Ponerse de acuerdo en el origen de la pobreza rural de México y la forma de afrontarla parece casi imposible, en momentos en que arrecian las protestas y amenazas de organizaciones de agricultores contra el gobierno.
Algunos sectores proponen abandonar el libre comercio, al que identifican como causa de pobreza. Otros piden, al menos, revisar y renegociar los acuerdos en esa materia. Pero otros defienden la apertura comercial y proponen permitir el cultivo de transgénicos para mejorar la competitividad.
El gobierno del presidente Felipe Calderón, que el jueves se enfrentó con la más nutrida marcha campesina de los últimos años, llamó al diálogo a los dirigentes de esa movilización.
Sin embargo, una parte de los disconformes adelantaron su rechazo a la invitación, con el argumento de que las autoridades no escuchan.
"Si el gobierno no maneja bien este asunto, se saldrá de control y perjudicará a todos", dijo a IPS Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura de la organización ambientalista Greenpeace Internacional en México.
Greenpeace y otras organizaciones respaldan plenamente a los campesinos que identifican el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, como la principal causa de los problemas del sector rural, donde se concentra la mayor proporción de la pobreza mexicana.
Cientos de miles de campesinos llegados desde diversos puntos del país recorrieron el jueves las calles del centro histórico de la capital. La principal demanda fue que México renegocie el capítulo agrícola del TLCAN, pedido que el gobierno ha rechazado ya en varias ocasiones.
La apertura agrícola está en cuestión desde inicios de año, cuando se desmontaron las últimas barreras al comercio del sector entre Canadá, Estados Unidos y México, socios desde 1994 en el TLCAN. El último tramo del proceso incluyó maíz y frijol, de alto consumo local, así como leche en polvo y azúcar de caña.
Tal apertura llevará al campo a la ruina total, sostiene un sector campesino. Pero esa estrategia no es nueva, pues se viene desde hace unos 90 años, a través de periódicos permisos de libre importación dictados por el Poder Ejecutivo para atender la demanda interna.
En las zonas rurales de este país habitan más 20 millones de personas, 75 por ciento en situación de pobreza. Apenas un tercio de los puestos de trabajo del campo son formales y cuentan con beneficios sociales, y el éxodo hacia urbes mexicanas y estadounidenses es constante.
El gobierno y un sector empresarial sostienen que, lejos de empobrecer al campo, el TLCAN impidió su ruina total. En ese sentido, argumentan que las exportaciones agrícolas mexicanas a Estados Unidos aumentaron más de 200 por ciento, en los últimos 14 años y que en ese periodo la productividad del maíz se multiplicó por más de cuatro.
Además, recuerdan que gracias al libre comercio México es líder en ventas de varias hortalizas y frutas a Estados Unidos y que hoy es el cuarto productor mundial de huevos y pollo.
"Esas con cifras engañosas, pues quien va al campo, sobre todo en el sur de México, verá que la pobreza es amplia y que el libre comercio sólo les empobreció más", dijo Lara, de Greenpeace.
Por su parte, Braulio Serna, jefe de la unidad de desarrollo agrícola de la oficina en este país de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirmó que el TLCAN no tuvo un impacto cuantitativo importante sobre el sector rural mexicano.
Serna presentó en 2005 un exhaustivo estudio sobre la agricultura mexicana, en el que califica de visiones sesgadas las que señalan el libre comercio como factor determinante del desempeño agrícola mexicano.
Los problemas del campo están más ligados a las malas políticas públicas, a crisis económicas globales y nacionales, a factores climáticos, a baja capacitación y a depresión de los precios internacionales de varios productos, entre otros factores, afirma Serna.
Entre los campesinos que marcharon por las calles de la capital mexicana el jueves figuraban unos 500 del grupo Agrodinámica Nacional, que, al contrario de la mayoría de las organizaciones junto a las que se manifestaron, defendió el libre comercio.
Pero señaló que para competir mejor el gobierno debería desmontar las prohibiciones al cultivo de transgénicos. "Esta marcha fue una convocatoria abierta y nosotros también somos productores. No vinimos a boicotear a nadie. Hay diversidad de opiniones en el campo y nosotros representamos una de ellas", señaló el líder de Agrodinámica, Armando Villareal.
En contraste, Miguel Luna, de la Comisión Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, declaró que el libre comercio no beneficia a nadie en México y advirtió que "se obligará" al gobierno a renegociar el capítulo agrícola del TLCAN.
Luna indicó que no acudirán a dialogar con las autoridades hasta que renuncie el secretario (ministro) de Agricultura, Alberto Cárdenas, y el gobierno cambie sus posturas. "Lo que haremos será una revolución", apuntó.
El gobierno mexicano insiste en que no renegociará el TLCAN y que en todo caso ayudará a los campesinos con más programas y recursos para enfrentar la competencia. Los programas en marcha indican que el Estado gastará alrededor de 20.000 millones de dólares este año para apoyar al sector rural, una cantidad sin precedentes.
Según la poderosa Confederación Nacional Campesina, que hace 14 años avaló el TLCAN en todos sus capítulos y que ahora reniega de ese instrumento, México debe renegociar el acuerdo si no desea ver incendiado el campo por el fuerte descontento social.
Esa organización indica que cada productor agropecuario estadounidense recibe un promedio de 20.000 dólares anuales en subvenciones de diferente tipo, mientras en México esa ayuda no supera los 770 dólares por año. Tal asimetría no puede continuar, sostiene.
Pero Estados Unidos no sólo le lleva una gran ventaja a México en materia de subsidios, sino también de productividad. Ese país destina unas 32 millones de hectáreas al cultivo de maíz, para alimentación humana y anima, así como para la destilación de etanol. En México, esa gramínea ocupa 8,5 millones de hectáreas y su productividad es 3,5 veces inferior a la estadounidense.
"Si bien ahora el panorama de negociación sobre el campo se presenta bien crítico, no hacerlo traerá mayores y graves problemas", advirtió Lara, de Greenpeace.
