El Comité Europeo de Derechos Humanos decidió que Islandia deberá reformar en seis meses su sistema de cuotas pesqueras y pagar una indemnización a dos pescadores a quienes discriminó injustamente.
Las cuotas para las especies comercialmente importantes fueron originalmente establecidas, sin costo, tomando en cuenta la captura promedio de un barco durante un período de tres años, entre 1980 y 1983.
Quienes se iniciaban en la actividad, o no habían pescado durante esos años, tenían que comprar o arrendar las licencias a quienes les habían sido adjudicadas cuando se estableció el sistema.
Sin embargo, la Ley de Pesca islandesa determina que la riqueza ictícola es "propiedad común" de la nación.
"La distinción basada en la actividad durante el período de referencia, que inicialmente, como medida temporaria, podría haber sido un criterio objetivo y razonable, no sólo se volvió permanente sino que transformó los derechos para usar y explotar un bien público en propiedad privada", señaló el organismo europeo de derechos humanos.
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"Los permisos que ya no son empleados por los adjudicatarios originales pueden ser vendidos o arrendados a precios de mercado, en lugar de volver al Estado para que los vuelva a otorgar en base a criterios justos y equitativos", agregó, destacando que este sistema no cumple con criterios de razonabilidad.
El Comité fue establecido en 1976, en el marco del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Islandia adhirió y tomó el compromiso de respetar sus opiniones, aunque las leyes nacionales no la obligan a ello.
Dos pescadores, Orn Snaevar Sveinsson y Erlingur Sveinn Haraldsson, se dedicaron a esta actividad durante toda su vida, pero no estaban en el país durante los años del período de referencia. En 1998 compraron un barco y trataron repetidamente, sin éxito, de obtener una cuota de pesca de las autoridades islandesas.
Finalmente, lograron arrendar un permiso a un precio exorbitante, pero cuando se enfrentaron a la quiebra tomaron conciencia de que era económicamente inviable. En 2001 resolvieron pescar sin tener una cuota adjudicada e informaron al Ministerio de Pesquería sobre su decisión.
Argumentaron que el sistema era injusto y que querían ser enjuiciados para que su caso fuera tratado por un tribunal.
Sveinsson y Haraldsson fueron acusados de pescar sin permiso. Perdieron el juicio en primera instancia y la Corte Suprema confirmó el fallo cuando recurrieron a ella en apelación, por lo que llevaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos.
En Islandia, tanto el Partido Liberal como el Verde de Izquierda han presentado proyectos de ley para reformular el sistema de cuotas, con anterioridad a la intervención del organismo europeo.
Los liberales proponen que cualquiera pueda pescar entre abril y septiembre en barcos pequeños con redes manuales. Luego de un período de cinco años, se estudiarían los resultados para tomar una decisión sobre posibles restricciones sobre la frecuencia y los lugares en lo que sería posible pescar.
Los verdes, por su parte, reclaman una reforma completa del sistema, con el objetivo de reemplazar la ley vigente en 2010.
"La legislación no ha cumplido sus propósitos originales, que eran proteger a los pescadores, estabilizar el empleo y fortalecer a las comunidades rurales", dijo Atli Gislason, uno de los autores del proyecto.
Ambos partidos están en la oposición. "Las propuestas que no salen del oficialismo raramente son aprobadas", señaló el liberal Magnus Reynir Gudmundsson. Pero, dadas las circunstancias, podría haber algunos cambios.
Según Gislason, quienes leyeron el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos lo han tomado seriamente y aceptan que deben realizarse modificaciones. "La conclusión es clara, aunque los fundamentos son débiles", afirmó.
"Sveinsson y Haraldsson están tratando de que la Corte Suprema de Islandia retome su caso. Si eso ocurre, y a la luz del pronunciamiento del organismo europeo, serán absueltos, lo que dejará al sistema de cuotas en un estado caótico", agregó.
"Islandia ha estado promoviendo su sistema de permisos en todo el mundo, aunque no en todos lados fue adoptado exactamente igual. Esta opinión del Comité de Derechos Humanos también afectará a esos sistemas. E incluso a otros esquemas de cuotas, como las relativas a las emisiones de gases invernadero", concluyó.
