La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que tiene entre sus objetivos abatir los asesinatos y aumentar la eficacia de las instituciones, analiza la situación de violencia de género en este país, anunció este jueves su responsable, el español Carlos Castresana.
Un informe de la Coordinadora 25 de Noviembre, conformada por una veintena de organizaciones femeninas, revela que en los últimos siete años sólo se han resuelto dos por ciento de los crímenes contra las mujeres.
"Elegimos el problema del feminicidio porque se trata de una de las formas de violencia más graves, pero más fácilmente reversibles", dijo Castresana a periodistas tras una conferencia de prensa en la que el embajador de Holanda, Teunis Kamper, anunció que apoyará a la Cicig con 2,7 millones de dólares.
La Cicig, financiada en su totalidad por donaciones internacionales de al menos 14 países, es fruto de un acuerdo firmado en diciembre de 2006 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno guatemalteco de Oscar Berger (2004-2008), ratificado en agosto pasado por el Congreso legislativo y puesto en vigor el 4 de septiembre.
El jurista explicó que la Cicig está elaborando un estudio general sobre la situación de violencia contra las mujeres para poder formular recomendaciones generales, como reformas legislativas y estructurales o políticas públicas, y después apoyará a las autoridades en la resolución de algún caso paradigmático con el fin de que "nuestra ayuda pueda generar un cambio".
En el Congreso está pendiente de aprobación el proyecto de ley marco de violencia contra las mujeres, que prevé, entre otros puntos, la tipificación del feminicidio y del acoso sexual como delitos, así como políticas públicas para prevenir y atender este problema, como la apertura de centros de apoyo integral que contarían con albergues temporales.
Un informe de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se registraron 392 asesinatos de mujeres en un total de 3.319 víctimas de violencia.
Pero los estudios revelan que la saña contra las mujeres es mayor, ya que son transportadas a los hospitales con heridas de arma blanca y de fuego, además de golpeadas, violadas y hasta estranguladas.
Según las estadísticas, 98 por ciento de los asesinatos cometidos en este país quedan impunes, lo que, a juicio de Castresana, pone de manifiesto que Guatemala "es un Estado que está fracasando".
La impunidad se debe en algunos de los casos a deficiencias técnicas, como la ausencia casi total de pruebas científicas en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público (fiscalía), apuntó.
"En este país se puede hacer cualquier tipo de crimen casi sin consecuencias. No hay justicia", lamentó el embajador holandés, quien consideró que "la Cicig puede ser la última ocasión para que Guatemala no se convierta en un estado colapsado".
Castresana recordó que el objetivo principal de la Cicig es ayudar a terminar de instalar "la democracia de Guatemala", que calificó como "incompleta" porque "el Estado no cuenta con un servicio de justicia eficiente garante de los derechos de sus ciudadanos".
Para el comisionado, que lleva casi seis meses en este país con un 51 por ciento de pobreza, "la situación es extrema y los problemas requieren solución inmediata porque está en juego el futuro de 13 millones de habitantes".
Además, la Cicig investiga por "petición expresa" del presidente Álvaro Colom, los asesinatos de conductores de autobuses urbanos cometidos en la primera semana de este mes, presuntamente por miembros de maras (pandillas juveniles) que les exigían sobornos.
Colom, investido el 14 de enero en uno de los países más violentos de América Latina, afirmó que los ataques a los conductores fueron "planificados por el crimen organizado para conspirar contra el gobierno por las acciones que ha tomado para incrementar la seguridad".
La violencia y la persistencia de grupos paramilitares parecen vinculadas a rémoras de la guerra civil, que de 1960 a 1996 cobró 200.000 vidas, en su mayoría de indígenas.
En la investigación del crimen de los choferes, "estamos en la fase de recopilación de información en el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía", aclaró Castresana.
Integrada de momento por unos 50 funcionarios de 14 nacionalidades, la Cicig contará a mediados de año con un equipo de 150 miembros, en su mayoría expertos en justicia penal y manejo de casos del crimen organizado.
"La Cicig está avanzando muy bien en sus labores y va ayudar a mejorar una situación de impunidad que ha llegado a grados totalmente inaceptables", aseguró en la conferencia de prensa Beat Rohr, coordinador del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala.
Este organismo de investigación, que trabaja a través del sistema judicial y en colaboración con el Ministerio Público y la policía, no sólo busca lograr condenas, sino fortalecer el sistema penal.
"La Cicig no es una competencia, no releva de sus funciones a la policía o al Ministerio Público, sino que se incorpora a los casos y les ayuda. Vamos a intentar reducir la impunidad desde adentro", explicó Castresana.
Interrogado por el caso del asesinato de los tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la posterior ejecución de cuatro policías sospechosos en una cárcel de este país, afirmó que "cae de lleno dentro de nuestro mandato", pero aún no está contemplado en las investigaciones del organismo.
Una evidencia del frágil sistema de justicia es la reciente investidura como alcalde del prófugo Manuel Castillo, acusado de ser uno de los responsables del asesinato de los diputados y su conductor el año pasado.
El 19 de febrero, cuando se cumplía un año del asesinato de los salvadoreños, el concejo de la oriental Municipalidad de Jutiapa tomó juramento a Castillo como alcalde, pese a que desde enero estaba prófugo.
El comisionado de la Cicig insistió en que "el cambio" lo tienen que hacer los guatemaltecos "porque lo fundamental para que un enfermo se cure es que quiera curarse".
