentrional ciudad de Braga, cobró el equivalente en euros de 221 dólares a María, una mujer víctima de violencia doméstica.
María fue un día sorprendida en la calle, al llegar a su casa a fines del año pasado, por el hombre con el que un día se casó y del que hoy se está divorciando. El golpiza fue implacable, dejándola extendida en la acera con heridas profundas en la cabeza, las que debieron ser tratadas en el hospital.
"No es necesario pagar ahora, le enviaremos la factura a su casa", explicó el funcionario administrativo del hospital de Braga cuando terminó la consulta médica de la víctima de la paliza de su ex marido.
Pero cual sería la sorpresa de María, cuando en diciembre recibió una notificación del Hospital de São Marcos para pagar 8,70 euros de tasa mínima, más de 143 euros por la consulta y tratamiento médico, para cancelar en el plazo de 30 días, después de lo cual serían añadidos los intereses por mora, según describe Público.
Todo sumado, en el supuesto caso que María pagase en el plazo legal de 30 días, es un equivalente de 226,78 dólares, es decir más de la tercera parte del salario mínimo nacional de 600 dólares mensuales que recibe 22 por ciento de la población portuguesa.
A pesar de que el aspecto económico no es secundario en el país de mayor desigualdad social de la Unión Europea (UE), los contornos políticos, sociales y morales de la denuncia es lo que más ha golpeado la conciencia de la opinión pública, en especial de las organizaciones de la sociedad civil.
Ante la peculiaridad del caso, IPS consultó la opinión de Elisabete Brasil, quien desde 2005 preside la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR), la más representativa y combativa organización femenina lusa.
Según la abogada y destacada activista de 39 años, la legislación en Portugal, incluso después de las últimas reformas, "aún no es capaz de terminar con la violencia contra la mujer ni de garantizar su protección efectiva".
"En Portugal, los senderos hacia la igualdad están lejos de ser alcanzados", dijo, para luego explicar que "en este campo y en lo que dice respecto de la violencia contra las mujeres, concepto que se generalizó, abarcando la violencia doméstica, las mujeres continúan pagando las tasas de atención y exámenes médicos cuando han sido víctimas de malos tratos".
Los motivos de esta insólita y única situación en el marco de la UE, los explica: "porque los derechos de las mujeres continúan olvidados, porque al estatuto de víctima se sobrepone el 'estatuto' del agresor, que en la mayoría de los casos permanecen impunes sin ninguna responsabilidad civil y criminal por los actos que practicó".
Y también porque el Estado "legisló pero no reglamentó", añadió Brasil, en alusión a las avanzadas leyes en el papel sobre la igualdad de género, pero que por una particularidad portuguesa, una norma, aunque haya sido aprobada en el parlamento, no es aplicada si no está "reglamentada" en sus detalles.
La mayoría absoluta del Partido Socialista (PS) en el hemiciclo unicameral de São Bento "enalteció esa legislación como una gran contribución, encuadrada en las medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica, aprovechando los frutos mediáticos, pero olvidándose de ponerla en práctica y, por eso mismo, convirtiéndola en ineficaz", sentenció Brasil.
"Y lo hizo sabiendo bien que no había alterado en nada la situación de las víctimas de la violencia doméstica que deben recurrir al Servicio Nacional de Salud a consecuencia de los malos tratos recibidos", acusó la jurista.
Ante la ausencia de reglamentación de la ley, "los hospitales y centros de salud continúan imponiendo el pago de tasas a las víctimas de violencia doméstica que recurren a las urgencias" y, según la activista, "es aquí que se centra la cuestión de la estrategia meramente economicista que todos se preguntan: ¿quién paga el perjuicio, quién paga la factura?".
La respuesta lógica para la abogada sería que el Estado pague, "cabiéndole en seguida demandar al autor del crimen por los daños patrimoniales que haya suportado, pero ¡jamás a la víctima!"
El sistema portugués, acusa Brasil, "mantiene esta dupla discriminación: es un sistema que no respeta los derechos ni la dignidad de la persona humana, un sistema que participa en la penalización de la víctima, indiferente ante su sufrimiento, sus derechos, un sistema que no reconoce el estatuto jurídico de la víctima, un sistema que no castiga ni responsabiliza a los agresores".
La presidenta de la UMAR concluye su diálogo con IPS fustigando a "un sistema en que se apela a la denuncia y a la participación de todas y todos en el combate contra el flagelo de la violencia doméstica, pero que en esta medida, se muestra indiferente y por eso mismo dimite de su función de protección y defensa de los derechos humanos inalienables".
En Portugal, las estadísticas indican que en la inmensa mayoría de las situaciones de este tipo se verifica que el agresor es el marido o compañero de la víctima, por lo cual, según UMAR, "la idea de prevención debería ya estar contemplada en los programas de enseñanza escolar".
En tal sentido, esta organización no gubernamental sostiene que los manuales escolares deben ser actualizados, porque no es fácil cambiar mentalidades que aceptan como normal el que "la madre aparece lavando la loza y el padre leyendo el periódico". Según estadísticas de 2006 del Consejo de Europa, formado por 47 de los 49 países del continente Bielorrusia fue suspendido debido a su incumplimiento en materia de derechos humanos y el Vaticano tiene estatuto de observador— 12 por ciento a 15 por ciento de las mujeres de más de 16 años viven situaciones de violencia doméstica. En muchos casos, después de haberse producido una ruptura conyugal.
La estatal Comisión para la Ciudadanía e Igualdad de Género, indica que en Portugal, ese mismo año, 39 mujeres fueron asesinadas por sus maridos o compañeros y otras 43 resultaron gravemente heridas.
A título comparativo, se indica que en España cada año cerca de 100 mujeres son asesinadas por sus actuales o ex compañeros, es decir una proporción menor que en Portugal, considerando la población lusa de 10,2 millones de habitantes, cuadruplicados por el vecino reino ibérico.
Entre 2000 y 2006, el homicidio conyugal representó 16,4 por ciento del total de asesinatos cometidos en Portugal. En ese período, el número de casos de violencia doméstica registrados por las fuerzas policiales casi se duplicó respecto del sexenio anterior, pasando de 11.162 a 20.595.
A nivel planetario, el combate a la violencia contra las mujeres ha obligado a muchos Estados a crear planes específicos. No obstante, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales en varios países estiman que no existen legislaciones que realmente garanticen la protección femenina.
Es el caso de Portugal, donde, según un comunicado de la UMAR del 6 de febrero, "la inconsecuencia de las medidas de protección a las víctimas de violencia deben tener fin" Para alcanzar este objetivo, exhorta la puesta en vigor de "urgentes medidas y mecanismos de salvaguardia inmediatos y a largo plazo, que protejan a las víctimas y den una señal clara de que el Estado y la sociedad civil lucha efectivamente contra este flagelo".
UMAR concluye: "No hay sistema protector si la protección es inexistente o ineficaz. No existen principios si éstos no son reconocidos en la práctica diaria. No hay soluciones útiles si las personas a quienes se dirigen no pueden beneficiarse de ellas".
