Fumar en lugares prohibidos se pagará con una multa de 500 dólares en México, vender cigarrillos a menores de edad costará 2.000, y 50.000 dólares repartirlos en centros educativos. Además, el infractor puede ir a la cárcel.
Las nuevas normas ponen contra la pared a fumadores y empresas tabacaleras. Los primeros son unos 14 millones de mexicanos, en una población de 104 millones, mientras los segundos tienen dos actores dominantes: British American Tobacco y Philip Morris.
En un nuevo paso dirigido a abatir el tabaquismo, que según el gobierno de México se vincula a la muerte de 165 personas por día, los legisladores definieron una nueva ley que limita al máximo la publicidad y amplía las prohibiciones al consumo en todo tipo de oficinas, centros comerciales, aeropuertos, restaurantes y discotecas, entre otros sitios.
Además, la norma obliga a las empresas a colocar en los paquetes de cigarros pictogramas alusivos al cáncer y otras enfermedades y les niega la posibilidad de patrocinar cualquier acto público.
Los legisladores de todos los partidos políticos se comprometieron públicamente a sancionar el proyecto de Ley General para el Control del Tabaco y el gobierno del presidente Felipe Calderón a publicarla.
El proyecto fue aprobado en diciembre por los diputados y el jueves por los senadores en la primera de las dos sesiones necesarias para completar el proceso legislativo antes de que finalice este mes.
Las restricciones se añaden a otras ya vigentes desde inicios de este siglo, como el progresivo aumento de las cargas impositivas al precio de los cigarrillos, que hoy es de 140 por ciento y que en 2009 subirá a 160 por ciento, la prohibición de fumar en edificios públicos y escuelas y de difundir publicidad en radio y televisión.
Enarbolando sus conocidos argumentos, las tabacaleras replicaron que se ataca a una industria legal y que paga impuestos, si bien reconocieron que su producto causa estragos en la salud.
La industria protesta sobre todo por las restricciones publicitarias y la limitación para exhibir en un tamaño adecuado las marcas de los cigarrillos, pues gran parte del espacio será ocupado por advertencias sanitarias.
Los consumidores de tabaco, entre ellos algunos conocidos columnistas y ex funcionarios de Estado, rechazaron el espíritu prohibicionista de las nuevas normas, sobre todo por cerrar el paso al consumo en bares que, por espacio o falta de dinero de sus dueños, no puedan instalar áreas especiales para fumadores.
"Nadie argumenta que el tabaco es bueno para la salud o que no causa daño a terceros, lo que decimos es que debe haber lugares, sobre todo bares, con permisos especiales para aceptar a fumadores y a todos quienes decidan entrar en ellos por su cuenta y riesgo", dijo a IPS Isabel Klein, una socióloga que organizó junto a otros consumidores reuniones privadas para analizar el tema.
"No podemos permitir que el Estado nos trate como menores de edad, como un papá controlador que prohíbe lo que considera malo aunque sea legal", argumentó Klein.
De acuerdo a legisladores y el gobierno, las normas contra el tabaco se endurecerán aún más con el tiempo hasta prohibir que se fume en todo bar o restaurante, aun si éste destina un lugar especial para los consumidores, como ya sucede en países como Uruguay.
Según el ex presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, "el Estado tiene el deber de alertar sobre los eventuales males que acarrea fumar, puede y debe desplegar intensas campañas informativas, puede y debe prohibir que se les vendan cigarros a los menores de edad, puede y debe regular las campañas publicitarias, pero aunque puede, no debe prohibir a los mayores de edad fumar".
Woldenberg sostiene que el Estado debe permitir que existan bares, discotecas y restaurantes que permitan fumar y a los que acudan quienes tengan ese hábito.
Fumadores apoyados por el pequeño partido político Alternativa crearon un blog en Internet llamado "derecho a decidir" donde exponen que una "medida correcta y no fascistoide (sic) sería que el dueño de cada establecimiento (bar, discoteca o restaurante) decidiera si es de fumar o no fumar. Sería entonces una elección libre de las personas entrar a unos o a otros".
En la legislatura de la capital, donde el año pasado se aprobó una norma local similar a la federal ahora en proceso de sanción, algunos diputados anunciaron que presentarán proyectos de reformas para autorizar la existencia de bares, discotecas y restaurantes para fumadores.
El secretario (ministro) de Salud, José Córdova, dijo compartir plenamente la idea de cerrar aún más la posibilidad de venta y consumo de cigarrillos en México.
"Garantizar la protección a la salud a toda la población expuesta, sea fumadora o no fumadora, es una acción de salud pública incontrovertible. Desde el primer cigarro empieza el daño. Entonces, al dejar de fumar, desde ahí empieza el beneficio", dijo.
El funcionario argumentó incluso que el cigarrillo puede inducir a los niños a consumir drogas ilegales. "Un jovencito que empieza a los 10 años a fumar, tiene 13 veces más riesgo de que a los 15 ó 16 años ya esté probando alguna droga ilegal", alertó.
Córdova afirmó que el gobierno no tiene ni buscará ninguna relación con las empresas tabacaleras. Tal declaración responde a un polémico acuerdo que mantuvo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con la industria, mediante el cual ésta entregaba directamente al Estado una suma destinada a apoyar un fondo sanitario. Según varios investigadores, ese acuerdo violaba el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, firmado por México y que establece restricciones al patrocinio de marcas de cigarrillos a actividades culturales y deportivas y limitaciones a la publicidad. En opinión del columnista Felipe Díaz, del diario Reforma, la nueva ley antitabaco es beneficiosa, pues "busca extinguir la industria tabacalera" y hacer "imposible" su competitividad.
En 2005, cuando se aprobaron normas contra el consumo de cigarrillos, las tabacaleras fueron acusadas por algunos diputados de intentar sobornar a legisladores y manipular cifras para eludir castigos tributarios.
En esta ocasión no se presentaron denuncias similares, pero las tabacaleras expresaron públicamente sus opiniones.
Andrea Martín, director en México de British American Tobacco, pidió a los legisladores dejar abierta alguna posibilidad de hacer publicidad general de sus productos. "Tenemos un negocio legítimo y queremos la oportunidad de comunicar lo que estoy vendiendo", declaró.
Pero los legisladores no modificaron el proyecto y dejaron a las tabacaleras la posibilidad de anunciar únicamente en revistas para adultos.
Woldenberg sostuvo que el argumento de que el tabaco afecta la salud no legitima una prohibición estatal de fumar a los mayores de edad.
Estudios oficiales indican que el Estado gasta casi 3.000 millones de dólares al año en atender las enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
