En plena campaña para las elecciones del 9 de marzo salen a la luz en España dos posiciones enfrentadas sobre el trato a los inmigrantes. Hacia la izquierda, aceptándolos y buscando una solución global, mientras el rechazo aparece a la derecha del arco ideológico.
La primera posición, con sus variantes, es apoyada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la coalición Izquierda Unida y por organizaciones no gubernamentales, mientras que la segunda es sustentada por la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP).
El candidato a diputado por el PSOE y actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo a IPS que, si como espera su partido vuelve a ganar las elecciones, el nuevo gobierno profundizará la cooperación con los países del Sur y desarrollará más acciones para atender positivamente a los inmigrantes.
"Apostamos por aumentar la ayuda oficial al desarrollo y promover una mayor apertura de los mercados europeos, sin desarmarlos, para fomentar el progreso de los países de origen, lo cual ayudará a que la gente no salte fronteras buscando salir de la pobreza", precisó.
Agregó que esas migraciones, "que responden a crisis humanitarias", entre otras cosas producen la salida de esos países "de la poca mano de obra calificada que tienen".
Por eso propone que tanto Europa como Estados Unidos y los países desarrollados de Asia se comprometan a proporcionar ayuda a los países del Sur de los que salen personas calificadas para financiar la formación de por lo menos otra más.
Porque, en la actualidad, continuó, "los países ricos tratan injustamente a los del Sur, cuya descapitalización profesional, entre otras cosas, impide mejorar su situación y el bienestar de sus ciudadanos".
Recordó que desde que él dirige el ministerio se inició un programa por el cual todos los años llegan a España 700 mujeres senegalesas que trabajan cinco meses en la recolección de fresas, vuelven a su país y retornan al año siguiente. "En ese período ganan lo mismo que si trabajaran cinco años en su país", explicó.
También firmó acuerdos con los gobiernos de Perú, Ecuador y Senegal, entre otros, para financiar la formación de trabajadores pesqueros, ya que en España no hay quien quiera subir a los barcos a pescar en alta mar y este país es uno de los que mayor flota pesquera posee y surca todos los mares.
En conclusión, dijo que "la inmigración es positiva y aportó muchísimo al crecimiento de la economía española en los últimos años, además de ayudar a la diversidad y a evitar la caída demográfica de nuestro país".
Hay que actuar positivamente, "respetando las leyes, claro está", pero teniendo en cuenta que "no habrá pozo, mar o valla que impida el ingreso de inmigrantes a España y la mayor prueba es lo que ocurre en Estados Unidos, que pese a todas las medidas restrictivas en su frontera con México no logra impedir la entrada de ellos".
La posición del PSOE es replicada por el PP, cuyo líder y candidato a presidente, Mariano Rajoy, propuso varias medidas restrictivas en declaraciones realizadas el miércoles.
La más llamativa de esas propuestas es la que, en caso de triunfar el PP en las elecciones del 9 de marzo, obligaría a los inmigrantes a firmar "un contrato de integración".
Esa obligación sería tanto para los nuevos inmigrantes como para los que quieran renovar sus permisos iniciales de residencia y en el documento que firmen deberían comprometerse "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo".
Como dato positivo, Rajoy agregó que su gobierno se comprometería "a ayudarles en integración y a respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a las leyes españolas".
Fuentes del PP expresaron que entre esas costumbres deberá estar la de "higiene", la prohibición de la ablación y el respeto a la igualdad de sexos. Además, limitaría la entrada de familiares de inmigrantes, algo que la ley actual permite.
La organización no gubernamental Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), declaró a través de su presidente, Kamal Rahmouni, que la integración no se puede regular por decreto, ley o contrato. "¿Nos van a hacer un catálogo de las costumbres españolas?" se preguntó en referencia al planteamiento de que los inmigrantes deban respetar las costumbres.
Más allá fue Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo, quien afirmó que la propuesta del PP "es anticonstitucional, ya que los derechos no pueden estar condicionados a una nacionalidad o a una situación administrativa".
La posibilidad de que el PP gane las elecciones parece escasa, según todas las encuestas, que le otorgan al PSOE una diferencia a su favor de tres a cuatro puntos porcentuales.
Pero es más, el ministro Caldera informó a IPS de que en su comité electoral están comprobando que existe una mayor voluntad de participación en las elecciones que en años anteriores y que ello beneficiará a su partido, "que tendrá más de ocho puntos (porcentuales) sobre el PP".
Esa mayor participación se debería a la reacción de la juventud ante la política propugnada por Rajoy y a la participación en la misma, de manera indirecta, de la Conferencia Episcopal (de la Iglesia Católica), que apunta contra las medidas progresistas del gobierno socialista.
