El Poder Legislativo de México prepara una reforma constitucional que coloca semillas de cambio en el opaco territorio del sistema judicial penal, donde rara vez rige el debido proceso.
Las reformas, en trance de ser aprobadas legislativa, son un paso histórico, según sus impulsores. Pero algunos juristas las consideran apenas un paliativo en un ambiente donde quienes terminan en las cárceles son en su mayoría pobres que no pudieron corromper a las autoridades o acceder a una defensa adecuada.
La iniciativa, aprobada el martes en la Cámara de Diputados, establece que en un plazo de ocho años deberán quedar eliminados los juicios sumarios para dar paso a procesos orales y públicos.
Esta modificación obliga a afinar leyes secundarias, abrir procesos de capacitación, introducir cambios en la formación de los abogados y realizar inversiones para crear nueva infraestructura judicial. Sin embargo, no existe ninguna partida presupuestaria para estas tareas.
Se trata de modificar 10 artículos de la Constitución.
Los cambios apuntan a restaurar la vigencia del principio de presunción de inocencia del inculpado, reducen los márgenes de aplicación de la prisión preventiva y quitan a la confesión su carácter de prueba central.
También se crea la figura del "juez ejecutor", que se encargará de dar seguimiento al proceso hasta que se dicte sentencia, se otorga a las víctimas mayores derechos para aportar pruebas y se obliga a los magistrados a estar presentes en todas las audiencias.
Se introducirá la figura del testigo protegido para procesos contra presuntos miembros de organizaciones de narcotraficantes y se autorizarán beneficios penales para los inculpados que colaboren con la investigación y persecución de cómplices.
Además, se establece la creación de centros especiales de detención para delincuentes peligrosos y miembros del crimen organizado.
Con todos estos cambios, los legisladores creen que se podrá abatir las injusticias propias del sistema penal mexicano, que mantiene detenidas a 214.700 personas en prisiones con una capacidad locativa máxima de 158.700, y donde 80 por ciento de quienes han recibido sentencia nunca vieron el rostro a quienes las dictaron.
México "transitará de un sistema de justicia oscuro, arcaico y anacrónico a un nuevo, dinámico, actual, transparente y justo", dijo el diputado Felipe Borrego, del gobernante Partido Acción Nacional, que apoyó las reformas junto a las otras dos principales fuerzas políticas de oposición, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Los proyectos deben regresar al Senado y luego pasarán a la sanción de las legislaturas de los 32 estados federativos de este país. Los legisladores y el gobierno del conservador Felipe Calderón afirman que no habrá problemas de aprobación, pues cuentan con un amplio consenso previo.
Pero el abogado penalista Mario Patrón no encuentra modificaciones de "gran calado". "Ciertamente representan un avance, pero falta ir a las raíces del sistema para lograr los verdaderos cambios", dijo a IPS.
"Veo en las reformas sólo un paliativo porque no modifican del todo los cimientos del sistema penal, donde prevalece una defensoría pública y gratuita incapaz, una policía poco profesional y órganos de control interno (Consejo de la Judicatura) que dependen del mismo sistema judicial", dijo Patrón, litigante con 10 años de experiencia y vinculado a organizaciones humanitarias.
"Si no cambia la policía, los defensores públicos se profesionalizan y liberan de carga excesiva de trabajo, se crean órganos de control judicial independientes y se da a la víctima la posibilidad de tener un abogado acusador ajeno al fiscal, los problemas seguirán", sostuvo Patrón.
Más lapidario fue el presidente de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, para quien la iniciativa es una "tomadura de pelo", pues no hay condiciones, dinero ni recursos humanos para aplicarla.
En ocho años "vamos a ver cómo se echan para atrás" por falta de condiciones financieras para un proyecto de esta naturaleza, pronosticó.
Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en encuestas a personas reclusas, en las cárceles mexicanas "no se encuentran los delincuentes más peligrosos sino aquéllos cuya detención ofrece menos dificultades".
La investigación precisa que "el acceso diferencial a recursos como la defensa, o la posibilidad que algunos tienen de sustraerse a la justicia mediante el soborno, ocasiona que exista un gran número de pobres en las prisiones mientras que una elevada proporción de delincuentes profesionales queda fuera de ellas".
De acuerdo con el CIDE, instituto académico que se financia con fondos públicos, la mayoría de la población carcelaria mexicana cumple condenas por robos simples. Los montos de la mayor parte de esos robos oscilan entre menos de 100 dólares y 600. Apenas cinco por ciento de los casos son por robos de sumas de 7.500 dólares y superiores.
Más de 70 por ciento de los recluidos por robo sostuvieron que, de haber tenido recursos para sobornar a las autoridades en el momento del arresto, habrían evitado la prisión, lo que "permite inferir que quienes cometen robos mayores y disponen de más recursos, efectivamente logran eludir la sanción punitiva", señala el CIDE.
En un estudio de 2007, la no gubernamental Asociación Mexicana para las Naciones Unidas estimó que la vigencia del debido proceso en causas penales era un lujo para pocos en México.
"Ojalá toda la injusticia pudiera terminar con una reforma constitucional. Eso no sucederá y lo sabemos, aunque ciertamente ayudarán los juicios orales públicos y los jueces ejecutores", señaló a IPS Carlos Mercado, litigante penal de la capital.
"Habrá grandes problemas por la falta de recursos financieros, tema que se les pasó a nuestros geniales legisladores", añadió.
