El secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, se negó este jueves a iniciar una investigación penal dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por el uso del «submarino» o simulación de ahogamiento en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
Mukasey tampoco investigará cualquier otro tipo de tortura —por él llamadas "técnicas de interrogación intensificadas"— ni dejará que el Congreso legislativo tenga acceso un memorando preparado por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia en el que se concluye que estas prácticas eran legales.
Esa oficina sostuvo que el llamado en inglés "waterboarding", tortura muy utilizada pro las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, fue "legal en ese momento", dijo Mukasey al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero subrayó que los documentos relacionados con esa conclusión eran clasificados.
El funcionario sostuvo que no era viable ninguna investigación debido a que los procedimientos ya habían sido considerados legítimos por el Departamento.
En la audiencia en el Congreso de octubre, Mukasey se negó a opinar si el subarino era o no una tortura.
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Mukasey pidió al Congreso que renovara la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), que vencerá la próxima semana y que concede inmunidad retroactiva a las compañías privadas de telecomunicaciones que cooperaron con el gobierno para interceptar, sin necesidad de órdenes judiciales, llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico que las autoridades sospechaban estaban vinculadas con actividades terroristas.
El secretario indicó que las empresas participaron a pedido del gobierno y estaban convencidas de que sus esfuerzos eran "necesarios y legales".
El tema de darle inmunidad a las compañías de telecomunicaciones está en el centro del actual debate del Senado sobre la renovación de la FISA. Según esa ley, el gobierno puede obtener órdenes de tribunales especiales para interceptar llamadas y correo privado.
La audiencia en el Congreso fue realizada en momentos en que las técnicas usadas por Estados Unidos para interrogar sospechoso de terrorismo eran otra vez cuestionadas, tras un período de relativo silencio.
La polémica renació con los comentarios el miércoles del portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, quien señaló que el submarino es legal, y que el presidente George W. Bush podría autorizar a la CIA a reanudar su uso en circunstancias extraordinarias.
Fratto dijo que esas circunstancias extraordinarias podrían ser "creer que un ataque puede ser inminente".
Activistas por los derechos humanos lanzaron duras críticas a estas declaraciones.
"El submarino es de hecho una forma de tortura", dijo a IPS la activista Mary Shaw, de la oficina estadounidense de Amnistía Internacional.
"Por esta razón, el Manual de Campo del Ejército expresamente prohíbe su uso. Claramente viola las leyes estadounidenses e internacionales contra el trato cruel, inhumano o degradante. No hay excepciones, no importa cuándo haya ocurrido o bajo qué circunstancias", añadió.
Shaw informó que Amnistía exhortó al Congreso para que apruebe una ley que garantice pautas uniformes de interrogatorio para cualquier prisionero bajo custodia de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo.
"Al votar que todos los agentes de Estados Unidos se sometan a las técnicas de interrogatorio permitidas en el Manual de Campo del Ejército, el Congreso puede dar un paso significativo para prevenir la tortura y todo tipo de maltrato en el futuro, y para restaurar la moral de este país en el mundo", sostuvo.
Los comentarios de la Casa Blanca fueron hechos un día después de que el director general de la CIA, Michael Hayden, declaró en el Congreso que la agencia había usado el submarino en 2002 y en 2003 contra tres prisioneros pertenecientes a la red terrorista Al Qaeda, incluyendo al autoproclamado autor ideológico de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, jeque Mohammed.
En un nuevo testimonio el jueves, Hayden reconoció: "En mi opinión, y en la opinión de mis abogados en el Departamento de Justicia, no es seguro que esa técnica pueda ser considerada legal bajo el actual estatuto".
