El gobierno de Perú dejó de recaudar casi 2.700 millones de dólares entre 2006 y 2007 al dejar de cobrar regalías a las grandes compañías mineras y no aplicar el impuesto a las ganancias extraordinarias, logradas gracias al aumento de los precios internacionales, según una organización ciudadana.
Perú es el principal productor de oro, plata, zinc, plomo y estaño de América Latina. La minería aporta cerca de 60 por ciento de los ingresos por exportaciones de este país.
"No se entiende por qué Perú regala sus recursos naturales cuando otros Estados tomaron medidas para aumentar su participación en los beneficios generados por las actividades extractivas", se preguntó el autor del informe, Nilton Quiñones, de la no gubernamental Propuesta Ciudadana.
Este estudio, elaborado en base a datos oficiales, indica que en los últimos dos años el gobierno no cobró regalías por 379,3 millones de dólares a las grandes firmas mineras, beneficiadas por los contratos de estabilidad tributaria que congelan el pago de impuestos y que fueron firmados durante la gestión del presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
A causa del incremento de los precios en el mercado internacional de los minerales y la situación de pobreza de las comunidades aledañas a los yacimientos, el presidente Alan García se comprometió a renegociar esos contratos durante la campaña electoral.
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Sin embargo, cuando asumió el gobierno el 28 de julio de 2006 dijo que no era posible, debido a que la renegociación con las mineras podía colocar al país en un "entrampamiento" jurídico.
Según los empresarios, se los debe eximir del pago de regalías porque las consideran un impuesto. Pero el Tribunal Constitucional estableció que se trata de una contraprestación por explotar recursos no renovables y que, por lo tanto, debían ser pagadas.
El Ministerio de Energía y Minas señala que 25 de las 27 grandes compañías mineras con contrato de estabilidad jurídica no pagan regalías. Entre ellas figura la aurífera más importante de América Latina, Yanacocha, de propiedad de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura; y la canadiense Barrick Gold.
Hay otras 40 empresas que sí pagan, aunque son las más pequeñas, salvo Buenaventura, Shougang y Southern Perú, cuyos contratos de estabilidad vencieron en 2005 y no son renovables.
La renegociación de los contratos prometida por Alan García no sólo contemplaba el cobro de regalías sino también un impuesto a las ganancias extraordinarias por el aumento de los precios de exportación a partir de 2003.
Según la agencia de noticias económicas Bloomberg, entre 2004 y 2005 el cobre aumentó 111 por ciento, el oro 42,5 por ciento, la plata 65,5 por ciento, el zinc 150 por ciento, el plomo 36,5 por ciento y el estaño 15 por ciento.
En lugar de renegociar los contratos, el primer ministro Jorge del Castillo negoció con las mineras en agosto de 2006 un aporte voluntario, de 172,4 millones de dólares anuales durante los cinco años de gobierno de García, siempre y cuando el precio de los metales se mantenga alto.
Propuesta Ciudadana calcula que en 2006 las mineras recibieron 3.448 millones de dólares de ganancias adicionales y que acumularon otros 4.137 millones de dólares extra en 2007 por los mayores precios internacionales.
Esta bonanza se refleja principalmente en las grandes compañías. La minera Cerro Verde, que opera en la región sureña de Arequipa, incrementó sus utilidades netas de 103,1 millones de dólares en 2004 a 930 millones en 2007, según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores.
La historia se repite con Barrick Gold, cuyas utilidades netas pasaron de 195,8 millones de dólares a 505,8 millones en el mismo período. La peruana Volcan es quizás una de las mayores beneficiadas entre las empresas nacionales: sus ganancias treparon de 24,4 a 449,6 millones de dólares.
El Estado hubiera percibido 2.275 millones de dólares si cobraba a las empresas 30 por ciento de las utilidades adicionales, que, según Propuesta Ciudadana, es un porcentaje conservador en términos internacionales para el sector de industrias extractivas.
Entre los 379,3 millones de dólares no recaudados en concepto de regalías y los 2.275 millones no ingresados por la no aplicación del impuesto a las ganancias adicionales, el país renunció a 2.654 millones de dólares, destaca el estudio.
Otros países incrementaron la presión fiscal o renegociaron sus compromisos con el sector de industrias extractivas, según el Reporte Mundial de las Inversiones 2006 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
En Bolivia, el cobro de regalías de petróleo y gas llega hasta 50 por ciento del valor de la producción, mientras que en Perú es de entre uno y tres por ciento. En Ecuador, desde 2006 el gobierno aumentó su participación en los ingresos en los proyectos de gas y petróleo a partir de las renegociaciones de los contratos.
Asimismo, Mongolia fijó un impuesto de 68 por ciento sobre las ganancias obtenidas por la explotación de cobre y oro, después de la deducción de los costos de extracción y sólo si los precios mundiales superan un determinado nivel.
Pero el primer ministro Del Castillo tiene otra opinión: "si se ha disparado el precio de los minerales, en consecuencia las empresas pagan más impuestos y hay más recursos que se distribuyen entre los pueblos", afirmó.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó a IPS que el sector minero aportó al Estado en concepto de impuesto a la renta 3.000 millones de dólares en 2006 y se prevé que para el año fiscal 2007 que culmina en marzo de este año se superen los 3.500 millones.
"Es verdad que el aporte de la minería a las arcas del Estado es importante, pero de lo que se trata es de que tanto el Estado como las mineras compartan esta ganancia extraordinaria de manera más equitativa y que las compañías no se lleven, de lejos, la mayor parte", dijo a IPS el economista Humberto Campodónico, columnista del diario La República.
El estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien estuvo hace pocas semanas en Lima, remarcó que "el interés del sector privado es maximizar sus ganancias. Y el maximizar las ganancias significa minimizar lo que se le paga al Estado".
